RC y PSC no logran los votos para archivar el informe sobre investigación de un presunto almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles en el país

El asambleísta Leonardo Berrezueta, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), fracasó en su intento de archivar el informe de la investigación en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional sobre el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles que involucraría al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, a través del caso denominado Triple A.

Berrezueta argumentó que, habiendo transcurrido más de siete meses en esta investigación y sin haberse solicitado prórroga conforme lo determina el Reglamento de Comisiones, evidentemente ha precluido el plazo para el tratamiento del informe y, en consecuencia, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha perdido la competencia para seguir tratándolo. Dijo que resulta extraño que muchas sesiones se hayan suspendido para avanzar en este informe.

Por lo tanto, mocionó “archivar el informe de la resolución 004 sobre el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles”.

El legislador de RC explicó que no puede ser posible que una fiscalización esté durando más de siete meses y que ha sido convocada en más de una ocasión a las sesiones de la comisión y se hayan suspendido por búsqueda de votos.

Berrezueta indicó que en siete meses se ha venido hablando del tema del tráfico ilegal de combustible, y que “lo único que se ha hablado estos meses es de la empresa Copedesa y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. ¿No es acaso un tema direccionado? Pero, en los últimos tiempos, yo no he oído una sola vez que se haya nombrado el caso de la empresa Petronoboa”.

La moción fue respaldada por los asambleístas Alexandra Arce (RC), Otto Vera (PSC) y Alexandra Castillo (PSC), que junto con el proponente reunieron cuatro votos de los nueve integrantes de la mesa.

En contra se pronunciaron los legisladores Xavier Jurado, Diego Matovelle e Inés Alarcón, de la bancada ADN.

En cambio, los asambleístas Rafael Dávila (Avanza) y Sandra Rueda (Construye) optaron por la abstención.

La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), afirmó que no hay plazo para un proceso de fiscalización, y que el archivo de un informe se puede dar siempre y cuando haya los votos.

Añadió que desde una perspectiva política pueden solicitar el archivo de una investigación, pero no es válido argumentar un incumplimiento de tiempos, ya que la ley no impone una duración específica para este tipo de procesos.

Afirmó que en este caso planteado por el legislador Berrezueta existe una interpretación incorrecta del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el cual establece un plazo máximo de 30 días cuando el pleno de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dispone a una comisión el inicio de una investigación. No obstante, en este caso, la resolución que da origen a la investigación proviene de la propia comisión y no del pleno, por lo que dicho plazo no aplica.

Alarcón explicó que la investigación se orienta exclusivamente a analizar el tráfico ilegal de combustibles, sin enfocarse en personas en particular. Su principal objetivo es garantizar la transparencia en la gestión y control del sector de combustibles en el país, dada su relevancia estratégica para la seguridad nacional.

La legisladora de ADN manifestó que este proceso se inició con una solicitud del asambleísta Xavier Jurado (ADN), pero del que se ha desprendido un sinnúmero de aspectos y nuevos posibles delitos que no estaban contemplados. Por ejemplo, en este proceso pudieron “conocer cómo las organizaciones delictivas roban, falsean y hacen pinchazos a los sistemas de transporte de crudo y combustibles; otro ejemplo es el uso de este recurso para la minería ilegal y el procesamiento de droga en el país”.

Aclaró que en la Comisión de Seguridad no se persiguen personas; se fiscalizan casos y el cumplimiento o no de funciones de los servidores públicos. “Si el señor alcalde de Guayaquil y su empresa han sido salpicados no es por esta comisión, que dicho sea de paso no tiene mayoría oficialista, como sí ocurre en la Comisión de Justicia, que se ha activado para estos casos pero no para tratar reformas y leyes que son necesarias para el país. Ahí duermen reformas para tipificar el abuso de menores como delito autónomo”, subrayó.

Inés Alarcón manifestó que precisamente eso es lo que cuestionan de la clase política. “... sus agendas particulares y orientadas a desgastar la imagen del Gobierno en pleno proceso electoral. Yo le invitaría al asambleísta Fernando Cedeño (RC) a trabajar por el país y no de acuerdo a como le dictan desde Bélgica”, puntualizó la legisladora representante de Pichincha. (I)