La madrugada del jueves 4 de diciembre el juez Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva contra Xavier J., Cristian R., Daniel S., Yilmar Fabián C. y Jairo V., que son parte de los ocho nuevos vinculados al caso Metástasis, en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada por una estructura criminal liderada por el asesinado narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón.

El magistrado argumentó que su resolución, con base en el pedido de la Fiscalía, busca garantizar la comparecencia al proceso y se pretende evitar un riesgo procesal inminente por parte de los involucrados. Por ello, el juez Córdova ordenó la localización y captura de los cinco procesados.

Sobre los otros tres vinculados, Carlos Z., Fernando G. y Víctor A., el juez Córdova no acogió el pedido de la Fiscalía y determinó que no existen los suficientes elementos de convicción para justificar su presunta colaboración en la estructura criminal, por tanto no procede la prisión preventiva. El magistrado dispuso para los tres medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica (una vez cada quince días).

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La audiencia de vinculación se inició la mañana del miércoles 3 de diciembre y se extendió por más de quince horas, en las que se escuchó la fundamentación de la fiscal general, Diana Salazar -quien solicitó prisión preventiva para los ocho vinculados- y los alegatos de las defensas de los sospechosos, quienes negaron todas las acusaciones y pidieron que se les concedan medidas alternativas, como presentación periódica.

Algunos de los imputados también intervinieron en la diligencia para defender su inocencia y desvirtuar los argumentos del Ministerio Público.

Sobre el pedido de la Fiscalía de que se oficie a la Interpol para la localización y captura internacional de Xavier J., Cristian R. y Daniel S., el juez no dio paso y señaló que de momento solo se notificará a la Policía Nacional, porque no se ha justificado procesalmente que los procesados se encuentran fuera del país.

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Salazar imputó a los ocho nuevos procesados como presuntos autores, quienes supuestamente habrían tenido participación en la red criminal orquestada por Norero, cuyo fin era conseguir la impunidad del delincuente -quien fue detenido en mayo de 2022 por lavado de activos- mediante artimañas legales para favorecerlo con fallos judiciales, por los que pagaba coimas, así como idear formas para blanquear el dinero ilícito mediante empresas y contratos en el sector público.

Los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se fundamentaron principalmente en los mensajes de texto e imágenes encontrados en los teléfonos celulares de Norero, en los cuales existen conversaciones que revelarían la planificación y ejecución de actos ilícitos y atentados.

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Se expusieron comunicaciones directas de Norero con varios de los ocho vinculados, mientras que otros son mencionados en los diálogos como presuntos actores, en distintos niveles y facetas.

Además de la medida cautelar de prisión preventiva, la Fiscalía solicitó la retención de cuentas en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenación de bienes. Y se requirió que la instrucción fiscal del caso Metástasis se extienda otros 30 días.

Durante la diligencia, la fiscal general afirmó que la estructura criminal que ahora persigue estaría planificando atentar contra ella y su familia, situación que ha dado paso a una investigación previa.

Dijo que se habría encargado a la banda criminal Los Lobos de que acaben con su vida, los mismos que asegura serían responsables del crimen del exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

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En ese sentido, Salazar mencionó el nombre de Colón Pico, presunto cabecilla de Los Lobos, como el responsable de planear su asesinato.

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Respecto de los nuevos vinculados a la causa, la teoría de la Fiscalía apuntó al empresario Xavier J. como presunto miembro de la cúpula criminal, quien habría sido asesor de Norero y ponía a su disposición recursos materiales y humanos para que el narcotraficante lavara dinero; que habría instigado para atentar contra funcionarios públicos y periodistas, y gestionado recursos legales. Según la Fiscalía, el sospechoso habría tenido influencia en la Asamblea Nacional a través del exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, quien es mencionado en los chats de Norero con el alias Ruso.

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En el caso del abogado Cristian R. se lo calificó como el coordinador y planificador del pago de sobornos a jueces y funcionarios judiciales para que emitan resoluciones a favor de los intereses de Norero. Y habría afirmado tener el control de la Corte Nacional de Justicia.

De Yilmar Fabián C. se dijo que fue el “brazo operacional económico, financiero de la organización”. Que enviaba al exterior paquetes de sustancias sujetas a fiscalización y que los recursos que de ahí se obtenían se usaban para financiar las coimas y más necesidades de Leandro Norero.

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A Carlos Z., presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, se lo acusó de manipular el sistema de sorteo de causas en Manabí y crear “escenarios perfectos” para la organización criminal. Y que además habría ejercido influencia en los procesos judiciales por los cuales obtuvieron la libertad Daniel S. y el exvicepresidente Jorge Glas.

Sobre Daniel S. la fiscal general anotó, entre otras cosas, que el procesado también gestionaba sobornos a operadores de justicia. Y ofrecía a Norero obtener contratos con el Estado, en entidades estratégicas como Celec y Petroecuador, y crear empresas para lavar el dinero del crimen organizado.

A Fernando G., servidor policial, se lo señala por supuestamente haber simulado operativos policiales con el fin de proteger los bienes de Norero que se encontraban dentro de la vivienda que le fue incautada.

En cuanto al agente fiscal Víctor Hugo A., la Fiscalía lo responsabilizó de filtrar información a Cristian R., y este a su vez a Leandro Norero, sobre los operativos y allanamientos que la fuerza pública ejecutaría contra grupos delincuenciales en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Y de Jairo V. se dijo que su rol fue de facilitador para la entrega de dinero de coimas al juez Émerson C., a cambio de que ordene la liberación de alias Cuyuyuy y alias Madrid, dos sicarios al mando de Norero.

Con la vinculación de los nuevos imputados ya suman 39 las personas procesas en el caso Metástasis, entre las cuales se encuentra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien guarda prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito, junto con otros quince sospechosos. La instrucción fiscal del caso se extendió a 120 días. (I)