La amnistía tributaria y el reperfilamiento de la deuda del Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central del Ecuador (BCE) hasta por 30 años, que son parte del proyecto de ley de carácter económico urgente para la eficiencia económica y generación de empleo concentrarán el debate en el pleno de la Asamblea Nacional previsto para la tarde de este 12 de diciembre.
El pleno de la Legislatura está convocado para las 15:45 de este martes a participar del primer debate del proyecto económico urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, cuyo objetivo es obtener recursos de incentivos tributarios.
El domingo, 10 de diciembre, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe que se expondrá al pleno y que incorporó varios cambios planteados por los legisladores.
Publicidad
Uno de ellos, la amnistía tributaria, que se contempla en una de las disposiciones transitorias en la que señala que «los contribuyentes que paguen la totalidad de las obligaciones tributarias vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley o aquellos contribuyentes que hayan sido notificados con una comunicación de diferencias o actas borrador hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, gozarán de la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos derivados de los tributos cuya administración y recaudación le correspondan al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Esta medida, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía, dejaría al Estado unos $ 960 millones para el 2024, lo que equivaldría al 16 % de los $ 6.000 millones de déficit fiscal.
Daniel Noboa envió a la Asamblea su proyecto de reforma tributaria
El legislador Leonardo Berrazueta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), indicó que al menos un 80 % de las observaciones planteadas fueron acogidas por la comisión legislativa, entre ellas, la eliminación del impuesto a la renta a la venta de inmuebles porque les parecía «exagerado» y finalmente fue retirado del informe.
Publicidad
También, el régimen laboral que se quería implementar en las zonas francas se consideró que puede generar «una precarización laboral y fue acogido».
A criterio de Berrazueta esta iniciativa no tiene el carácter de ser «impuestera», sino «recaudatoria» y, el que se proponga la amnistía de intereses, multas y recargos ayudaría a incentivar y pagar la deuda del capital y que el Estado acceda a una recaudación mayor.
Publicidad
Este medio ayudaría a que el Ejecutivo obtenga unos $ 800 millones de ingresos, comentó el asambleísta e insistió que el fin «no es perdonarle la deuda a nadie, es simplemente generar un incentivo y que incluso se den facilidades para buscar crédito externo».
El asambleísta Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC), reconoció que hay temas que se corrigieron como el cobro del impuesto a la renta a la venta de bienes inmuebles, aunque debe corregirse un problema por la existencia de «una tabla impositiva que no se está aplicando en el presente, pero se aplicaría en el futuro».
Resaltó que la propuesta genera deducción del impuesto a la renta para plazas de trabajo, pero la rebaja es proporcional cuando se contrata a jóvenes que vienen de universidades públicas y se cambiará a que se incorpore a aquellos de las universidades privadas para que haya igualdad y equidad.
En cuanto a las alianzas público-privadas se trataría de destrabar los trámites burocráticos y no desestimó que la remisión tributaria sea el eje del debate de esta iniciativa presidencial.
Publicidad
La asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik (PK), increpó que esta iniciativa no logrará la reducción del déficit fiscal y que lo único que lograría es el «perdón a los mismos deudores».
«Esta normativa no va a lograr reducir la brecha fiscal y tener recursos para solventar la crisis; además, que propende a la flexibilización laboral con la propuesta de que los jóvenes trabajen por seis meses, lo que hace que nos alejemos de los derechos contemplados en la Constitución. En esta ley hay inconstitucionalidades».
El legislador Jorge Peñafiel, de Construye, ve con preocupación este cuerpo legal porque existen «ligerezas en el tratamiento de lo que es necesario para el país».
«Una reforma debe dar soluciones al hueco fiscal del Estado que según los expertos ascendería a los $ 6.000 millones, pero esta norma le resuelve aproximadamente $ 800 millones. No estamos viendo el bosque por ver el árbol. Esta reforma puede ser una intención de patear la pelota para adelante».
Ejemplificó la propuesta de devolver el impuesto al valor agregado IVA a los «grandes constructores» inmobiliarios.
«El presidente ofreció eliminar el IVA para los materiales de construcción, no ofreció devolver el IVA a ciertos constructores. Hay diferencias que vamos a señalarlas. El proyecto no es suficiente», indicó Peñafiel y advirtió que esta propuesta tiene reformas complejas como el «reperfilamiento de la deuda con el Banco Central y podría verse en problemas la propia dolarización».
Esto en referencia al título IV artículo 23 del proyecto que indica: «Por una única ocasión, todas las obligaciones de deuda pública, que actualmente mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas con el Banco Central, de manera directa y a través de las entidades financieras públicas, podrán ser reperfiladas en función de un cronograma de amortización que responda a las disponibilidades del Presupuesto General del Estado y el perfil de vencimiento de la deuda pública, hasta por un plazo de 30 años. Para dicho efecto, se podrá suscribir un convenio de pago entre las partes».
El asambleísta Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), no descartó que haya artículos buenos que los apoyará, pero lo «impresentable» y que no lo apoyará es la amnistía tributaria.
«Perdonando a los que siempre fallan se comete injusticia con los que sí pagan, porque hay empresarios que sí cumplen con la ley. Al contrario, hay que reforzar la ley en la dirección de cobrar impuestos porque son los mismas de siempre, que se han beneficiado seis veces de esta condonación. Por encima de la mesa hablan en contra de los banqueros y por debajo de la mesa les condonan las deudas», cuestionó.
Esta iniciativa legal, enviada por el primer mandatario tiene como objeto impulsar de inmediato el empleo e incrementar la recaudación tributaria y el incentivo de la inversión a través de la implementación de zonas francas y alianzas público-privadas.
Su segundo debate está previsto para la próxima semana, pues hay un plazo de 30 días para aprobarse, por ser de carácter económico urgente. (I)
