Con 50 minutos de diferencia se presentaron en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la mañana de este lunes, 31 de marzo, los procesados dentro del caso Liga2 Nicole Bonifaz y Eduardo Franco Loor, actual integrante y exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), respectivamente, quienes son acusados por la Fiscalía por el delito de asociación ilícita.

La presentación es parte de las medidas cautelares dispuestas por el conjuez nacional Marco Aguirre, magistrado que el 15 de marzo pasado dio inicio a la instrucción fiscal de 90 días del caso Liga2. Además de Bonifaz y Franco Loor, también deben cumplir esta medida de presentación periódica cada quince días los exconsejeros procesados en Liga2 Augusto Verduga y Yadira Saltos. Bonifaz se acercó hasta la secretaría de la Sala Penal a las 08:00, mientras que Franco Loor, quien estuvo acompañado por su hijo y algunas otras personas, lo hizo diez minutos antes de las 09:00 de este lunes, 31 de marzo.

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A más de la presentación periódica solicitada por la Fiscalía y aceptada por el conjuez, Aguirre definió para los cuatro procesados la prohibición de salida del país y la retención de cuentas bancarias de cada uno de los investigados por la cantidad de $ 5.640, que correspondería a la multa prevista en el tipo penal de asociación ilícita.

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Lo que se conoce es que ni Verduga ni Saltos estarían en el país, por lo que, de no cumplir ninguno la medida de presentación periódica cada quince días que arranca este 31 de marzo, los exfuncionarios del CPCCS se expondrían a que la Fiscalía solicite una audiencia para que se revise la medida cautelar por incumplimiento.

Alcanzar el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador habría sido el objetivo principal de la estructura que investiga la Fiscalía y que operó desde el Consejo de Participación Ciudadana, junto con funcionarios de instituciones del Estado, como la Asamblea Nacional, relacionadas con el movimiento de la Revolución Ciudadana (RC).

“El presente caso (Liga2) retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador se convirtió en la sede de un partido político, en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan”, aseguraba el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, durante la formulación de cargos del caso Liga2 contra los cuatro acusados.

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Según la Fiscalía, en el allanamiento realizado el 24 de enero pasado a las instalaciones del CPCCS, en Quito, se incautaron los celulares del hoy exconsejero Verduga. La información allí encontrada habría revelado la planificación y “estrategias delictivas” puestas en marcha para hacerse del control de la institucionalidad del Estado ecuatoriano.

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El fiscal general subrogante ha resaltado que mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana, “quienes lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano”, se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas. (I)