Caso Dhruv: Fiscalía y Procuraduría apelan fallo con el que se sobreseyó a 18 acusados del delito de peculado en la adquisición de siete helicópteros

La Procuraduría General del Estado se suma a la fiscal general, Diana Salazar, en su intento de revertir el sobreseimiento decidido a favor de 18 personas acusadas de un peculado ocurrido en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv por parte del Estado ecuatoriano y la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India, representada en Ecuador por la compañía Sumil C. A.

Al igual que la Fiscalía lo hizo de forma oral y lo ratificó de manera escrita, la Procuraduría también presentó el recurso de apelación a la decisión adoptada por el juez Luis Rivera, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 19 de junio pasado, durante la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta reinstalación demoró casi once meses en concretarse, pese a que lo que restaba era conocer si se llamaba o no a juicio a los procesados.

El mismo día de la audiencia, Salazar anunció oralmente que presentaría el recurso de apelación al auto de sobreseimiento. Desde su perspectiva existen los “suficientes elementos” para sustentar la acusación oficial de que en el caso existe el delito de peculado, así como la participación de todos quienes en su momento recibieron un dictamen acusatorio de la Fiscalía.

Según el juez Rivera, dentro del proceso contractual analizado no se evidencia que los elementos planteados del tipo penal de peculado se encuentren, por ejemplo, decía, el verbo rector abusar. “Las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera de lo penal, por lo tanto no hay dolo. A lo cual se suma el siguiente elemento decidor que es el perjuicio económico, factor que en el presente caso tampoco se ha evidenciado”, explicaba en su sentencia el magistrado.

Fernando Gándara, abogado del general Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, reconoce que es un derecho de la Fiscalía el apelar la decisión, pero cree que la institución en este caso no hizo un trabajo adecuado ni tuvo la correcta información. Cree que fue correcta la decisión de Rivera al determinar que no existe ni dolo, ni peculado.

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“Este caso no debió haber iniciado nunca. Para establecer el peculado debería definirse la lesividad, es decir, demostrarse en qué cantidad y matemáticamente establecer quién se benefició de ese valor. Peculado es el abuso de fondos públicos en favor del funcionario público o de una tercera persona. Eso jamás pudo demostrar la Fiscalía”, explicó Gándara.

En ese sentido el juez Rivera resaltaba que la contratación de los siete helicópteros Dhruv se realizó por $ 45 millones, que las siete aeronaves fueron aseguradas y si bien hubo 4 aeronaves accidentadas, respecto de ellas la compañía de seguros canceló el Estado ecuatoriano aproximadamente $ 53 millones.

Dos exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, hacen parte de la lista de sobreseídos y que en su momento fueron acusados de cometer irregularidades y adoptar disposiciones arbitrarias en 2008 en el proceso para la compra de siete helicópteros a la compañía HAL.

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También fueron beneficiados con el sobreseimiento Juan Cortez, representante legal de la HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE, Antonio Puga; el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

La investigación de Fiscalía comprendió hechos relacionados con el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución relacionados a la adquisición de los siete helicópteros por parte del Estado, representado por el Ministerio de Defensa.

El juez Rivera antes de decidir lo que corresponda corrió traslado a los sujetos procesales del caso de los recursos de apelación, así como también el pedido de aclaración planteado por Jaime Antonio Puga. Los recursos de apelación deberán ser resueltos por un nuevo tribunal conformado por otros jueces de la CNJ definidos por un sorteo, mientras que recursos de ampliación, de ser concedido, lo debe decidir el propio juez de instancia Luis Rivera. (I)