El informe que elaboró la Universidad Central del Ecuador (UCE), sobre el contenido de la tesis de pregrado de la fiscal general, Diana Salazar, “no niega la existencia de varios textos de otros autores sin las correspondientes citas o referencias, que es lo que constituye el plagio”.
Esa es la postura del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP), que impulsó la denuncia sobre presunto plagio en la tesis con la que Diana Salazar se graduó de la UCE.
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El grupo emitió un comunicado la noche del jueves 29 de junio, en el que cuestiona el tratamiento que el Consejo Universitario dio a su denuncia; además, critica la conclusión del informe, el cual desestimó la denuncia y afirmó que la fiscal sí elaboró e investigó su tesis.
El colectivo insiste en su acusación, tomando como referencia un párrafo de la página 3 del informe en cuestión. El texto señala: “Otra impericia de la citación es mencionar la fuente sin precisar el texto extraído de dicha fuente. También existen algunos párrafos, en los mencionados capítulos, que no tienen citas, pero los autores constan en la lista bibliográfica final”.
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Para Acción Jurídica Popular, el Consejo Universitario pretende justificar las acciones “señalando que se trata de una candorosa impericia” y que se minimiza la falta de citas al decir que los autores están en la bibliografía final.
Al respecto, el grupo apunta que si una estudiante tuvo, tenía o tiene impericia para elaborar su tesis “de por sí da cuenta de su falta de información o preparación”. Aquello, asegura el colectivo, tampoco fue subsanado por las personas que leyeron y dirigieron la elaboración de la tesis o su evaluación.
Se reprocha que el Consejo Universitario da un “grave y preocupante” mensaje al calificar como impericia “a lo que en cualquier parte del mundo se lo llama y se lo define como plagio”.
La AJP señala que se espera la notificación formal de la resolución de la UCE para emprender nuevas acciones.
En cuanto al anuncio que hizo la fiscal general de ir por la vía legal en contra de quienes afectaron su nombre, el colectivo responde que se trata de un acto más de la serie de sucesos de hostigamiento que han recibido los miembros del grupo desde que presentaron la denuncia.
Aseguran que el hostigamiento ha sido a través de allanamientos, activación de indagaciones previas en contra de integrantes de la AJP. Además, indican en el comunicado que Priscila Schettini, integrante del colectivo y esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y sus hijos fueron expulsados del sistema de protección de víctimas.
Finalmente, la agrupación destaca que se han conformado una veeduría y una comisión internacionales con académicos que revisarán la denuncia. (I)