Bancadas legislativas reaccionan al planteamiento del presidente Noboa de eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas

Las primeras reacciones de los asambleístas de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC) y Construye son ponderadas frente a la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar aquellos artículos que hoy permiten que el Estado financie a los movimientos y partidos políticos.Las tres organizaciones políticas, que sumadas superan los 80 votos en la Asamblea Nacional, coinciden en que primero debe haber un análisis de fondo antes de definir una posición como bancada.Lo planteado por el primer mandatario tomó de sorpresa a quienes hoy representan a los movimientos y partidos políticos en el Parlamento. En tanto que la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que supera los 30 votos, emitió voces de respaldo.El pasado viernes 20 de septiembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, propuso reformar los artículos 110 y 115 de la Constitución, retirándole al Estado la responsabilidad de financiar el funcionamiento de partidos y movimientos políticos y la obligación de financiar la difusión de su publicidad electoral. La propuesta fue remitida a la Corte Constitucional para un pronunciamiento previo, y de ser viable, pasaría a la Asamblea Nacional para que en dos debates se apruebe con 70 votos, y finalmente sea ratificado por los ciudadanos en un referéndum. La pregunta que remitió a la Corte Constitucional es la siguiente: Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? El anexo señala: Sustitúyase el artículo 110 de la Constitución de la República por el siguiente: “Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes.El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos”. Sustitúyase el artículo 115 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente: “Art. 115.- El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate.Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de gobierno, para la campaña electoral.La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral”.E l legislador Blasco Luna, representante de Cañar por el movimiento Revolución Ciudadana, consideró que el planteamiento del Ejecutivo es un distractor y una propuesta “demagógica en su desesperación por no atinar en la administración del país, pues ahora se habla de que los apagones serán de mayor número de horas, y no le resultó como él esperaba la propuesta de las bases extranjeras”.Explicó que los recursos que otorga el Estado para la promoción electoral no llegan a los candidatos, sino un fondo que se utiliza para lo que es pauta publicitaria y al final, no se entregan recursos en gran cantidad a los candidatos. Respecto de los recursos que ingresan, el Consejo Nacional Electoral queda debiendo en exigir a las organizaciones políticas que no alcanzaron un mínimo de votación, devuelvan los recursos.Luna señaló que este tema del financiamiento de los partidos y movimientos políticos por parte del Estado debe ser discutido en otro momento y no en tiempos de precampaña, y además se debe introducir un elemento más de que los candidatos que tengan o sean accionistas de empresas que tengan deudas con el Estado no puedan asumir una candidatura; pues “el actual presidente de la República, siendo socio y parte de las empresas Noboa, debe al Estado $ 90 millones y no paga un solo centavo”. El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, indicó que la discusión de este tema es interesante, pues hay que volver a analizar por qué el Estado ecuatoriano giró hacia el modelo de que el Estado financie a los movimientos y candidatos, y precisamente para evitar el financiamiento indebido durante la campaña electoral.Esta reforma planteada desde el Ejecutivo, que es interesante, debe ser debatida, discutida y tiene que venir acompañada de una reforma al sistema de partidos. Además, debe haber claridad sobre lo que será en adelante el mecanismo de financiamiento y rendición de cuentas que tiene que ser muy prolijo, porque se está eliminando la capacidad de recibir de manera regular ingresos del Estado y, asimismo, se abre la puerta al libre financiamiento privado, se debe determinar el cómo, el monto y las auditorías que deben aplicarse, y en definitiva aplicar filtros.El representante del Guayas manifestó que necesariamente se deben aplicar filtros por el momento complicado que vive el país sobre la interferencia de grupos de delincuencia organizada en el activismo político. Hay que tener extremo cuidado, para evitar que al abrir financiamiento deje de ser una carrera democrática, de conceptos y de tesis, y se vuelta a una competencia económica. Jorge Peñafiel, asambleísta por Pichincha en el bloque Construye , indicó que la propuesta de reforma constitucional a los artículos 110 y 115 hecha por el Gobierno aún no se discute en el bloque, pero en principio consideró que es una nueva medida con el objetivo de reposicionarse electoralmente y una nueva forma de hacer campaña.La bancada de Construye espera analizar el tema este fin de semana, aunque según Peñafiel, sí han existido abusos de parte de los partidos políticos de los fondos partidistas y de las franjas publicitarias; pero, por otro lado, de alguna manera se ha permitido la proliferación de partidos y movimientos. (I)

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