A pesar de que el juez anticorrupción Jairo García no ha contestado aún tres pedidos de revocatoria y uno de aclaración respecto a la excusa que presentó para continuar con el conocimiento del caso Triple A, la Fiscalía suma una persona natural y una jurídica a la lista de diez personas a vincular en el proceso penal que investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Según un escrito ingresado este 11 de marzo al expediente, Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, pone en conocimiento que dentro de la causa han aparecido elementos de convicción que hacen presumir la participación de Édgar Edmundo C. A. y de la empresa Harsajudi S. A., en calidad de autores o cómplices del delito que se investiga.
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Ante ello, el fiscal a cargo del caso Triple A pide al juez que incluya a estas dos personas (natural y jurídica) en la lista inicial de las diez que iban a ser vinculadas en audiencia este viernes, 14 de marzo. El 21 de febrero pasado, Alarcón solicitó al juez García que defina fecha y hora para vincular el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a diez personas más a la causa que investiga un delito hidrocarburífero.
La teoría que maneja la Fiscalía señala que en el caso Triple A existe una relación de las empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
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Formalmente, el caso Triple A existe desde el 23 de julio pasado, cuando la Fiscalía realizó de forma simultánea siete allanamientos en zonas de Guayaquil y Milagro, en la provincia de Guayas. Después de 21 días, el ente acusador quiso formular cargos a los primeros procesados, pero no fue hasta el 14 de diciembre de 2024 que lo logró, pues tuvo que sortear tres diferimientos por cambios de las defensas de los sospechosos, entre otras razones, y una audiencia declarada fallida.
A mediados de diciembre pasado, el juez Jairo García dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 90 días contra Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T., así como las personas jurídicas Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiesel S. A. Para las personas naturales se dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica de dos días a la semana, mientras que para las empresas se estableció la prohibición de enajenar bienes y acciones.
Ahora, a la audiencia de vinculación, además de Aquiles Alvarez, la Fiscalía convocó a Juan Carlos A. T., Juan Dionisio A. S., Gloria María S. S., Rosa Marbella O. G., Édgar Moisés F. T., María Elisa C. E., Fausto Vinicio V. G., Olga Cecilia O. L. y Raúl Arnoldo Z. O. De la vinculación se conoció el 22 febrero pasado, un día después de que la Fiscalía realizara los allanamientos en las estaciones de combustible de El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
El compartir abogado defensor con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, hizo que el 10 de marzo pasado el juez anticorrupción Jairo García presentara su excusa para continuar en conocimiento del denominado caso Triple A.
El 7 de marzo pasado, Alvarez presentó un escrito en el que informaba al juez García que Diego Córdova sería su único abogado en la audiencia de vinculación que estaba definida para este viernes, 14 de marzo. A partir de ese momento se generó un conflicto de intereses, pues el abogado Córdova era representante legal de García en un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura (CJ) y en una investigación previa de tipo penal.
García decía que se excusaba del conocimiento de la causa, pues no hacerlo, decía, constituiría una inobservancia de parte del operador de justicia en cuanto al ordenamiento jurídico vigente y una posible afectación al principio de imparcialidad.
Joan Paúl Egred, defensa de Édgar Moisés F. T., quien está en la lista a ser vinculados, cree que es casi imposible que se dé la audiencia convocada para este viernes, 14 de marzo. Explica que la providencia en la que se excusó el juez García aún no está ejecutoriada, debido a que todavía no se responden una serie de escritos en los que se solicitaría la aclaración de dicha providencia. Además, tras la excusa presentada por el juez, el proceso aún no ha sido remitido a la oficina de sorteos para la asignación de un nuevo juez.
Aclara el defensor dos aspectos importantes en este punto del proceso: que las personas a ser vinculadas deben tener como mínimo 30 días para poder realizar acciones que sustenten su teoría dentro de la causa penal y que la etapa de instrucción fiscal no puede ir más allá del “plazo fatal” de 120 días. Espera que todos estos temas se resuelvan lo más pronto posible sin poner en riesgo el derecho a la defensa de las personas que serán incluidas en el caso Triple A.
Sobre su representado, Édgar Moisés F. T., Egred asegura que no existe ningún sustento para la vinculación. “Es un distribuidor de combustible que compró a Copedesa el volumen de combustible autorizado por la ARCH (Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos) y luego lo vendió. La relación con Copedesa, que fue estrictamente comercial, duró dos meses. Ni conoce a los Alvarez. (...) No tiene sanciones de la ARCH ni del SRI, no se entiende la vinculación”, sostuvo. (I)