La Asamblea Nacional no necesitaría desclasificar la reserva del contrato de adquisición de cascos y chalecos balísticos para la protección y seguridad del personal de las Fuerzas Armadas que ejecuta operaciones militares, para que la Contraloría General del Estado pueda realizar un examen al proceso de compra.

Esa tesis fue expuesta durante la sesión 113 de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de este 12 de marzo, cuando los asambleístas recibieron a la subcontralora de auditoría de la Contraloría del Estado, Gabriela Sulca, quien intentó sustentar el pedido formulado por el contralor general, Mauricio Torres, de que para realizar el proceso de auditoría se necesitaba desclasificar la información, y que solo sería para ese objetivo y que no se volvería público.

La lectura solicitada por el asambleísta Rafael Dávila (IND) del último inciso del artículo 191 del reglamento a la Ley de Contratación Pública referente de que confidencialidad o reserva de la información, descolocó a la delegada de la Contraloría.

El inciso señala: “La entidad contratante llevará un reporte confidencial de los datos de identificación del contratista, el monto contratado, y el resumen del objeto contractual, el cual estará a disposición permanente para consulta de la Contraloría General del Estado. En ningún caso la confidencialidad o reserva de la información será impedimento para que las autoridades de control ejerzan sus atribuciones y competencias”.

La Asamblea Nacional está convocada para este jueves 13 de marzo a las 17:30 a la sesión 1015, para conocer y resolver respecto al oficio suscrito por el contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, mediante el cual solicita desclasificar la información reservada, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante resolución de 26 de marzo de 2024, para el proceso de contratación de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Gabriela Sulca, ante los legisladores reiteró que para poder realizar un examen a la adquisición de chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas se necesita levantar la reserva. Mostró una línea de tiempo, en la cual se determina que el 11 de febrero de 2025, una ciudadana a quien la funcionaria no identificó, hizo un requerimiento de un examen y al día siguiente la Contraloría dispuso la verificación preliminar, y cinco días después emitió una orden de trabajo de verificación preliminar.

El día 28 de febrero, la Contraloría realizó un requerimiento de información al Ministerio de Defensa para poder emitir el informe de verificación preliminar, que el 6 de marzo el ministerio dio respuesta al requerimiento y argumentó que el contrato estaba clasificado como reservado, y señala que para la desclasificación se deben observar las disposiciones establecidas en el reglamento interno para la producción, clasificación, difusión, entrega, manejo y custodia y otros procedimientos para la documentación militar clasificada.

Con base en este pronunciamiento, la Contraloría a través del director jurídico efectuó un análisis de cómo se emitió la clasificación de reserva de la contratación, determinando que este procedimiento fue ejecutado bajo las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y además, se estableció que en el reglamento interno militar en su artículo 53 no se establece la condición de desclasificación de información reservada para fines de auditoría gubernamental.

Bajo el pronunciamiento del procurador jurídico de la Contraloría, se determinó que el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que la información considerada como reservada será desclasificada y se hará pública, y lo podrá hacer en cualquier momento de la Asamblea Nacional.

Por ello, el 10 de marzo, el contralor del Estado, Mauricio Torres, dirigió a la presidenta de la Asamblea Nacional la petición de desclasificación de la información para poder ejecutar la acción de control bajo las diferentes modalidades de autoría gubernamental. Esa sesión plenaria se prevé realizarse este jueves 12 de marzo.

El asambleísta Rafael Dávila argumentó que no es necesario que se desclasifique la información considerada por el Ministerio de Defensa como reservada por seguridad nacional, porque al declasificarse todo el proceso de contratación como las municiones que soportan los chalecos, dimensiones y más características técnicas cualquier ciudadano incluidas las personas vinculadas a delincuencia organizada y narcotráfico podrán acceder a las características del material adquirido para la protección de los militares en su combate al crimen organizado.

En la sesión Dávila preguntó a la subcontralora Gabriela Sulca que si mañana (jueves) la Asamblea Nacional no tuviera los 92 votos para desclasificar la información de este proceso, la Contraloría no podría auditar la compra de chalecos y cascos.

La funcionaria respondió: “La Contraloría podría auditar, efectivamente, porque existen otras disposiciones para poder desclasificar la información, y en este caso, quien clasificó la información fue el Ministerio de Defensa, quien también puede desclasificar”.

Dávila reformuló la pregunta: “Si el Ministerio de Defensa no desclasifica la información, la Contraloría General del Estado no podría auditar este proceso”.

La subcontralora Sulca respondió: “Conforme las disposiciones de la ley orgánica de Transparencia, no podríamos auditar porque está declarada como reservada”.

Eso llevó al legislador representante de Loja a sugerir que se haga una consulta al procurador general del Estado; y además explicó que el fin de pedir la desclasificación es que la información pueda ser conocida por el público, pero no es el caso para la actuación de la Contraloría del Estado, porque evidentemente en este proceso hay fondos públicos y eso tiene que ser auditados reservados o no.

La legisladora Sandra Rueda, del movimiento Construye, consultó cuál es la ciudadana que pidió el examen, pero la funcionaria se negó a revelar el nombre y que se guarda la confidencialidad, pero dijo que no representa ninguna entidad.

Rueda preguntó que si al desclasificar la información de un proceso que está fundamentado en la seguridad nacional tendrían acceso quienes son parte de los grupos de delincuencia organizada.

La funcionaria de la Contraloría afirmó que “la desclasificación no implica que efectivamente se desclasifique la información y se vuelva pública, lo que estamos pidiendo como Contraloría que se desclasifique para que se pueda ejecutar la acción de la autoría gubernamental”.

Eso llevó a intervenir al legislador Rafael Dávila para aclarar que en ninguna parte de la ley consta que la desclasificación de una información reservada solo sirve para ejecutar una auditoría por parte de la Contraloría; cuando el mismo artículo 18 al que se refiere la Contraloría señala que “la información considerada como reservada se desclasificara y será pública; es decir, esto no es solo para que pueda actuar la Contraloría”, apuntó Dávila.

El legislador insistió que dada la connotación que tiene la lucha contra el crimen organizado, considero que no es de interés público que esto por ahora sea de conocimiento público, porque hay información técnica que se reveló en sesión reservada, pero la justificación de que sea reservada tiene una connotación muy fuerte en la estrategia y acciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado; por lo tanto, la información no puede ser pública, por ahora. “No existe esa acción de que sea desclasificada solo para conocimiento de la Contraloría”, insistió Dávila. (I)