Caso Dhruv: hechos que rodearon la caducidad del proceso judicial están en investigación del Consejo de la Judicatura

Los hechos que rodearon la caducidad del proceso legal en el que se investigaba un presunto peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv están en investigación para determinar posibles responsabilidades a personal administrativo o a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que debían conocer un recurso de apelación planteado por la Fiscalía General.El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) espera en los próximos quince días contar con un informe ampliatorio de su Unidad de Transparencia de Gestión que les permita conocer qué actuaciones administrativas o de otra índole influyeron en la caducidad de la causa al no haberse atendido un recurso de apelación dentro del plazo legal de 60 días. Al contrario, el tribunal se tardó en instalar la audiencia 85 días. La investigación se hizo al tramitar una denuncia ciudadana anónima que había llegado al expresidente del CJ Wilman Terán Carrillo (actualmente preso por presunta delincuencia organizada).El 9 de junio de 2023, en la audiencia preparatoria de juicio, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dictó auto de sobreseimiento que favoreció a 18 personas dentro de una investigación por presunto peculado en la adquisición de siete helicópteros Dhruv en el 2008, de los cuales cuatro se accidentaron y tres están guardados en los hangares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Entre los sobreseídos están los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce, Wellington Sandoval, altos oficiales de la FAE como Rodrigo Bohórquez, Leonardo Barreiro, Alonso Espinoza, entre otros.La Fiscalía General del Estado , titular de la acción penal, y la Procuraduría General del Estad o, como acusador particular, apelaron la decisión de Rivera, para que sea resuelto por un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional, pero caducaron los plazos para tramitar el recurso, cuyo efecto fue la ratificación del sobreseimiento de los 18 involucrados. La causa fue sorteada a los jueces de la Sala Penal de la CNJ, Mercedes Caicedo Aldaz (ponente), Marco Rodríguez Ruiz, Byron Guillén Zambrano, para que integren el Tribunal.Sin embargo, «nunca se convocó a la audiencia» para que los jueces resuelvan, se informó al pleno del Consejo de la Judicatura, que se reunió el 16 de enero para conocer un informe preliminar de lo ocurrido entre junio y octubre.El 10 de octubre de 2023 se convocó a la audiencia para conocer el recurso de apelación de la Fiscalía y Procuraduría, pero con un fallo de mayoría, de los jueces Marco Rodríguez y Byron Guillén, se ratificó lo resuelto por Luis Rivera.Argumentaron que instalar la diligencia era «inoficioso» pues el Código Orgánico Integral Penal regula el tiempo del trámite de los pedidos de apelación dando un plazo de 60 días, de lo contrario, queda confirmado por el ministerio de la ley.La jueza Caicedo, que era la ponente, se apartó del criterio y creyó que debía instalarse la audiencia y resolver el recurso.La magistrada, en ese periodo, había estado por dos ocasiones de vacaciones y avocó conocimiento del expediente el 1 de agosto de 2023, atendió varios pedidos y esperaba que el «coordinador de audiencias» fijara la fecha.«Durante los pocos días de mi competencia del proceso en referencia, he actuado de forma célere, dictando las providencias de trámite y resolviendo los requerimientos respectivos. Siendo enfática que tuve la competencia suspendida en varias ocasiones y que pierdo competencia un mes antes de que se cumplan los 60 días, recuperando competencia 15 días después de transcurrido este plazo. De lo anotado claramente podemos concluir que no se avizora en mis actuaciones acto de corrupción alguno, peor responsabilidad de ninguna naturaleza», informó a la Judicatura como elementos de descargo.Por su parte, los jueces Rodríguez y Guillén habían informado al CJ que conocieron el caso un día previo a la audiencia.En la discusión del pleno del CJ hubo asombro porque, presumiblemente, el expediente del caso no habría llegado hasta el despacho de la secretaria relatora de la Sala Penal, sino que se había quedado en un área de archivos.El consejero Fausto Murillo recordó que existe un estatuto de procesos en la Corte para gestionar las causas. No obstante, este tipo de acciones podrían implicar que es una práctica.En tanto, Caicedo había salido por dos ocasiones de vacaciones, el área de talento humano de la Corte aparentemente no había designado un juez que la reemplace, se dijo durante la sesión del Consejo de la Judicatura en la que participaron los consejeros Álvaro Román, presidente; Yolanda Yupangui y Murillo.Los tres consejeros lamentaron que pese a ser un caso de trascendencia nacional no se procedió con las trámites internos, tomando en cuenta que en materia penal transcurren los plazos y que se había convocado a la audiencia para conocer el recurso de apelación «cuando el caso estaba caducado».Román pidió ampliar el informe investigativo y que se determinen con precisión los hechos y los posibles responsables, no limitándose las indagaciones a los secretarios o coordinadores.A propósito de estos acontecimientos, la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, presentó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional (CC). Sin embargo, en un acto poco usual de la Corte, el proceso consta como «reservado» y no se permite el acceso a ninguno de los documentos. (I)

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