La presidencia de la Asamblea Nacional aclaró que el pedido de juicio político en contra de los involucrados en el caso Liga2 no se aprobó porque no alcanzaron cuatro de los siete votos de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo que la presidenta Viviana Veloz “no dirimió”.
La Función Legislativa divulgó, la tarde de este 1 de abril, la certificación de una sesión del Consejo de Administración Legislativa que se produjo el domingo, 30 de marzo de 2025, en la que se resolvió sobre un pedido de juicio político planteado por la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) a la vocal en funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz López y, los tres exconsejeros —destituidos de sus cargos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)—, Augusto Verduga Sánchez, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos.
La certificación se divulgó dos días después de producida la plenaria del CAL para detallar la votación de los miembros del CAL que archivó el enjuiciamiento a Bonifaz, Verduga, Franco y Saltos, que se da a raíz de que son procesados por un delito de asociación ilícita que está en investigación de la Fiscalía General del Estado.
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El 30 de marzo, el CAL había conocido el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que recomendó no admitir a trámite la solicitud porque no cumplió con los requisitos legales, como es contar con 35 firmas de respaldo de los asambleístas.
Al contrario, se presentó con las firmas de 32 legisladores. ADN ingresó un alcance adjuntando las tres firmas que les faltaban, pero finalmente, no hubo los votos para ser calificado.
El legislador Diego Matovelle (ADN) había planteado la moción de dar paso a la solicitud, al subsanarse el requisito.
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Al momento de votar, hubo tres abstenciones: las legisladoras correístas de la Revolución Ciudadana (RC), Esther Cuesta y Viviana Veloz a la que se les sumó Alexandra Castillo (antes de Construye y hoy PSC).
Los asambleístas Jorge Aicaturri (PSC) y Eckenner Recalde y Matovelle de ADN votaron a favor.
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Sobre el legislador del PSC, Otto Vera, se conoció que no habría participado de esta reunión y, el oficio publicado por la Legislatura solo habla de seis votos: tres abstenciones y tres a favor, por lo que no hubo los cuatro votos de mayoría.
La mañana de este martes, el asambleísta socialcristiano, Jorge Aicaturri, contó que durante la sesión hubo una moción de reconsideración de la votación (se desconoce quien planteó esta moción), pero el tema no pasó.
“No hubo los votos. Hubo tres votos de Recalde, Matovelle y el mío. Y tres en contra, de la presidenta Veloz, de Cuesta y de la asambleísta Castillo y el voto dirimente de la presidenta al estar tres a tres”.
Con lo que finalmente, no pasó el pedido de enjuiciamiento a los tres actores políticos que son investigados por asociación ilícita, tras una primera denuncia que presentó el titular de la Superintendencia de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald.
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Romero denunció a Bonifaz, Verduga, Franco y Saltos porque en una sesión del 22 de enero de 2025, los consejeros formaron una mayoría y aprobaron una resolución con la que ratificaron a Raúl González Carrión como superintendente de Bancos, pese a que su designación fue anulada en la justicia ordinaria mediante acciones de protección.
Lo pusieron en lugar de Roberto Romero, que fue designado en diciembre de 2024 por el pleno del CPCCS.
La Fiscalía General allanó las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y se incautó de los teléfonos celulares de Augusto Verduga, en los que se detectó información que configuraría posibles delitos de corrupción y conversaciones en las que es mencionada la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz y otros líderes de la Revolución Ciudadana, como el expresidente Rafael Correa. (I)
