Cantidad de arbitrajes ‘heredados del correísmo’ y ‘tibieza’ a la hora de la defensa complicaron gestión de Íñigo Salvador al frente de la Procuraduría

El procurador Íñigo Salvador está próximo a dejar la Procuraduría General del Estado luego que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) eligiera el pasado 20 de octubre al nuevo titular de la institución, Juan Larrea Valencia, que debe aún ser posesionado por la Asamblea Nacional.Salvador entró en funciones el 31 de julio de 2018 y en estos más de cuatro años al frente de la institución ha liderado varios procesos de defensa y arbitrajes en casos polémicos como Odebrecht, Perenco, Singue, Isaías, Chevron y Sobornos. Afirma que se ha ganado el 68 % de casos, pero al mismo tiempo el país ha visto aumentar el número de derrotas en casos de arbitraje internacional lo que implica que tenga que pagar altas sumas económicas por estas pérdidas. Estos arbitrajes que resultaron en pérdidas para el Estado lo hicieron ser centro de críticas en la Asamblea Nacional, que buscó impulsar un juicio político en su contra, que no prosperó, por no actuar a favor del país en los procesos con las petroleras Perenco y Chevron-Texaco.Justamente por el caso Chevron, específicamente por Chevron III, se estima que el país podría enfrentarse a una condena de más de $ 1.000 millones. El fallo fue emitido por la Corte Internacional de La Haya en octubre de 2018 a favor de la petrolera y desde ese momento, las partes siguen presentando sus descargos para fijar el monto de la indemnización. Antes de ser designado ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, hizo una evaluación sobre la gestión del procurador y mencionó que sobre el caso Chevron que es lamentable que haya procedido de esta forma cuando ningún funcionario de la empresa llegó a pisar suelo ecuatoriano.“El gobierno del expresidente Rafael Correa se abanderó de una sentencia fraudulenta con un juez sobornado y por lo tanto los tribunales terminaron diciendo que hay que indemnizar a Chevron. Primero devolverle todos los costos y gastos de un litigio que ha durado más de 20 años y en segundo lugar pagarle por daño moral es muy preocupante. El procurador Salvador ha tratado por todos los medios de revertir la sentencia, pero a principios de 2023 nos caerá la sentencia definitiva, que será un golpe tremendo a las finanzas nacionales”, explica.Sobre Salvador dijo que considera que es un profesional serio y competente, pero que le tocó entrar en funciones en una época realmente difícil, ya que por años el país fue visto como el segundo país de Sudamérica con más arbitrajes, luego de Argentina.“Heredó todos los problemas no resueltos del tiempo del presidente Correa, que se peleó con todas las compañías petroleras posibles, el procurador Salvador defendió los intereses del país de la mejor manera”, apunta.El exprocurador Xavier Garaicoa difiere y califica al paso de Salvador por la institución como intrascendente, con una gran falta de iniciativa y con una voz tibia a la hora de la defensa.“Podemos decir que de forma general el procurador es el abogado del Estado, aunque decirlo así es una disminución del rol proactivo que realmente tiene como representante de la legalidad del funcionamiento del sistema del Estado constitucional de derechos y justicia en nuestro país”, explica, y dice que Salvador limitó él mismo su gestión a solo ser el “abogado del Estado”.Respecto a su gestión como abogado, Garaicoa considera que a nivel internacional faltó un rol más proactivo de toda la institución como tal.“El sistema arbitral es desigual, injusto y desproporcionado, se pone en el mismo parangón a una empresa, que si bien puede llegar a tener razón, es poderosa con un Estado, que no es un gobernante solamente, sino personas, en nuestro caso más de 17 millones y ponerles una sanción sin que exista reciprocidad, el procurador tiene el deber de oponerse a todas esas pretensiones”, dice, y comenta que es lo que no ocurrió en estos últimos años más aún en el caso Chevron en el que se juzgó un fallo de justicia ecuatoriana.Dentro de la defensa nacional, uno de los casos en los que el país no resultó favorecido es el caso Isaías, por el que debe devolver los bienes incautados.“El caso Isaías es el ejemplo de cómo los poderosos intereses tienen capacidad para influenciar en la justicia. Josefa Coronel, que preside el Consejo de la Judicatura del Guayas, a viva voz expresó su criterio para favorecer a los hermanos Isaías, en el caso Filanbanco, con la entrega de bienes de los ecuatorianos y su imparcialidad es absolutamente cuestionable”, subraya el jurista y presidente en su momento de la Junta de Acreedores de Filanbanco, y añade que ante estas situaciones ninguna gestión de un procurador puede ser óptima.En tanto, Santos como Garaicoa coinciden en que en la gestión de Salvador faltó que se consolide la aprobación de la Ley de Repetición, que consideran es una necesidad y que tiene por objeto declarar o hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado haya sido condenado a reparar materialmente.Garaicoa cuenta que este proyecto se impulsó desde que él estuvo en el cargo hace más de quince años y sigue sin concretarse.Este Diario buscó una entrevista con el exprocurador para poder ampliar los resultados y gestión durante su tiempo en el cargo, pero no hubo respuesta.No obstante, en el sitio web de la institución se puede tener acceso a información sobre sobre la gestión y resultados de la Procuraduría hasta 2021. En cuanto a su representación en juicio, indican que en promedio anual existen 10.000 juicios nuevos cada año. Asimismo, en ese año fueron más de 100.000 los casos a nivel nacional, se recibieron 40 notificaciones de controversia internacionales y se registraron 291 procesos ante organismos internacionales de Derechos Humanos. Según la PGE, sus acciones hicieron que el pago evitado en los últimos tres años supere los $ 14.000 millones y en el tema de recuperación se registran $2 millones en efectivo, en bienes embargados $ 550.000, 13 bienes y 300 joyas. En su informe de rendición de cuentas de 2021, se destacó que entre los casos nacionales e internacionales la cifra en demandas es de más de $ 57.000 millones, sin contar los arbitrajes con montos reservados. Así también, se indicó que en ejercicio de las competencias constitucionales y legales a nivel nacional hubo 7.161 sentencias a favor del Estado (58 %), frente a 5.272 sentencias en contra de este (42 %). Solo en Asuntos Internacionales y Arbitraje, en ese mismo año, informaron que registraron 86 procesos internacionales activos , que se dividen en 10 arbitrajes en materia de inversión, 13 arbitrajes comerciales, 15 juicios en sede extranjera, 7 procesos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1 en la Junta Combinada de Disputas.Las materias involucradas en este tipo de disputas internacionales, según la institución, son variadas, entre las que destacan asuntos relativos a corrupción, tributos, contratación, hidrocarburos, medio ambiente, infraestructura pública, eléctrico, recuperación del patrimonio cultural, entre otros. Entre los resultados obtenidos en ese período, destacaron que, en el año 2021, tres procesos internacionales tuvieron resoluciones parcialmente favorables para el Estado ecuatoriano, hubo una solución amistosa y un resultado desfavorable.Ahora para el nuevo procurador los expertos consideran que es primordial que se impulse con más fuerza la Ley de Repetición y que se proponga cumplir el rol proactivo que tiene esta autoridad del Estado, para además de la defensa nacional y arbitraje combatir la corrupción. (I)

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