Solo cuatro legisladores participaron en el primer debate de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador y la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, cerró el debate y dispuso que se remita el documento a la comisión ocasional para la elaboración del informe para segundo debate.
Se trata de un proyecto de reformas presentado por el presidente Daniel Noboa el 16 de septiembre de 2024, en el que específicamente plantea modificar el artículo 5 de la Constitución, que “prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares”, en razón de que el Ecuador está enfrentando una batalla contra el crimen transnacional. Para ello se requiere una respuesta contundente a escala nacional e internacional.
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Con la reforma parcial, en caso de aprobarse en dos debates, el texto del artículo 5 de la Constitución quedaría así: “El Ecuador es un territorio de paz”.
El primer debate de esta forma parcial se dio en la sesión 1.013, convocada este 27 de febrero de 2025, luego de la presentación del informe a cargo de la presidenta de la comisión ocasional, Gisella Garzón (RC). Participaron en el debate cuatro legisladores: dos principales y dos suplentes, y se cerró la discusión sobre el tema.
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Gisella Garzón, al iniciar su intervención, hizo un llamado en el pleno para que los legisladores participen en el debate, que presenten propuestas y sugieran expertos en la temática. Garzón incluso se adelantó a pedir a la presidenta de la sala que más adelante, antes de concluir el debate, le vuelva a dar la palabra para presentar sus argumentos como legisladora y no como presidenta de la mesa. Esto no sucedió.
Al presentar el informe de la comisión, Garzón aclaró que la mesa no se demoró a propósito, la mesa no retrasó los tiempos, la mesa no lo hizo, pues tenía 60 días para presentar el informe para primer debate, pero lo hicieron en 39 días. Además, aclaró que el informe no recomienda ni rechaza que haya o no bases militares extranjeras en el país, sino que incluye las ponencias de asambleístas, expertos, académicos y de los representantes del Gobierno que acudieron a las sesiones, porque la mesa esperaba recoger las propuestas que presenten los legisladores durante el debate.
Que el informe consta de 16 partes, como objeto, antecedentes, plazo para el tratamiento del proceso de la reforma, sesiones ordinarias, comparecencias, comisiones generales, participación de ciudadanos y colectivos. Esto en particular era obligatorio en el tramo del primer debate, no era opcional, la base legal para el tratamiento del mismo, participación ciudadana, declaración de reserva de las sesiones.
Como conclusiones, Garzón resaltó que dentro de la mesa se hizo énfasis en la postura de Naciones Unidas alrededor de la atención a la seguridad.
Otra de las conclusiones, dijo, es que de acuerdo con el resultado de las exposiciones de autoridades y expertos en la materia, se colige que el ejercicio de la soberanía debe encontrar su límite y fundamento en los principios generales de las relaciones internacionales, los instrumentos internos, aprobados y ratificados por el Ecuador en materia de derechos humanos.
Que de las distintas exposiciones expresadas por autoridades y expertos en la materia, en el seno de la comisión, se desprende que la soberanía encuentra su fundamento tanto en los tratados y convenios internacionales negociados y suscritos entre Estados, como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los Estados para combatir eficazmente problemas como la inseguridad.
La legisladora dijo que se está hablando de trabajo coordinado, “no de mentiras anunciadas para uso conveniente”, de trabajo coordinado con resultados reales, de un trabajo coordinado además que incluya responsables, que incluya plazo, tiempo y resultados.
El legislador Fernando Jaramillo (ADN) aclaró que la reforma parcial propuesta no es entregar el control del territorio o de la soberanía a fuerzas extranjeras, sino, al contrario, cualquier acuerdo deberá estar regido por principios de transparencia, fiscalización y sobre todo, de respeto extremo a nuestra Constitución.
Indicó que a pesar del esfuerzo del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lamentablemente han sido superados por el crimen organizado, ya que la infraestructura, armamento, dotación y logística que tiene el crimen organizado es superior a las fuerzas de seguridad del Estado.
Jaramillo manifestó que la reforma al artículo 5 de la Constitución no es una imposición, sino una oportunidad de construir un Ecuador más seguro, donde las familias puedan caminar tranquilas en las calles sin temor a la delincuencia organizada, financiada por organizaciones criminales transnacionales. Hizo un llamado a los legisladores a poner los intereses del país por encima de los intereses de cualquier ideología o bandera política.
Adriana García,de la coalición Gente Buena, indicó que con la convicción del apoyo internacional en la lucha contra el crimen organizado es una necesidad urgente para el país esta reforma constitucional al artículo 5, pues la ciudadanía clama la paz y que vuelva la seguridad.
Dijo que Manabí ha sido duramente afectada por la violencia y no puede seguir demorando las acciones, pues son vidas las que se están perdiendo. No se trata de un problema local, sino una crisis nacional que trasciende fronteras y que exige una respuesta unificada de respaldo de los legisladores.
Shirley Plaza, asambleísta suplente por la provincia de Los Ríos por la Revolución Ciudadana (RC), empezó su intervención señalando que en el Ecuador no hay un plan de seguridad, no hay un norte, una estrategia, no hay el famoso plan Fénix, lo que hay es improvisación y desesperación.
Manifestó que cuando un gobierno no tiene claridad en su política de seguridad no puede pretender resolver sus problemas modificando la Constitución, sin antes haber definido un rumbo claro.
Andrés Briones, asambleísta suplente de la bancada del PSC por Guayas, dijo que su organización siempre apostará a reforzar la cooperación internacional, siempre cuando está de por medio la seguridad del país, y esto implica un componente de bases extranjeras y por lo tanto, hay que apoyar porque se necesita reforzar la seguridad.
Todo lo que hace el Gobierno al final lanza un mensaje de que le faltan recursos y que no tiene suficiente para hacerle frente a toda la estampida de violencia que está viviendo en las 24 provincias del país. Y si el Gobierno en este momento quiere una reforma constitucional, como bancada PSC estamos dispuestos a apoyar, pero siempre es importante ver lo que viene detrás. Es decir, conocer de qué países vendrá la cooperación. (I)