La Asamblea Nacional, presidida por la correísta Viviana Veloz, aplazó el trámite de una resolución planteada desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que busca el apoyo político a la gestión estatal para ampliar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y permitir la cooperación internacional en temas de seguridad.
El debate sobre este tema fue incluido en la agenda de la sesión plenaria 1012, de este 19 de febrero de 2025, pero Veloz dispuso que la resolución será tratada como quinto y último punto del orden del día. La sesión legislativa que se instaló a las 10:30 se suspendió a las 12:00 y se anunció que se reinstalarían a las 15:00.
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La bancada ADN, en una rueda de prensa, explicó el alcance que tendría la resolución, donde básicamente sería un apoyo político de la Asamblea Nacional hacia la gestión del Gobierno en materia de lucha contra la delincuencia organizada que permitirá la participación de fuerzas especiales extranjeras en territorio nacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado.
El legislador Ferdinan Álvarez (ADN), proponente de la resolución, explicó que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha combatido el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, pero es el momento que estos organismos requieran ayuda extranjera. Para ello, el legislador reveló que el presidente Daniel Noboa remitió un comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores con disposiciones directas para que inicie conversaciones con diferentes países para recibir la cooperación.
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La asambleísta Valentina Centeno, de la bancada oficialista ADN, indicó que la resolución planteada por la bancada se enmarca en otra medida, adicional a la planteada como reforma al artículo 5 de la Constitución, que permita al Gobierno establecer alianzas militares y la posibilidad de tener a fuerzas especiales de países aliados en el Ecuador.
Aclaró que esto es plenamente constitucional, implica una negociación con países aliados, para que luego la Asamblea Nacional ratifique dicha negociación y esas alianzas militares puedan ser una realidad, y aclaró que eso no implica intromisión en asuntos internos y tampoco implica “venir a poner bases militares extranjeras en Ecuador, sino la cooperación a través de fuerzas militares de países aliados con las fuerzas del orden en el Ecuador, para poder enfrentar al crimen organizado transnacional, pues ya no son grupos delictivos locales, sino que trascienden la frontera”.
El documento que será sometido a debate en el pleno contiene cinco puntos y busca apoyo del Legislativo para ampliar más allá de las fronteras la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, a través de la cooperación internacional en áreas como seguridad, desarrollo, rehabilitación y reinserción social; fortalecimiento del sistema penitenciario, judicial y seguridad ciudadana; profesionalización del manejo de puertos; control aéreo, marítimo y fronterizo, y sistemas de alerta temprana e interdicción; seguridad digital y ciberseguridad, entre otros.
La bancada ADN propone reconocer como enemigos del Estado a los grupos delincuenciales identificados por las entidades competentes y que forman parte de los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el país, comprometiéndose la Asamblea Nacional a tipificar y desarrollar la normativa necesaria para sancionar y desarticular dichas organizaciones, en aras de consolidar el marco jurídico que garantice la seguridad, integridad y estabilidad institucional del país.
Además, la Asamblea Nacional se compromete a coadyuvar en la ratificación de convenios y acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad, que se gestionen por los canales diplomáticos con otros países y organismos internacionales, para el ingreso a nuestro país de fuerzas especiales que contribuyan al intercambio de información, asistencia técnica y capacitación y demás mecanismos efectivos para enfrentar a los miembros y estructuras de los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el Ecuador, sin que esto faculte la injerencia de otros Estados en asuntos internos.
La bancada oficialista ADN madrugó a los miembros de la Revolución Ciudadana, quienes improvisaron una reunión de bancada antes de entrar al pleno para votar por el texto planteado desde el Gobierno respecto a permitir la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.
La legisladora Paola Cabezas, de la bancada RC, comentó que para aprobar el texto de la resolución necesitan conocer algunos elementos importantes sobre los términos de la cooperación, tiempos y costos para el Estado y que esos convenios no riñan con lo que determina la Constitución.
Cabezas aclaró que la RC, en estos momentos, no está en condiciones de poner trabas a cualquier situación que permita contribuir a la seguridad del país; sobre todo, si hay aliados que quieran contribuir al combate al crimen organizado.
Su coidearia, Gissela Garzón, en cambio, afirmó que hay una contradicción en el planteamiento del Gobierno, porque la comisión ocasional para tramitar las reformas constitucional el mismo Gobierno señaló que necesita reformar el artículo 5 de la Constitución para obtener cooperación extranjera y que no había hablado con ningún Gobierno, porque ese artículo era el problema; pero ahora resulta que no necesitaba de ese cambio constitucional.
El legislador Jorge Peñafiel anunció el respaldo desde la bancada Construye a la resolución planteada desde ADN, pues dijo que cualquier iniciativa que venga a apoyar la lucha contra el crimen organizado debe ser aprobada, pero que se tienen que realizar ciertas consideraciones como la constitucionalidad de traer fuerzas extranjeras al territorio ecuatoriano; por lo tanto, advirtió que este apoyo no será “una carta en blanco” para el Gobierno.
Jorge Acaiturri Villa, que pertenece a la bancada del Partido Social Cristiano, también anunció el respaldo a la resolución planteada por ADN, porque es urgente la necesidad de cooperación internacional para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional; pero se debe garantizar el respeto a los derechos humanos y el sometimiento a las leyes y Constitución del Ecuador. (I)