A menos de cincuenta días de las elecciones, la Asamblea Nacional se ha convertido en un escenario electoral, marcado por la confrontación entre las bancadas de Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN). Ambas agrupaciones impulsan sus agendas en el pleno de la legislatura y en las comisiones permanentes con el objetivo de perjudicar a su contrincante y reducir sus preferencias electorales.
Las dos fuerzas políticas se disputan la Presidencia de la República con el candidato presidente Daniel Noboa (ADN) y Luisa González (RC), en una contienda electoral de segunda vuelta, programada para el domingo 13 de abril de 2025, cuando los 13,7 millones de ecuatorianos saldrán a votar en las urnas.
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Los dos sectores tratan de ganar adeptos y posesionar la imagen de su candidato presidencial y para ello activan el debate y la fiscalización en temas que podrían golpear a su contrincante cuando los ciudadanos empiezan a definir su posición en segunda vuelta.
La bancada oficialista ADN está en desventaja frente a la RC, porque la presidencia de la Asamblea está dirigida por la correísta Viviana Veloz y es quien define los temas por tratarse en el pleno, así como las comisiones permanentes de Fiscalización y Justicia, donde en estos días se abordan temas incómodos para el Gobierno.
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Mientras ADN impulsa una resolución para que la legislatura apoye las acciones del Gobierno en la suscripción de convenios de cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado, cuyo contenido generó preocupación en la bancada RC, el sector correísta aceleró el trámite del informe no vinculante sobre la investigación realizada por la comisión de protección integral de niñas, niños y adolescentes presidida por Pierina Correa, respecto a la desaparición de los menores de Las Malvinas, en diciembre de 2024, donde la RC alcanzó 66 votos y no una mayoría absoluta en la sala. Ahí se establece la responsabilidad política del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y se recomienda un juicio político.
Respecto a este informe la bancada ADN se abstuvo de votar. La coordinadora de bancada, Valentina Centeno, anunció el respaldo a la investigación fiscal y que el Gobierno brindará todas las facilidades para que la justicia haga su trabajo y aplique todo el peso de ley a los responsables de la tragedia, que no se encubrirá a nadie.
Pero, enfatizó que ADN no permitirá que una tragedia sea politizada en el pleno de la Asamblea para hacer campaña política a favor de la Revolución Ciudadana, que no permitirán que se revictimice el dolor de las familias de los niños de Las Malvinas, “para ganar unos cuantos votos para la candidata Luisa González, aquí en la Asamblea no estamos para politizar las tragedias”, apuntó.
En paralelo, la bancada de la Revolución Ciudadana activó la Comisión de Justicia para iniciar un proceso de fiscalización a una denuncia presentada por el excandidato presidencial Pedro Granja sobre el caso Petronoboa, y recogida por el asambleísta de RC Leonardo Berrezueta, referente a un supuesto desvío de combustible y un perjuicio al Estado que superaría los $ 4 millones, donde presuntamente se habrían cometido delitos como tráfico de influencias, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documentos públicos.
Incluso el bloque dio una rueda de prensa y colocó una pantalla gigante en el hall del Parlamento para mostrar las supuestas irregularidades cometidas por Petronoboa.
Sobre este tema, la legisladora Lucía Jaramillo (ADN) sostuvo que la denuncia de Petronoboa es un elemento distractor y afirmó que el 24 de febrero se agregó en la nómina de la administración de la Alcaldía de Guayaquil al hermano del denunciante de Petronoboa, Pedro Granja, como director de Justicia y Vigilancia; y además, al medio hermano como especialista 4. Esta es una forma del pago de favores, dijo.
EL UNIVERSO tomó contacto con el comunicador de Granja, quien indicó que el excandidato estaba fuera del país en estos días.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), reclamó al legislador Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, por haberse inmiscuido en un proceso de fiscalización que ya inició su mesa legislativa, en julio de 2024, y que incluso existe un informe preliminar que abarca no solo el caso Petronoboa, sino también el caso Triple A, por supuesto tráfico de combustibles a nivel nacional, que involucraría al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Alarcón explica que el proceso de investigación abierto abarca todas las denuncias presentadas sobre tráfico de combustibles, y la ley orgánica de la Función Legislativa en su artículo 24 determina que si una comisión inició un proceso de fiscalización, otra comisión debe abstenerse de continuar con el mismo, no permite que dos comisiones trabajen sobre el mismo tema.
Inclusive dijo que el jueves 27 de febrero habrá una sesión sobre este caso y se llamará a comparecer a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, y a las autoridades de control relacionadas con el tema de combustibles. Añadió que asombra que el legislador Leonardo Berrezueta (RC), que es vicepresidente de la Comisión de Seguridad, a sabiendas de que hay un proceso de investigación abierto sobre tráfico de combustibles, acuda a la Comisión de Justicia a presentar una denuncia similar.
La legisladora Alarcón pidió un criterio jurídico sobre esta intromisión de la Comisión de Justicia, pues según ella, la RC activó una investigación en un contexto político-electoral, con el propósito de “dañar la imagen del presidente Daniel Noboa, tratando de poner una cortina de humo cuando la Fiscalía General del Estado ha pedido fecha y hora para vincular al alcalde de Guayaquil, por supuesto tráfico de combustibles”.
En medio de disputas electorales, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz (RC), desempolvó una propuesta de enmienda planteada por el exasambleísta Pabel Muñoz (RC), presentada hace dos años, para que el dólar sea considerado como moneda oficial de Ecuador. El proyecto fue calificado por el CAL y Veloz incluyó en agenda del pleno para el jueves, a fin de que se decida si se conforma una nueva comisión ocasional o se remite el tema a la comisión ocasional de enmiendas.
Por la situación y la coyuntura, según el asambleísta socialcristiano Jorge Acaiturri Villa, esta decisión tomada por el CAL es netamente política y electoral. “Está clarísimo que el tema responde a la coyuntura y a la segunda vuelta electoral que vive el Ecuador, y fue incluido en el tratamiento de la Asamblea como muchísima agilidad, dada la campaña”.
Sobre este tema, la coordinadora de ADN, Valentina Centeno, recordó que el correísmo lleva quince años queriendo desdolarizar al Ecuador y además existen tesis y escritos del candidato vicepresidencial de la RC Diego Borja sobre cómo salir del dólar sin morir en el intento e incluso hablan de monedas electrónicas.
“Al poner este tema a debate es parte de una campaña, la Asamblea Nacional está secuestrada por los intereses políticos electorales de la Revolución Ciudadana, y nosotros como bancada no lo podemos permitir; por su parte ADN y el presidente Noboa siempre ha tenido una posición de apoyo y defensa de la dolarización, mientras que la Revolución Ciudadana ha dicho todo lo contrario”, subrayó Centeno.
Para la tarde y noche del martes 25 de febrero, el pleno de la Asamblea Nacional está convocado para conocer y resolver sobre el proyecto de resolución planteado desde ADN, para respaldar las acciones que lleva adelante el Gobierno sobre la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada transnacional.
Sobre este tema, la bancada RC anticipó que no apoyará la propuesta porque a su criterio no es necesario un pronunciamiento legislativo para una decisión que debe tomar el presidente de la República.
Además, ADN reclamó por la constante demora por parte de la RC en ubicar en la agenda legislativa el trámite en primer debate del proyecto de reformas al artículo 5 de la Constitución referente a permitir el establecimiento de las bases militares extranjeras en el Ecuador, cuyo informe lleva dos meses en el despacho de la presidenta Viviana Veloz, pero ella convocó para el jueves 25 de febrero al pleno para debatir este tema. (I)