“Para nadie es desconocido que el Ecuador es un país frágil institucionalmente, característica que ha permitido que el Estado sea utilizado por grupos criminales organizados, sobre todo en el ámbito de la justicia, que hasta ahora su uso a merced de la impunidad no ha sido más que meras murmuraciones en el día a día de nuestra sociedad. Hasta hoy, que estas suposiciones han aterrizado en una radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia, cómo esta ha sido vejada sin discriminación por parte de todos los niveles de la institucionalidad judicial, hablando de jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados, guías penitenciarios, entre otros”.