‘Camisetazos’ aumentan en la Asamblea Nacional y la reforma que busca sancionarlos sigue a la espera de segundo debate

Este último fin de semana se produjeron cinco cambios más de legisladores, conocidos también como ‘camisetazos’, en los bloques de la Asamblea Nacional que afectaron principalmente al movimiento Construye y engrosaron las filas de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).Estos casos de separación de un asambleísta de la organización política que auspició su candidatura no implican una sanción actualmente, pero en la Asamblea Nacional existe un proyecto de ley que está a la espera de ir a segundo debate y que para estos casos propone la expulsión, aunque esta no se aplicaría para los casos registrados antes. Con los últimos camisetazos registrados, Construye se quedó con 17 legisladores; en noviembre pasado inició el periodo legislativo con 29 curules .De acuerdo con el PSC, pasaron a sus filas Sofía Sánchez, Gissela Molina, Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, quienes formaban parte de Construye y Gente Buena.Mientras, según Construye, al oficialismo pasaron Francisco Cevallos y Alexandra Castillo. Sin embargo, Castillo asegura que se mantiene como independiente desde el pasado 22 de mayo cuando decidió separarse de la lista 25. La desafiliación de un asambleísta de la organización política que auspició su candidatura se denomina “transfuguismo político”, pero es más conocido como “camisetazo”, actualmente no es sancionado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), pero existe un proyecto de ley en trámite en el que se plantea una sanción para estos casos y que está a la espera de pasar a segundo debate. El informe para segundo debate tiene un plazo máximo de 90 días, que se cuentan desde el 14 de mayo cuando se recogieron observaciones en el pleno del Legislativo y que se están discutiendo y adecuando en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La legisladora socialcristiana Dallyana Passailaigue comentó a este Diario que el texto del segundo informe debería estar listo para conocerse “en el transcurso de junio o máximo en la quincena de julio”.La reforma que abarca los “camisetazos” es al artículo 115, el cual trata de la cesación de funciones de los asambleístas. Actualmente, la norma contempla siete causales: terminación del periodo para el que fueron electos, renuncia, destitución conforme el trámite previsto en la ley, revocatoria del mandato, sentencia penal condenatoria ejecutoriada, abandono del cargo y muerte.A estas se sumaría una nueva causal con la que se busca expulsar del Parlamento a quienes se desafilien y protagonicen los llamados “camisetazos” , que se dan en las bancadas de la Asamblea Nacional.Jorge Peñafiel, representante de Construye, exhorta al Legislativo a diferenciar los sentidos sobre la desafiliación al partido o movimiento político que auspició su candidato como causal para destitución de los asambleístas, ya que desafiliación no es lo mismo que dejar la bancada con la cual iniciaron la Asamblea Nacional. “Lo uno tiene que ver con el derecho de participación de los sufragantes que votaron por esa opción electoral y si se desafilia un asambleísta tiene que ser por una razón objetiva y no necesariamente tiene que ser sancionado por la Asamblea Nacional. Pero otra cosa son aquellos asambleístas que ya decidieron formar una bancada dentro del Legislativo en el principio del periodo, en el momento que deciden ser de una bancada no deberían poderse cambiar de bancada o dejar la bancada”, describe Peñafiel.Peñafiel considera que el anuncio de las cuatro asambleístas de Construye por parte del PSC constituye precisamente un cambio de bancada, por tanto, plantea que la reforma debería apuntar a sancionar esa conducta al menos con unos 90 días de ausencia sin sueldo del asambleísta , aunque no descarta que deba ser sancionado con la destitución.Para Jonathan Parra, del movimiento oficialista ADN, esta reforma merece ser analizada “sin odios ni el calor de los momentos políticos”, ser analizado su argumento por el cual se desafilia un asambleísta o en un segundo escenario si es expulsado de las filas de su bancada.“La pregunta que debemos hacernos es: ¿un asambleísta debe obedecer todo lo que se ordene en su partido, incluso cuando esa decisión choque con sus principios como persona? ¿Esta objeción de conciencia debe ser respetada o es causal de expulsión?”, desliza Parra.“Ahora, si notan, la causal de cesación indica “por desafiliarse”, pero ¿y si el partido es quien lo expulsa? Es un tema a analizar. Finalmente, la discusión central vuelve al tema de los valores y principios que se debe tener en la política, por eso, la reforma debe ser debatida más allá de la legalidad”, agrega Parra, de ADN. (I)

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