Desde junio de 2022 está vigente el mandato de ejecución para que el Estado ecuatoriano recupere los $ 40,4 millones impuestos como reparación dentro del proceso penal en el que el excontralor Carlos Pólit fue sentenciado a seis años de cárcel como autor directo del delito de concusión. La Procuraduría General del Estado (PGE), como instancia que representa judicialmente a Ecuador, es la institución encargada de lograr recuperar lo impuesto como pena económica.