Bancada correísta activa dos comisiones permanentes para fiscalizar al gobierno de Daniel Noboa

A cinco semanas de las elecciones presidenciales para la segunda vuelta, del próximo 13 de abril, la bancada legislativa de oposición Revolución Ciudadana (RC) activó tres procesos de investigación en dos comisiones legislativas permanentes donde posee mayoría, cuyos temas, según algunos legisladores, podrían llegar a incomodar al gobierno de Daniel Noboa.

Los temas que se imponen desde la agenda de fiscalización de la Revolución Ciudadana corresponden a los casos Petronoboa; el segundo, las supuestas irregularidades en la adquisición de chalecos para las Fuerzas Armadas; y, la tercera investigación se refiere al proceso de concesión del campo petrolero Sacha. Sobre estos procesos, las Comisiones de Seguridad Integral, Comisión de Justicia y de Fiscalización, se disputan el trámite.

La investigación de los casos Petronoboa, que se refiere a la compra y comercialización de derivados de Petróleo, según los denunciantes de RC, la empresa sería de propiedad de Santiago Noboa, hermano del primer mandatario, quien habría recibido facilidades para los permisos para la comercialización de combustibles y sospechan de tráfico de influencias.

La Comisión de Seguridad Integral presidida por Inés Alarcón (ADN), investiga desde el 19 de julio de 2024, los casos sobre presunta comercialización ilegal de combustibles y este 5 de marzo de 2025 se intentó ampliar la investigación respecto a nuevas denuncias y para ello, se planteó desde la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), una resolución pero no hubo los votos y tampoco se aprobó una moción presentada por el sector de Revolución Ciudadana (RC), para archivar el caso considerando que la investigación lleva siete meses.

Este mismo caso intenta investigar la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presidida por el asambleísta, Fernando Cedeño (RC), donde incluso ya se hizo algunos llamados de autoridades del Estado, pero éstas no asistieron. En un comunicado de prensa, la mesa anuncia que insistirá en la comparecencia de la Ministra de Energía y Minas; del Director Ejecutivo de la ARCH, el Secretario General de Integridad Pública, el Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), y advirtió que si otra comisión legislativa permanente pretende, a la par, iniciar un proceso de fiscalización por estos casos, en los que ha prevenido legalmente la Comisión de Justicia, estaría incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 26 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incurriendo en una falta grave conforme a lo establecido en el Artículo 170 numeral 4 de la citada ley.

La misma Comisión de Justicia también entró a fiscalizar la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas, cuya denuncia apunta a supuestas irregularidades en la contratación con una proveedor que en el 2024 habría sido declarado incumplido y que el equipamiento no cumpliría con las especificaciones técnicas que indican el contrato.

La investigación de este caso se disputa con la Comisión de Soberanía e Seguridad Integral presidida por la oficialista, Inés Alarcón. Los dos han llamado a comparecer a las mismas autoridades, y se han realizado las consultas jurídicas necesarias para definir quien continúa con el proceso de fiscalización tomando en cuenta que el reglamento interno de las comisiones no permite que dos comisiones investiguen un mismo caso.

La Comisión de Seguridad Integral, mediante un comunicado de este 5 de marzo, asegura que “en las últimas semanas hemos evidenciado que una mesa legislativa de mayoría correísta con claros intereses electorales han pretendido iniciar procesos de fiscalización que ya se siguen en la Comisión de Seguridad, incumpliendo la ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 26, numeral”. Esto en referencia al proceso de adquisición de chalecos y cascos para militares del Ejército Nacional, y afirma que el 26 de febrero pasado ya se convocó al ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, sobre este caso.

El tercer proceso de fiscalización se refiere a la concesión del campo petrolero Sacha, donde el oficialismo defiende el proceso para delegar la operación del campo petrolero Sacha destacando dos aspectos: no es una privatización y el país necesita los $ 1.500 millones que el Estado recibirá de entrada por la adjudicación. En cambio, el sector del correísmo afirma que supuestamente es un atraco.

El asambleísta oficialista, Adrián Castro (ADN), considera que todos los temas que lleva el correísmo a la Asamblea Nacional tiene la intención, de alguna manera, de socavar la imagen del gobierno y obedece a una agenda politiquera, electorera propia de RC, en época en donde saben y tienen los números de que el presidente Daniel Noboa a la fecha, está con cinco puntos arriba del correísmo y eso es lo que les preocupa.

Manifestó que los tres temas que el correísmo quiere implementar como agenda legislativa ya fueron tratados por otras comisiones como Seguridad Integral, incluso dijo que en el caso compra de chalecos para las FFAA, el Ministro de Defensa ya compareció y rindió su versión del caso. Lo mismo sucedió en el caso Petronoboa.

“Lo que pretenden los de la RC, es salirse con la suya, pasarse la ley por el arco del triunfo y querer posicionar este tipo de constructos dejando la tela de duda en el ambiente porque a la fin las saben que todo lo que están promoviendo a través además de medios que son afines a ellos quieren colocarlos en el imaginario de la gente. Eso es todo”, subrayó.

Respecto a la investigación de estos temas deberían poner las respectivas denuncias ante a Fiscalía del Estado si dicen tener pruebas, para que ésta actúe.

Respecto al campo Sacha, la investigación se mantiene en la Comisión de Fiscalización, pero según el asambleísta, Adrian Castro (ADN), que pongan la denuncia en la Fiscalía. Pues afirmó que el propio gobierno pidió el examen especial a la Contraloría General del Estado, pues insistió que el campo Sacha sigue siendo, que nadie lo ha vendido, nadie lo ha regalado. “Es un proceso de concesión como muchos procesos que hoy existen”, aclaró.

Leonardo Berrezueta, legislador de la bancada Revolución Ciudadana (RC), señaló que es indiscutible que los tres temas en discusión golpean al gobierno, porque es inevitable pretender desde las instancias de control tapar la corrupción que existen en el régimen. Todos estos casos demuestran un supuesto tráfico de influencias.

Berrezueta dice que la Comisión de Fiscalización hace su trabajo, y que la Comisión de Justicia avocó conocimiento del caso Petronoboa, donde se habrían cometido varios delitos y señaló que la Comisión de Seguridad, lamentablemente, su presidenta quiere de alguna manera tapar al gobierno estos temas de corrupción.

El legislador de RC, dijo que los temas que resultan incómodos para el gobierno evidentemente no se conocen en las comisiones que presiden legisladores de ADN, pero que como abogado sabe que el Código Penal señala que cualquier funcionario público, conociendo actos de corrupción, y no lo denuncia puede convertirse en cómplice, como el caso Petronoboa, donde presuntamente se habrían cometido varios delitos. (I)