Los delegados de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), SUMA, Unidad Popular y Pachakutik serán los que definan cuándo estará el informe para primer debate de la reforma parcial a la Constitución para establecer bases militares extranjeras en el país, y no el 18 de diciembre próximo, como lo plantea el sector de Gobierno.
La comisión ocasional para el trámite de la reforma parcial a la Constitución presidida por la correísta Gissela Garzón se tomará su tiempo para aprobar el cronograma de trabajo y definir la lista de los que serán invitados a debatir en la mesa, y recién el miércoles 20 de noviembre esperan conocer y aprobar el cronograma.
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El pasado 17 de octubre, mediante Decreto Ejecutivo 425, el presidente de la República, Daniel Noboa, ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, luego que la Corte Constitucional determinó que la modificación se podría tramitar vía reforma parcial.
El Ejecutivo busca eliminar una parte del texto del artículo 5 de la Constitución, y el enunciado es el siguiente: “No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
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El presidente Noboa en la reforma plantea que el artículo 5 de la Constitución únicamente conste de la siguiente frase: “El Ecuador es un territorio de paz”.
Discusiones
En la segunda sesión de la mesa ocasional, realizada este 18 de noviembre, la delegada del Gobierno, Nataly Morillo (ADN), presentó una moción para que el informe para primer debate de esta reforma parcial a la Constitución se apruebe y se remita a la Presidencia de la Asamblea el 18 de diciembre próximo.
Una vez instalada la sesión, la presidenta de la comisión ocasional, Gissela Garzón (RC), planteó un cronograma de trabajo y comparecencias donde se incluye que el informe para primer debate estaría listo el 17 de enero de 2025, de conformidad con lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Garzón puntualizó que el proyecto es fundamental y no es una reforma legal cualquiera: se trata de reformar la carta magna y, por lo tanto, demanda un rigor técnico. Que la comisión abordará el tema con seriedad, y que el cronograma de trabajo incluye la presencia del Gobierno a través del frente de seguridad, e incluye la presencia de sociólogos, académicos, constitucionalistas y expertos en derecho internacional. No es una simple revisión de texto, afirmó.
Aclaró que el pleno de la Asamblea el 30 de octubre integró la comisión y desde entonces se avanzó en los pasos administrativos para poderse instalar y, por lo tanto, el plazo de hasta 60 días para presentar el informe empieza a correr desde el 18 de noviembre.
El vicepresidente de la mesa, Rafael Dávila (SUMA), manifestó que el cronograma planteado por la presidenta de la mesa establece un plazo prudencial para el tratamiento del tema, pero se presenta un inconveniente porque algunos asambleístas miembros de la mesa tienen que pedir licencia en enero de 2025, porque están participando en la nueva campaña electoral; por lo tanto, pidió que se abrevie la presentación del informe unos quince días antes del 17 de enero, que el informe esté aprobado antes del 5 de enero.
Dijo que es de su interés dejar aprobando el informe para primer debate antes de que se produzca la licencia por campaña electoral.
La legisladora Nataly Morillo (ADN) argumentó su propuesta de cronograma para el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución y anunció que el Gobierno aportará conceptualmente con evidencias de buenas prácticas en materia de las bases militares extranjeras y por qué se necesitan en el país.
Explicó que existe un techo para presentar el informe para primer debate, pero también hay un plazo mínimo de treinta días tomando en cuenta que habrá expertos en seguridad, defensa e inteligencia, ministros, exministros, expertos y académicos para que el proyecto sea tratado con la celeridad y el ordenamiento jurídico adecuado.
Dijo que la propuesta de presentar el informe para primer debate en treinta días toma en cuenta los tiempos de los comicios electorales y además los costos de un proceso electoral; por ello, dijo que el acortar los plazos permitiría que la consulta popular sobre esta reforma parcial se podría hacer coincidir para la segunda vuelta electoral presidencial, con lo cual se ahorrarían al país alrededor de $ 60 millones.
Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, manifestó que el tema de las bases militares extranjeras no es superficial ni accesorio; en todo caso, dadas las circunstancias, es muy importante que se puedan ahorrar los recursos necesarios por parte de la caja fiscal, de tal manera que el país no se vea abocado a ir nuevamente a elecciones luego de una segunda vuelta electoral.
También dijo que es necesario que se tramite la reforma de la manera más rápida posible, considerando que esto no puede ser usado con objetivos electorales; porque, si es así, el pueblo ecuatoriano estaría siendo engañado o al menos confundido, porque aún no se sabe quién irá a la segunda vuelta y, como van las cosas, posiblemente ni siquiera el presidente de la República, Daniel Noboa, pueda estar en esa posibilidad.
Sofía Sánchez, de la bancada del PSC, indicó que la mesa no está tratando cualquier reforma; por lo tanto, no se puede decir que esta se apruebe en treinta días como manda la ley, sin especificar una hoja de ruta que permita tener un análisis completo de todos los detalles de lo que significa el planteamiento de reforma constitucional.
Indicó que desde el Ejecutivo se quiere posesionar como si esta reforma sería la salvación al problema de inseguridad que vive el país, y eso no es verdad, porque la presencia de bases militares extranjeras sería un complemento que podría ayudar en temas de tecnología y cooperación internacional, donde también debería tener sus lineamientos y límites. Dijo que no se puede usar esta reforma para un fin electoral.
Tras el debate, la presidenta de la mesa, Gissela Garzón, sintetizó que una vez que se apruebe el cronograma se convocará al frente de seguridad y se incluirá en la convocatoria a un delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Dispuso que los equipos técnicos de los miembros de la comisión se reúnan y se recojan las propuestas realizadas por los legisladores, y que en la siguiente sesión, que sería el 20 de noviembre, se apruebe el cronograma de trabajo y comparecencias. (I)