A dos semanas de abierta la instrucción fiscal del caso Liga2, para la Fiscalía General es importante tener información sobre quiénes ingresaron y salieron, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, del departamento en el que vivía en Quito Augusto Verduga, hoy exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Verduga, quien aparece en chats periciados con el usuario MonicaErtl, así como también los exconsejeros de Participación Ciudadana relacionados con el correísmo Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor y la actual integrante del CPCCS Nicole Bonifaz, desde el 15 de marzo último son procesados penalmente por el delito de asociación ilícita. Dentro de la formulación de cargos, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, dijo que información existente en el expediente revelaría la “planificación” y “estrategias delictivas” puestas en marcha desde Participación Ciudadana para hacerse del control de la institucionalidad del Estado ecuatoriano.

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Las conversaciones sobre las que trabaja la Fiscalía en este caso fueron ubicadas luego de una pericia a uno de los dos teléfonos celulares incautados al entonces consejero Verduga, el 24 de enero último, durante un allanamiento al CPCCS.

Toainga ha dicho que mediante la asociación de los entonces consejeros Verduga, Franco Loor, Saltos y la aún consejera Bonifaz se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas. Los cuatro procesados son acusados de ser los autores directos del delito de asociación ilícita.

Con el fin de obtener las bitácoras de ingresos y salidas del edificio y registro de visitas recibidas, correspondientes al periodo noviembre de 2024-enero de 2025, específicamente al departamento 904 del edificio Torre Vicenza, ubicado en el norte de Quito, la Fiscalía solicitó a la persona que administra el edificio que remita copias certificadas de la información que solicita.

Adicionalmente, el fiscal a cargo de la causa pidió que se informe si el edificio cuenta con un sistema de videovigilancia y su tiempo de grabación. Para entregar lo requerido por el fiscal de la unidad de fuero de Corte Nacional se ha dado el plazo de 72 horas.

Información dada a la Fiscalía de parte de la administradora del edificio Torre Vicenza refiere que el departamento fue alquilado completamente amoblado a Augusto Verduga desde el 15 de mayo de 2023 hasta finales de enero de 2025. Se aclara que la esposa del arrendatario, es decir, Verduga, se comunicó con la dueña del departamento para informarle que no continuarían con el arrendamiento, por lo que se habría dado por terminado el contrato.

Augusto Verduga asegura que la fiscal Diana Salazar presionó para involucrarlo en muerte de su asesor y aprovechó la situación para incautar sus dispositivos

El solicitar las bitácoras de ingreso a un lugar en el que vive una persona investigada no es nuevo dentro de un caso manejado por la Fiscalía. En el caso Purga, en el que se condenó a trece años y cuatro meses de cárcel al exasambleísta Pablo Muentes por ser uno de los tres líderes de una “organización criminal” que infiltró la justicia del Guayas, se solicitaron las bitácoras de ingreso y la salida de personas de la urbanización Mocolí Golf Club, en Samborondón, donde vivía el entonces legislador.

Los registros escritos, fílmicos y fotográficos solicitados confirmaron las visitas que le hacían a Muentes varios de los entonces jueces procesados, como por ejemplo la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo, otra líder de esta estructura condenada a trece años y cuatro meses de prisión. Esta información también sirve para corroborar lo que coprocesados y testigos protegidos de Fiscalía señalaron en sus testimonios y versiones de que la casa de Muertes funcionaba como el “centro de operaciones”. (I)