Integrantes del movimiento Unidad Popular presentaron, la mañana de este jueves 9 de abril, una notitia criminis en la Fiscalía General para que se investigue la posible existencia de un tráfico de influencias y de delitos contra la naturaleza en el proyecto inmobiliario que se pretende construir en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena, y en el cual estaría relacionada una empresa en la que la accionista mayoritaria sería Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de la República, Daniel Noboa.

La acción llega un día después de que la Fiscalía, de oficio, abrió una investigación previa para analizar los hechos y determinar si existen o no ilegalidades que generen el inicio de un proceso penal como tal. Geovanny Atarihuana, dirigente de Unidad Popular, asegura que presentan esta acción porque el presidente Noboa no debe utilizar su gobierno para favorecer los negocios familiares, pues lo que se estaría dando en el caso de Olón es un evidente abuso de poder.

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“Este caso causa indignación y el repudio de la ciudadanía. Tiene que ser fiscalizado por la Asamblea y la Contraloría General del Estado, pero adicionalmente se estarían cometiendo delitos de carácter penal que deben ser investigados por la Fiscalía. Hablamos de presuntos delitos de tráfico de influencia, de delitos contra la naturaleza, porque se está atentando contra un ecosistema que está protegido no solamente por la ley, sino por la Constitución”, anotó Atarihuana.

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A través de redes sociales el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre el inicio de una investigación previa por parte de la Fiscalía sobre el proyecto inmobiliario que se vincula a la primera dama en Olón. “Este gobierno no se desgasta en los intentos de los políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo. La decisión de Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa sobre el proyecto inmobiliario del que grupos políticos han tratado de aprovecharse les dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen”.

Los integrantes de Unidad Popular afirman que en este caso se necesita que la Fiscalía actúe sin temor ni favor. Los denunciantes solicitaron a la instancia pública que se encarga de perseguir los delitos en Ecuador que se convoque a rendir versión a los ministros del Interior, de Transporte y Obras Públicas y del Ambiente, Mónica Palencia, Roberto Luque y Sade Fritschi, respectivamente, a la esposa del primer mandatario, Lavinia Valbonesi, y al propio presidente Daniel Noboa.

La investigación previa y la notitia criminis presentada tienen que ver con un caso que nace en los cuestionamientos realizados a un proyecto inmobiliario que se pretende construir a un costado del esterillo Oloncillo, declarado “bosque protector” en Olón, Santa Elena. La construcción del proyecto estaría a cargo de la empresa Vinazin S. A., en la que Lavinia Valbonesi, actual primera dama, aparece como accionista mayoritaria.

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Para los integrantes de Unidad Popular, en este caso es evidente que se entregaron permisos de forma “sospechosa”, en un tiempo récord, por parte del Ministerio del Ambiente, violentando, se asegura, que el sitio en cuestión es parte de un bosque protector y que además hay una sentencia en la Corte Constitucional que dice que el manglar tiene derechos y debe ser protegido.

“Vemos que en los estudios previos las empresas del actual ministro (Roberto) Luque estuvieron involucradas, que la representante en varios trámites legales es la ministra del Interior (Mónica Palencia), que se ha utilizado la fuerza pública para reprimir a quienes defienden su territorio, lo cual evidentemente nos habla de una utilización dolosa del Gobierno para intereses particulares”, sostuvo Atarihuana en declaraciones en los exteriores de la Fiscalía General, en el norte de Quito. (I)