Cometer la infracción con participación de dos o más personas y aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación son las circunstancias agravantes que tomará en cuenta el fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para pedir la pena de cárcel para Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, quien es acusado del delito de oferta de tráfico de influencias dentro del caso Nene.
A días de cumplirse un año de que fue detenido en Cuenca el hijo de la actual vicepresidenta de la República, en Quito, en el Complejo Judicial Norte, la mañana de este lunes, 10 de marzo, se instaló la audiencia de juzgamiento contra uno de los dos procesados que fueron llamados a juicio en el denominado caso Nene por la jueza anticorrupción Karol Zambrano en calidad de autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias. Esto se dio el 19 de noviembre pasado.
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Daniel Lenín R. P., exasesor de la vicepresidenta Abad, es otro de los procesados en el caso Nene que fue llamado a juicio. Sin embargo, debido a que la oferta de tráfico influencias no es un delito que puede ser juzgado en ausencia, y al encontrarse prófugo de la justicia, la etapa de juzgamiento para el exasesor se ha suspendido hasta que sea detenido o se entregue voluntariamente.
Dentro de su alegato de apertura, el fiscal Alarcón aseguró que con la prueba testimonial, pericial y documental anunciada demostrará que Francisco Sebastián B. A. adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto con el exasesor Daniel Lenín R. P., en solicitar parte del sueldo a una persona a la que habían ubicado en un cargo público en el interior de la Vicepresidencia de la República.
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Según la Fiscalía, la investigación de esta causa partió de una denuncia colocada por Romel P. en el buzón de denuncias de la Fiscalía General. El denunciante, quien asiste al juicio en calidad de víctima, habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República. Romel P. laboró entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 en la Vicepresidencia dirigida por Verónica Abad.
A decir del denunciante, Francisco Sebastián B. A. sería uno de los que contactó a Romel P. para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían entregarles mensualmente una buena parte del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales, y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.700.
Romel P., quien actúa en calidad de víctima en el caso Nene y acudió a la diligencia personalmente, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600, que supuestamente le hizo firmar Francisco Sebastián B. A., a mediados de febrero de 2024 lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.
Justamente lo dicho en la denuncia hecha por Romel P. es con lo que arrancó la Fiscalía su presentación de prueba. El perito policial Edwin Noboa, integrante de la Unidad de Criminalística, realizó la transcripción de emisiones lingüísticas del testimonio dado por la víctima por cerca de tres horas. En la lectura de la transcripción, Noboa dio a conocer a los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez lo dicho por el denunciante desde que conoció a la vicepresidenta Abad, cuando él trabajó en la campaña hacia la Alcaldía de Cuenca en 2023 y su labor en la Vicepresidencia de la República bajo la exigencia de dinero a cambio, la cual llegó desde Francisco Sebastián B. A. y de Daniel Lenín R. P.
Oswaldo Trujillo, exabogado de la vicepresidenta Verónica Abad y su hijo, fue trasladado a La Roca
El delito de oferta de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), define penas de privación de libertad de tres a cinco años. Estas podrían cambiar si se toman en cuenta las circunstancias agravantes definidas en los numerales 5 y 9 del artículo 47 del COIP.
En el artículo 44 del COIP, que habla de los mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes, sobre este último tema explica que si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio.
David Meza, abogado de la víctima Romel P., refirió que con el desfile probatorio que se presentará en esta audiencia de juicio demostrará que el vínculo de su cliente en este caso se inicia desde octubre de 2023, cuando se solicitan sus servicios profesionales en la campaña de Verónica Abad. También, dijo Meza, evidenciará que Romel P. el 8 de diciembre de 2023 mantuvo una reunión con los dos procesados, en la que se le ofreció el cargo de coordinador general de Comunicaciones Estratégicas de la Vicepresidencia de la República.
“Se demostrará también lo manifestado por Romel P., de que le solicitaron $ 1.700 mensuales y posteriormente negocia parte de su sueldo del mes de diciembre como del mes de enero, se demostrará a través del desfile probatorio que estos hechos sucedieron, con el fin de que todas estas conductas que ustedes conocerán a lo largo de esta audiencia se adaptan al delito tipificado como oferta para realizar tráfico de influencias. Buscamos que ustedes, señores jueces, puedan declarar la culpabilidad de Sebastián B.”, anotó Meza.
Por su parte, Santiago Hernández, nuevo abogado de Francisco Sebastián B. A., de entrada, en su alegato de inicio, dijo que estaba defendiendo a alguien que injustamente estaba siendo procesado y explicó que la teoría del caso que maneja se titulará: “Ausencia del imputado en la escena del delito”.
Hernández ofertó al Tribunal de Juicio probar que la noche del 8 de diciembre de 2023, Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Abad, estuvo junto con sus familiares despidiendo en el aeropuerto de Quito a su madre, quien iba a viajar a Israel. También, dijo el abogado, probará que su cliente no se reunió con la presunta víctima, ni en el hotel que se estaría mencionando, ni en ningún otro lugar ese 8 de diciembre de 2023.
“Esta defensa, escuchando la teoría del caso, tanto de Fiscalía como de la presunta víctima, oferta probar que no coinciden entre ellas, puesto que la Fiscalía ha ofrecido probar que el cargo que habría ofrecido Francisco Sebastián B. A. sería el de coordinador general de la Vicepresidencia,(...) a diferencia de la defensa de la víctima, que ha indicado que probará que Francisco Sebastián B. A. ha ofrecido el cargo de coordinador de Comunicación Estratégica de la Vicepresidencia”, indicó Hernández, quien insistió en que no existe prueba alguna (audio o video) que revele que su defendido haya ofertado un cargo público.
La mañana de este lunes, 10 de marzo, además del perito Noboa, el fiscal Alarcón, durante las primeras horas de la audiencia de juicio, presentó a dos testigos. Luego del receso, el cual duró hasta las 14:00, el fiscal a cargo del caso Nene continuó con la evacuación de la prueba que mantiene para demostrar la participación de procesado en los hechos ilícitos investigados.
Por al menos dos días se encuentra separada la sala 206 del Complejo Judicial Norte para el caso Nene. (I)