Caso Nene: reinstalación del juzgamiento del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad pasa para finales de mayo

Aunque inicialmente se había definido para el 9 de abril próximo la continuación de la audiencia de juzgamiento contra Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, el Tribunal de Juicio de la Unidad Anticorrupción deja sin efecto la convocatoria y llama para el 26 y 27 de mayo para reinstalar la diligencia en el caso Nene.

Francisco Sebastián B. A. es el único juzgado por el delito de oferta de tráfico de influencias, pese a que fueron dos los llamados a juicio el 19 de noviembre pasado. El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Leonardo Alarcón, acusa al hijo de la vicepresidenta Abad como autor directo del delito definido en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El fiscal Alarcón aseguró que con la prueba testimonial, pericial y documental que mantiene demostrará que Francisco Sebastián B. A. adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias; es decir, intervino, junto con el exasesor de su madre, Daniel Lenín R.P., procesado que mantiene el llamado a juicio en suspenso por estar prófugo, en solicitar parte del sueldo a una persona a la que habían ubicado en un cargo público en el interior de la Vicepresidencia de la República.

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A decir del denunciante, Francisco Sebastián B. A. sería uno de los que lo contactaron para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República. Por ese cargo se le habría pedido que debía entregar, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, una buena parte de esa mensualidad. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales y, luego de una “negociación”, la cifra quedó en $ 1.700.

Romel P. refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., a mediados de febrero de 2024, al denunciante lo habrían notificado con la desvinculación del cargo en la Vicepresidencia de la República.

En dos días de audiencia de juzgamiento del caso denominado Nene, la Fiscalía ha presentado a seis peritos y catorce testigos para sustentar la acusación. Alarcón en su “alegato de apertura” aclaró que en la sentecia deben tomarse en cuenta las circunstancias agravantes definidas en los numerales 5 y 9 del artículo 47 del COIP, es decir, cometer la infracción con participación de dos o más personas y aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación.

El artículo 286 del COIP, norma que habla de la oferta de realizar tráfico de influencias, señala que la persona que, ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior solicite arbitrariamente de terceros: donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material, para sí o para un tercero, por sí o por interpuesta persona o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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Además del testimonio del denunciante, el fiscal Alarcón presentó otros testigos que confirmarían que la contratación de la víctima fue solicitada por la vicepresidenta y que existiría una acción de personal que lo respalda. También detallaron las actividades efectuadas por Francisco Sebastián B. A. antes y después de la posesión de la vicepresidenta.

A los miembros del tribunal, los jueces anticorrupción Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, la Fiscalía les expuso las pericias practicadas en torno a los allanamientos y el levantamiento de evidencias, entre ellas el basurero donde se habría incinerado la letra de cambio firmada por Romel P.

El diferimiento dispuesto por el Tribunal Anticorrupción en el caso Nene se da porque la Sala Penal mantendría una causa en la que la prisión preventiva se encuentra próxima a caducar, no ha podido ser instalada su audiencia de juicio y, en función de la agenda preexistente, se ve en la necesidad de modificar las fechas de reinstalación de la audiencia de juicio contra Francisco Sebastián B. A.

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Dentro de la reinstalación de la audiencia del caso Plaga, el 12 de marzo pasado, la abogada Gabriela Moreira informó que Santiago Hernández Quijano, defensa del exjuez de Manabí procesado Banny Molina, no estaba conectado a la diligencia debido a que había sido secuestrado a las 22:00 del día anterior, 11 de mayo. Hernández era el abogado que intervino en el caso Nene en representación de Francisco Sebastián B. A. y el plagio se habría dado justo al retornar de esa diligencia hacia Manabí.

Francisco Sebastián B. A. en sus redes sociales denunció el hecho, aclarando que lo que se dio sucedió después de haber ‘desmoronado’ toda la prueba de la Fiscalía. “Existe un solo denunciante, quien con su testimonio anticipado, un audio trucho que no tiene cotejo de voz y un policía de otra unidad, son quienes inician toda esta persecución y ayer mi abogado pudo demostrar toda esta farsa”. No se conoce qué es lo que ha pasado con el secuestro denunciado. (I)