Asamblea Nacional echa tierra a las reformas al COIP y espera proyectos del Ejecutivo para reglar lo aprobado en consulta popular

La Asamblea Nacional no se instalará para concluir la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), suspendida el 15 de febrero pasado. El paquete de 86 reformas quedará ahí y se archivará una vez transcurrido el plazo de 60 días. Para el Parlamento prevalecerán los resultados de la consulta popular del pasado 21 de abril impulsada por el presidente Daniel Noboa.El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, afirmó que no volverá a convocar para tratar la continuación de la sesión No. 900, suspendida por falta de quórum y votos. La urgencia será tramitar los textos que permitirán plasmar la aprobado en el plebiscito.Kronfle aseguró que no hay consenso sobre las 86 reformas al COIP, por lo tanto, “quedarán ahí”. Según él, la mejor vía para alcanzar cambios a la norma penal es la consulta, por lo tanto, esos cambios prevalecerán sobre el proyecto que quedó trunco. La Asamblea Nacional, en adelante, estará más enfocada en ejecutar los temas aprobados en la consulta, porque no hay escenarios favorables para votar las reformas al COIP.Las distintas bancadas legislativas se pronuncian con cautela sobre un respaldo político en la Asamblea a las reformas que podría remitir el Ejecutivo para reglar lo aprobado en las urnas el 21 de abril. Esperan conocer el contenido antes que anticipar un apoyo. La coordinadora del bloque de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno , tras calificar de triunfo electoral lo alcanzado en las urnas el domingo, habló de que el Ejecutivo tiene listos los proyectos de ley que recogerán los resultados de la consulta popular, y que el Parlamento tendrá que aprobarlos en 60 días como consta en los anexos.Centeno se reunió con el presidente de la Asamblea para hablar sobre el mecanismo para el procesamiento de los proyectos y definir las comisiones que tramitarán las iniciativas del Ejecutivo respecto a las reformas al COIP y a la ley de Extinción del Dominio. La representante del gobierno dijo que está segura que los legisladores entienden sus competencias y que jamás se podrían ir en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano.La legisladora Centeno aseguró que el presidente Noboa tiene preparados los proyectos y que solo esperan la proclamación de los resultados oficiales para remitirlos a la Asamblea.Para la oficialista los anexos de las preguntas de la consulta popular deben ser respetados y la Asamblea no puede irse en contra de ninguno de los conceptos ni de las premisas que constan en las preguntas y sus anexos, aunque dejó abierta la posibilidad de que se pueda agregar cosas y cualquier bancada puede aprovechar el momento e incluir ciertos textos represados en el Parlamento. Más allá de las diferencias y las fisuras con la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento Construye, Centeno manifestó que ahora es un nuevo momento de la Asamblea Nacional, donde la prioridad será reglamentar los resultados de la consulta popular, por lo dijo que está convencida que encontrarán un consenso técnico en el marco de la ley. Y para los demás temas tendrán que seguir encontrando mayorías móviles, aunque reveló que el Presidente de la República en el corto plazo no tiene pensado enviar nuevas leyes económicas al Parlamento. La bancada del Partido Social Cristiano (PSC), según su coordinador Vicente Taiano, aprovechará el trámite de las reformas que deberán aplicarse al COIP tras la consulta popular para incluir algunos textos que podrían rescatarse del proyecto que quedó pendiente de votación.Para ello, la bancada PSC tiene casi listo un proyecto con aquellos temas que no son parte del consulta popular y que bien podría ser aprovechados los tiempos para incluir otras reformas para dar más herramientas a los operadores de justicia para combatir la delincuencia. Consideró que las reformas al COIP, que venía tramitando el Parlamento, están totalmente caídas y que prevalecerán los textos que enviará el presidente, Daniel Noboa.Taiano dijo que sin duda las propuestas que debe enviar el Ejecutivo al Parlamento tendrán impacto en la agenda legislativa, pero de manera paralela el legislativo puede tramitar todas las demás reformas que esperan una aprobación.El representante del PSC advirtió que los conceptos de los temas de la consulta están claros, pero que los textos pueden tener modificaciones para bien, pero nunca en contra del mandato ciudadano. Consideró que se aprobarán las reformas, pero con algunos cambios. El representante del movimiento Construye, Camilo Salinas , dijo que su organización política tiene desde enero pasado una agenda legislativa que en contra de la delincuencia organizada, mafias e impunidad; por ello, esperan revisar la propuesta que remita el Ejecutivo sobre los temas que se aprobaron en la consulta popular.No hay duda que Construye analizará los proyectos que remita el Ejecutivo con los temas aprobados en la consulta popular y los apoyará en la medida de que se recoja los textos que la ciudadanía apoyó en las urnas como la extradición y la extinción del dominio. Los textos que se incluyan en el proyecto deben ser puntuales y honrar lo que se aprobó en las urnas, pues si cambian algo estaremos alertas para informar posibles “artimañas”.Salinas consideró que el mandato de las urnas registrado el domingo pasado prevalece antes que las reformas al COIP que estaban en trámite en la Asamblea, porque como bancada Construye planteó el archivo de ese proyecto al intentar beneficiar a la impunidad y al crimen organizado. Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, insistió que el presidente Noboa no tendría que hacer mayor esfuerzo, porque ya está en la normativa todo lo relacionado al papel de las Fuerzas Armadas en el control de armas y sobre la extinción de dominio.Comentó que Pachakutik pedirá que se someta a votación las reformas al COIP, cuya votación quedó suspendida en febrero pasado, aunque anticipó que no darán paso a la legislación sobre recursos de revisión y además permitir el acceso a la información de las indagaciones previas en acciones judiciales. (I)

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