Caso Nene: Fiscalía afirma que probará que el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad ‘exigió’ dinero a cambio de un cargo público

A los casi dos meses de que fue declarada fallida la audiencia de juzgamiento señalada dentro del caso denominado Nene, contra Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, la mañana de este lunes, 10 de marzo, se instaló la diligencia en la que se analizará el delito de oferta de tráfico de influencias.

El 19 de noviembre pasado, la jueza anticorrupción Karol Zambrano llamó a juicio en calidad de autores directos a Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., exasesor de la vicepresidenta Abad; pero, debido a que la oferta de tráfico de influencias no es un delito que puede ser juzgado en ausencia, al estar prófugo de la justicia Daniel Lenín R. P., la etapa de juzgamiento para el exasesor se suspende hasta que sea detenido o se entregue voluntariamente a la justicia.

El llamado a juicio resuelto por la jueza anticorrupción se dio porque en audiencia se habrían presentado suficientes elementos de convicción que revelarían la responsabilidad de cada uno de los procesados en el delito investigado. Para Zambrano, todos estos elementos expuestos en audiencia deben ser evaluados por un Tribunal de Juzgamiento, el cual está integrado por los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez.

Durante la diligencia preparatoria de juicio se escuchó el dictamen acusatorio del fiscal Leonardo Alarcón, quien señaló que la investigación del caso Nene giró en torno a la denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P. El denunciante, quien asiste al juicio en calidad de víctima, habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República.

El hijo de la vicepresidenta y único enjuiciado asistió personalmente a la diligencia, principalmente porque esta es la etapa en que por ley el procesado está obligado a asistir. No emitió declaración alguna a la prensa.

El fiscal Alarcón aseguró que en esta diligencia de juicio se probará que Francisco Sebastián B. A. sería uno de los que contactaron a Romel P. para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, por el cual a cambio se le pedía que, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima entregara una buena parte de esa mensualidad. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales y, luego de una “negociación”, la cifra quedó en $ 1.500.

Romel P., quien actúa en calidad de víctima en el caso Nene y acudió a la diligencia personalmente, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque, antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.

En enero pasado se declaró fallida la audiencia por la ausencia del abogado de Francisco Sebastián B. A., Oswaldo Santillán, quien estaba siendo investigado dentro del caso Fachada, en el que se analiza la existencia de delitos como tráfico de influencias, delincuencia organizada, entre otros hechos irregulares.

Santillán actualmente es procesado por el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El abogado se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

En esta etapa, el tribunal deberá analizar los elementos de prueba que expondrá la Fiscalía y decidir si la acusación contra el hijo de la vicepresidenta Abad se apega o no al delito de oferta de tráfico de influencias, el cual está tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma define penas de privación de la libertad de tres a cinco años.

Se prevé realizar la diligencia en dos días en el segundo piso de la Unidad Judicial Norte, en Quito. (I)