Pablo M. A., procesado en caso Purga, no registró propiedades en su patrimonio de casi $ 1 millón, sí menaje de casa por $ 180.000, joyas y obras de arte por $ 400.000

Las imágenes de un video de la Policía Nacional tomadas desde un helicóptero muestran la mansión en la que residía hasta hace pocos días el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Bolívar M. A., procesado junto con otras once personas por delincuencia organizada en el caso Purga.

La residencia está ubicada en la exclusiva urbanización de la isla Mocolí, en Guayas, y se desconoce si es de su propiedad, ya que este inmueble no fue parte de la declaración patrimonial de Pablo M. A. hecha a la Contraloría General del Estado entre el 2019 y 2022, cuando se desempeñó como coordinador de Participación Ciudadana del Municipio de Guayaquil y asambleísta del PSC en el periodo 2021-2023.

Es más, en ninguno de ocho de sus reportes a la Contraloría detalló tener un bien inmueble.

En el 2019, el exlegislador tenía un patrimonio de $ 935.000 y activos por el mismo valor.

En equipo de oficina $ 50.000, menaje de casa por $ 180.000, obras de arte, joyas y colecciones por $ 400.000; y, semovientes (bienes o propiedades relacionadas con el ganado) por $ 15.000. No reportó deudas.

Al 2020, en una última declaración por sus funciones como servidor del Municipio, su patrimonio fue de $ 1 millón. Sus activos por $ 1′010.000, pues incrementó a $ 50.000 los semovientes y adquirió un vehículo por $ 40.000.

En sus cuentas bancarias tenía $ 10.000 y deudas por cobrar por $ 380.000.

En el 2021, como asambleísta, comunicó de un patrimonio de $ 1′013.796; sus activos por $ 1′181.080, con un incremento de $ 69.000 en semovientes; deudas en siete entidades financieras por $ 167.283 en tarjetas de crédito.

Cinco cuentas de ahorro y corriente por $ 19.000; acciones y participaciones por $ 352.797 y cuentas por cobrar por $ 410.000.

Otra de sus declaraciones del 2021 refleja un dominio por $ 987.359; deudas por $ 225.758; activos por $ 1′213.118, con acciones y participaciones por $ 352.797.

Su última declaración del 2022 la hizo por $ 950.000, con un total de activos por el mismo valor. Sus acciones y participaciones bajaron a $ 80.000 y no tenía deudas.

La madrugada del 4 de marzo de 2024, la Fiscalía General del Estado junto con la Policía Nacional ejecutaron 43 allanamientos en la provincia del Guayas a los domicilios y oficinas de jueces de la Corte Provincial de Justicia al presumirse de un delito de delincuencia organizada.

La investigación se nombró caso Purga y en ella el exlegislador Pablo M. A., María Fabiola G. R., jueza penal y expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, y Johann Gustavo M. M. son señalados como autores directos de liderar una asociación criminal en la que otras nueve personas son procesadas como colaboradores.

Los hechos ilícitos se derivaron del caso Metástasis, descubierto en diciembre de 2023, en el que se indaga delincuencia organizada articulada al narcotráfico con 39 procesados.

Del caso Purga hay doce detenidos y nueve de ellos cumplen una medida de prisión preventiva, ordenada por el juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la audiencia de formulación de cargos que se hizo el 4 y 5 de marzo de este año.

De acuerdo con los indicios recabados por la Fiscalía, lo que se hacía en esta aparente red de corrupción era controlar las decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos para su beneficio personal usando la Corte Provincial del Guayas.

Esas decisiones habían beneficiado directa y económicamente a Pablo M. A. y a los otros once sospechosos, que podrían ser procesados por otros delitos, como prevaricato, tráfico de influencias, cohecho agravado o fraude procesal.

Tomando en cuenta que, con sus acciones, también se beneficiaron actores relacionados con el narcotráfico.

Al destaparse el caso Purga, el titular de la Contraloría, Mauricio Torres Maldonado se comprometió a iniciar análisis a las declaraciones juradas de 63 jueces del Guayas y al exasambleísta.

Entre esos 63 magistrados está María Fabiola G. R., también procesada como líder de esta empresa criminal, que reportó un patrimonio al 2015 por $ 165.194, con activos por $ 217.798.

Al 2021, su patrimonio fue de $ 191.516; con activos por $ 227.249 y pasivos (deudas) por $ 35.732.

Al 2022 fue de $ 183.441; con un nivel de pasivos por $ 16.000; y, activos, como bienes inmuebles, por $ 199.514.

Su menaje de casa asciende a $ 7.000; obras de arte y joyas por $ 11.000.

Su colega, el juez Johann M. M. tenía un patrimonio en el 2018 de $ 48.000, pasivos por $ 170.000 y activos por $ 218.000.

Al 2022, según la última declaración jurada, su patrimonio fue de $ 74.917. Tiene deudas con diez acreedores por $ 144.000 y activos por $ 218.932.

Tiene una casa valorada en $ 120.000 y un departamento por $ 72.000.

Estos tres personajes cumplen una medida de prisión preventiva: Pablo M. A. y Johann M. M. están en la cárcel 4 de Quito.

Fabiola G. R. fue recluida en la Casa de Confianza en Chillogallo, en el sur de la capital, donde se encontrará con Mayra Johanna S. O., exfuncionaria de la Corte Provincial del Guayas, procesada por delincuencia organizada en el caso Metástasis y de cuyo celular se revelaron los presuntos actos de corrupción por los que su exjefa es procesada. (I)