El forense argentino Roberto Meza Niella remitió a la Comisión de Coordinación, constituida por el Gobierno nacional, sus respuestas a las 26 observaciones que se hicieron a la pericia relacionada con el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno.
El 7 de agosto pasado, Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y la Defensoría del Pueblo remitieron a la Corte Constitucional (CC) un pliego de 26 observaciones a la reconstrucción del llamado tercer producto que elaboró Roberto Meza sobre el asesinato del excomandante de la FAE ocurrido en el 2010.
Extraoficialmente se conoció que Meza envió este 16 de agosto a la Comisión de Coordinación el documento con sus respuestas, para el análisis de Ochoa y de la Defensoría. Lo hizo antes de los 30 días término que dio la Corte Constitucional.
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La pericia, que es una investigación no judicial, llegó a cuatro conclusiones que fueron cuestionadas por la Defensoría y a las que Ochoa pidió aclaraciones.
Meza apuntó que existen «suficientes indicios» para ubicar a dos generales de la FAE en servicio pasivo, Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinoza, con «motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales» del crimen.
Consideró que con la muerte de Gabela «terminarían las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv».
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A lo que articuló que en «la relación de mandos dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv».
Así también, que existió «por parte de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional».
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El pedido de la familia es que el perito aclare el móvil del crimen y las cuatro conclusiones respecto a la autoría del asesinato y las motivaciones personales y económicas.
Entre otros ejes, Ochoa pide detalles de quiénes eran los miembros de la Junta de Defensa Nacional cuando Meza elaboró el tercer producto en el 2013; acceder a las actas y grabaciones sobre la compra de los Dhruv que se dieron en la Junta de Defensa; cuáles fueron los problemas que surgieron con la llegada al Ecuador de estas aeronaves; quiénes formaron parte de las comisiones de contratación; y quién las recibió.
Solicitó también conocer cuál fue la institución o persona jurídica que tiene la información del polígrafo que se aplicó a los cinco procesados por el asesinato del general en el 2013.
Ello, debido a que uno de los procesados, Jaime A., alias Cojo, habría dicho al perito que quien disparó a Gabela en diciembre del 2010 se hacía llamar alias Francis.
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A su vez, que alias Francis le había contado al Cojo que, supuestamente, recibió pagos por parte de “un general de la FAE” para cometer el hecho.
Sin embargo, según Meza, el video de esa entrevista no consta en los archivos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo criticó el informe de Meza porque «no se da a conocer la teoría del delito, tampoco existe sustento científico, especialmente cuando se expresa la motivación de los posibles autores intelectuales, las cuales son agrupadas en dos causas: profesionales y económicas; mientras que en las conclusiones señala causas personales y económicas, limitando el análisis a un concepto de fuerza detractora de carácter emocional que le impulsa a un individuo a cometer un delito».
Agregan que no tiene «fuentes primarias» y que el móvil del crimen «está basado en declaraciones de prensa, no en una teoría del delito, porque se establecen preguntas cuyas respuestas no son contestadas en el informe y ni se explica que sean parte de una metodología científica aplicada para la elaboración del informe».
En el documento firmado por el defensor encargado, César Córdova, se justifica que no se «pretende generar condiciones para deslindar de responsabilidades civiles y/o penales según lo defina la autoridad competente; tampoco significa, de ninguna manera, allanarse a una postura sea de política partidista o de las partes en los procesos judiciales que correspondan para determinar responsabilidades».
Al contrario, defiende que «es necesario recalcar que lo que se enuncia no determina supuestos de culpabilidad o controversia en los casos judiciales específicos que determinarán, de ser el caso, responsabilidades».
Sobre esas temáticas, Meza había enviado sus respuestas, que aún se mantienen en reserva.
La reconstrucción de este tercer producto es una orden de la Corte Constitucional, que en el trámite de una acción extraordinaria de protección -que presentaron Ochoa y la Defensoría del Pueblo- se concluyó que se vulneró el derecho a la verdad de la familia de Gabela por no haber permitido su acceso a esa investigación que se realizó en el gobierno de Rafael Correa.
Este informe fue parte de una consultoría que contrató un comité interinstitucional presidido por el extinto Ministerio de Justicia, que creó Correa para que se investigue el asesinato de Jorge Gabela en diciembre del 2010.
Por el crimen se procesó a cinco personas, pero Patricia Ochoa exigió ahondar en las investigaciones, ya que hubo advertencias de persecución al general por sus denuncias de irregularidades en la compra de los siete helicópteros Dhruv, que hizo el Ministerio de Defensa en el 2008 por $ 45 millones a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
La reconstrucción se presentó el 11 de julio y, de acuerdo con los tiempos determinados por los jueces constitucionales, se dio un término de 20 días para que Ochoa y la Defensoría presenten sus observaciones a la pericia de Meza y que este a su vez las responda en un término de 30 días. (I)
