El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolverá si acepta o no ocho impugnaciones ciudadanas que se presentaron en contra de los tres integrantes que componen la terna que propuso la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se elija a su vocal en el Consejo de la Judicatura (CJ) y que será quien presida dicho organismo.
El Consejo de Participación Ciudadana trabaja contra reloj para designar a esta autoridad, debido a que el próximo 3 de enero arrancará la campaña electoral para los comicios del 5 de febrero del 2023, por lo que cinco de sus siete consejeros se ausentarán, pues aspiran a la reelección en el cargo.
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Los vocales María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo solicitaron licencia sin remuneración desde este 3 de enero hasta febrero próximo para promocionar sus postulados en la campaña electoral; mientras que David Rosero y Javier Dávalos se encontraban de vacaciones y esperaban formalizar la solicitud en las últimas horas.
En ese contexto, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, agilita los procesos para designar a esta autoridad, pues desde el martes próximo no contará con Rivadeneira, Bravo y Estupiñán para formar el bloque de mayoría.
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Al contrario, solicitó a la Asamblea Nacional —que retomará sus actividades este 2 de enero, luego de su vacancia legislativa— que posesione a dos consejeros suplentes para poder conformar el pleno y continuar con el trabajo institucional.
Con esta coyuntura política, la Corte Nacional de Justicia está a la espera de que se designe a su vocal en la Judicatura, para lo que postuló a Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, para que participen en el proceso de selección.
Wilman Terán es juez encargado de la Sala Civil y Mercantil y de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Mercedes Caicedo es jueza encargada de la Sala Penal. Y Luis Rivera es juez titular de la Sala de lo Penal. Todos son parte de la Corte Nacional de Justicia.
Este 29 de diciembre concluyó el plazo de tres días para que la ciudadanía los objete en caso de que conozcan hechos que demuestren falta de probidad e idoneidad para ejercer el cargo, o si incumplen requisitos o están incursos en inhabilidades. En total, se presentaron ocho objeciones.
El equipo técnico, conformado por funcionarios del CPCCS, conoció la mañana de este 30 de diciembre los ocho expedientes. Ahora elaboran un informe en el que se determine si cumplen los requisitos legales para ser admitidos a trámite; de ser así y si el pleno lo aprueba, se convocará a audiencias públicas para sustanciar dichas impugnaciones.
Entre los impugnantes está el ciudadano Máximo Campoverde Balcazar, quien objetó a Wilman Terán por falta de probidad, pues estaría demandado ante un Tribunal Contencioso Administrativo por supuestamente “dar paso a un juicio de nulidad de sentencia de daños y perjuicios”.
Otra impugnación la presentaron Sonia Calispa Ramos e Iván Freire Acuña en contra de Luis Rivera, porque han determinado “una presunta conducta indebida recurrente en sus actuaciones y fallos que han sido motivo de denuncia pública y preocupación ciudadana”.
Alegan que las actuaciones del magistrado generaron “descrédito de la Función Judicial, ineficacia jurídica, ineficiencia social, indefensión”, entre otros señalamientos; y piden que se convoque a audiencia en la que el candidato rinda cuentas de sus fallos, exhiba su declaración de bienes y justifique su patrimonio de más de $ 1 millón.
El candidato a ser vocal del CPCCS Óscar Ayerve, como presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco, también impugnó a Luis Rivera por falta de probidad, porque en el trámite de un proceso de peculado “dejó libres y sin condena a personas que atentaron a la economía del país al aceptar un recurso que carecía de fundamento”.
Pide al Consejo que convoque a audiencia para sustanciar la objeción como un mecanismo de “control social y rendición de cuentas”, y que el impugnado revele su declaración jurada de bienes y el pago del impuesto a la renta.
A la postulante Mercedes Caicedo la impugnó, por falta de probidad, Máximo Campoverde Balcazar, porque como jueza del Tribunal de Garantías Penales de Babahoyo (Los Ríos), junto con otros magistrados, emitió una sentencia en un caso de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que condenó a 17 años de prisión a dos personas, cuando la pena máxima, según el impugnante, era de 13 años.
La jurista Angélica Porras, como parte del colectivo Acción Jurídica Popular, objetó a Terán, Caicedo y Rivera por la misma razón: porque su posible designación generaría un “conflicto de intereses al tratar de presidir un organismo (Consejo de la Judicatura) que va a controlar sus propias actuaciones y las de sus compañeros”.
En las impugnaciones individualizadas, Porras reproduce el argumento: “Le va a resultar difícil evaluar y sancionar a sus amigos y compañeros de la Corte Nacional de Justicia y al mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia, quienes además los designaron como miembros de la terna”.
Andrés León Solano, como vicepresidente de la Asociación de Víctimas del 30 de Septiembre 30S, impugnó a Terán por falta de probidad e idoneidad, acusándolo de haber condenado a dos miembros de la Policía Nacional a un año de prisión, lo que los dejó en el desempleo y perjudicó a sus familias.
La sesión para resolver si se admiten estas impugnaciones se convocó para las 22:00 de este 30 de diciembre.
Si no se califican los cuestionamientos, está previsto que el próximo lunes, 2 de enero, se convoque a la audiencia pública para que los tres nominados expongan sus propuestas de plan de trabajo de llegar a ser vocal del CJ. En esa misma jornada se definiría a la nueva autoridad.
De acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, el vocal delegado de la Corte Nacional de Justicia será quien presida el Consejo de la Judicatura. Los otros cuatro vocales provinieron de ternas enviadas por la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional. (I)