Caso Metástasis: Fiscalía solicita que se oficie a la Interpol para la captura de tres sospechosos

Tras cinco horas de intervención, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó que se dicte prisión preventiva contra los ocho nuevos vinculados al caso Metástasis: Xavier J., Cristian R., Daniel S., Yilmar Fabián C., Carlos Z., Fernando G., Víctor A. y Jairo V. Sustentó el pedido al considerar que es necesario garantizar la presencia de los sospechosos en el proceso, que el delito de delincuencia organizada -que se investiga en esta causa- no puede ser juzgado en ausencia y para evitar que los mencionados ejerzan algún tipo de influencia o presión para corromper el caso.

La fiscal expuso elementos de convicción sobre cada uno de los imputados para justificar la solicitud de medidas cautelares, en las que también se pidió la retención de cuentas en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenación de bienes. Además, la autoridad requirió que se extienda por 30 días más la instrucción fiscal del caso.

De los ocho vinculados, la fiscal general solicitó al juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, que se oficie a la Interpol para que proceda con la localización y captura de Xavier J., Daniel S., y Cristian R., a quienes el Ministerio Público imputó como presuntos autores directos. En ese sentido, Diana Salazar pidió que se dicte orden internacional de localización y captura para los tres.

En la audiencia de vinculación, que se inició la mañana del miércoles 3 de enero, Diana Salazar expuso mensajes de texto hallados en los teléfonos celulares de Leandro Norero, alias el Patrón, que involucrarían en distintos actos ilícitos a los procesados, con el fin de favorecer judicialmente al narcotraficante, a su familia, mediante coimas a funcionarios judiciales -incluyendo a jueces y fiscales- y otros actos delictivos.

En el caso de Xavier J., el Ministerio Público apuntó que él asesoraba a Norero para implementar estrategias corruptas para beneficiarlo en el caso de lavado de activos. Que le recomendaba acciones financieras para evadir a la justicia y hablaba de la intervención de un juez que lo ayudaría con resoluciones para que saliera en libertad.

Además, la fiscal apuntó que Xavier J., además de “instigar contra la vida de varias personas”, tenía influencias dentro de la Asamblea Nacional, para apartar a la “gente que le era incómoda” como el exasambleísta y excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio.

Que usó a la Asamblea Nacional mediante la organización política a la que pertenecía alias el Ruso, el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga.

Salazar recordó que Xavier J. tiene otro proceso abierto por delincuencia organizada, por el cual se encuentra en calidad de prófugo, así como otras investigaciones en su contra.

“Este ciudadano posee nulo interés de comparecer a la justicia ecuatoriana. A lo único que se ha dedicado es a tratar amedrentar a la titular de la acción penal, a través de sendas demandas, supuestamente, acciones civiles con el fin de amedrentar e intimidar y entorpecer el normal desarrollo de las actividades investigativas”, increpó Salazar y señaló que el sospechoso ni siquiera ha designado a un abogado en Ecuador.

Sobre Yilmar C., la Fiscalía apuntó que usaba dinero del narcotráfico para depositar recursos a servidores del sistema de rehabilitación social, con el fin de incidir en el sistema y no estar sometidos al control de la justicia.

Diana Salazar señaló que existen conversaciones para atentar contra la vida de varias personas. En ese sentido, la autoridad insistió al juez en que existe un plan para atentar contra ella y su familia; situación que se encuentra en investigación previa y que detrás de ello estaría la banda de Los Lobos, quienes recibirían órdenes de la estructura delictiva que ahora se investiga y serían responsables del crimen de Fernando Villavicencio.

En cuanto a Cristian R., la teoría fiscal es que él coordinó directamente. Que realizó intermediación delictiva, que incluso habría pagado $ 8.000 a favor de los jueces que conocieron la causa de habeas corpus de la hermana de Leandro Norero.

Que Cristian R. “hacía entregas indebidas a los administradores de justicia, sobornos”, con lo cual aseguraba que sus intervenciones como abogado de Norero sean garantizadas.

Que filtraba información a Norero sobre operativos de la fuerza pública, que a su vez era proporcionada por Víctor A., agente fiscal de Santo Domingo.

Además, que Cristian R. refería que controlaba la Corte Nacional de Justicia, incluyendo a Wilman Terán -también procesado en el caso Metástasis- y al juez Byron G.

Respecto de Daniel S., la Fiscalía señaló que planificó y coordinó la estrategia de libertad e impunidad de Leandro Norero y que controlaba a varios jueces. Que Daniel S. gestionaba contratos con el Estado para que el narcotraficante “blanquee su dinero”. Y que planificaba entregar “empresas limpias” para lavar el dinero del narcotráfico.

La titular del Ministerio Público mencionó que Daniel S. obtuvo su libertad en otro proceso por medio de un habeas corpus irregular, que más adelante fue objeto de sentencia de la Corte Constitucional sobre el abuso de esta figura.

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De Carlos Z., se identificó que él, como presidente de la Corte de Justicia de Manabí, colaboraba con la organización criminal al manipular el sistema de sorteos de causas.

A él se le habría ofrecido un soborno de $ 150.000 para que trabaje a favor de la estructura delictiva liderada por Norero.

Víctor A., agente fiscal de Santo Domingo a quien se lo identifica con el alias de Pillo Buena Gente, juraba lealtad a Leandro Norero, que estaba dispuesto a apoyar los intereses del capo. Que filtraba información privilegiada sobre operativos y allanamientos en Santo Domingo.

En cuanto a Fernando V., funcionario policial, fue parte de los detenidos por ayudar a la organización criminal a ingresar al domicilio incautado de Norero, por lo cual la cúpula de la banda se movió para liberarlo, a través del brazo jurídico de Norero, entre ellos Cristian R. Que Fernando V. responde a la organización.

Y sobre Jairo V. se indicó que él fue el intermediario para entregar dinero del narco al juez Emerson C. Y ayudó, además, a sacar los bienes de Norero, en su casa en Riberas del Batán, para lo cual portó un arma de fuego.

Luego que la fiscal general, Diana Salazar, expuso sus argumentos, el juez Felipe Córdova dio paso a que los abogados de los imputados se pronuncien sobre las medidas cautelares. (I)