La Asamblea Nacional llegó tarde a tratar un informe sobre la crisis energética que vivió el país en abril pasado. El documento, elaborado por la Comisión de Fiscalización en el que se advertía que los apagones volverían en septiembre, fue entregado a la Presidencia del Parlamento el 17 de julio, pero recién se debatió en el pleno este miércoles, 25 de septiembre, y fue aprobado con 87 votos.
Los asambleístas que participaron en el debate dedicaron unos minutos para presentar su solidaridad con los quiteños que enfrentan un incendio de magnitud desde el 24 de septiembre. La sesión fue vía telemática.
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En el debate los asambleístas aprovecharon para golpear tanto al actual como a anteriores gobiernos que no tomaron medidas para enfrentar la crisis energética y hubo matices preelectorales.
Las correístas Pamela Aguirre, Viviana Veloz y Sofía Espín, en la lectura de sus discursos, responsabilizaron al actual Gobierno, que no pudo prever la crisis y que hoy busca “rezarle a Dios, cruza los dedos y busca culpar a una zarigüeya terrorista”.
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Espín anotó que la Revolución Ciudadana en su momento generó 3.000 megavatios con la construcción de ocho megahidroeléctricas, pero que Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa no han generado ni un solo megavatio, que en diez meses mucho se pudo hacer desde el poder y lo que se ha demostrado es “desconocimiento e ineptitud para enfrentar una crisis que se sabía que se venía”.
La legisladora recordó que Noboa, en el debate presidencial del año pasado, dijo que después del fenómeno de El Niño venía la sequía, pero que no hizo nada en diez meses. “Hoy sencillamente nos han regresado al pasado, basta de TikTok, basta de mentiras y de engañar a los ciudadanos”, anotó.
Las legisladoras de la bancada RC plantearon la aprobación del informe para exhortar al Gobierno nacional a retomar inmediatamente el plan maestro de electricidad. Escindir el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y el ministerio que maneja los temas de petróleos y minas. Además, ejecutar el presupuesto del sector eléctrico “que da vergüenza que solamente tenga una ejecución del 2 %”. Invertir en el pueblo ecuatoriano, en las nuevas hidroeléctricas y en las térmicas del país.
El socialcristiano Vicente Taiano anunció el apoyo político para aprobar el informe, pero que hay que decirle al Gobierno que debe dar la cara y afrontar esta situación, no desplazar responsabilidad, porque esta muletilla de que “yo no fui y otros fueron, de que luego fue una zarigüeya o de que luego una ministra o funcionario sabotearon algo que no hicieron, nadie se lo va a creer”.
También dijo que durante diez meses de Gobierno debió poner operativo todo el parque termoeléctrico que en la práctica históricamente funciona como una fuente complementaria, pero que se necesita transparencia y programación en cuanto a los horarios de racionamientos para ajustar la dinámica productiva en el país.
Comentó que hay personas que viven del día a día y que la falta de energía no les va a permitir realizar sus ventas y continuar con sus emprendimientos. Todos los ciudadanos estamos golpeados por esta situación y advirtió “la situación se va a complicar y cuidado, cuidado de la calle, haya un estallido social porque esto es muy muy grave”, anotó Taiano.
El legislador del PSC planteó como solución a la crisis energética cuatro aspectos: previsibilidad, transparencia, compensaciones y control de precios.
Los legisladores Jorge Chamba (ADN), Adriana García y María Teresa Pasquel (GB) señalaron que el Gobierno enfrenta una crisis energética producto de problemas heredados por la ineficiencia y corrupción desde hace más de una década, por lo tanto, pidieron al pleno ser equilibrados y no aprovecharse de una desgracia para ir a buscar votos.
Chamba salió en defensa del Gobierno y resaltó que la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, reconoció que el problema energético no es de hoy, sino desde hace 15 o 20 años. “Hoy tratamos de culpar al único hombre que ha tenido la valentía de querer solucionar los problemas del país. No solamente en el campo de la energía, en el campo social, en el campo laboral, en el campo de la salud”.
Y subrayó: “¿Por qué no le reclamamos a quienes ocasionaron esta grave crisis?, pues se gastaron ingentes sumas de dinero, millones de millones para que nunca más haya estos problemas de la falta del flujo eléctrico. Incluso se decía que iba a haber energía para exportar por cantidades industriales. Y hoy son los que critican al Gobierno; no podemos ser críticos sabiendo que somos parte del problema. Aquí hay que ser parte de la solución”.
Investigación
La Comisión de Fiscalización realizó en dos momentos un proceso de investigación sobre la crisis energética.
El primero empezó en noviembre de 2023 y terminó en enero de 2024, en este primer informe se determinó que la crisis en 2023 generó un alto costo para el país. Existen pérdidas que superan los $ 400 millones para los sectores productivos. En el sector público las pérdidas superan los $ 230 millones, producto de la importación de energía desde Colombia, el país llegó a pagar más de $ 0,60 por kW cuando la tarifa al público en Ecuador es de $ 0,09.
Que la crisis tiene su origen en una institucionalidad débil a partir de la fusión de los ministerios de Hidrocarburos, Minas y Electricidad y Energía Renovable en el Ministerio de Energía y Minas, que se realizó en 2018; además se determinó que no se observaron las alertas emitidas por el Cenace y Celec EP sobre los efectos del estiaje. La respuesta de las autoridades fue nula o tardía.
Por ello, responsabilizó políticamente a los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso, en virtud de sus acciones y omisiones, específicamente por el incumplimiento del 84,6 % en la ejecución del Plan Maestro de Electricidad (2018-2023); el descalabro institucional del sector eléctrico; la falta de previsión de mantenimiento del sistema de interconexión; lo que ocasionó la crisis eléctrica que vive Ecuador actualmente. El expediente fue remitido a la Contraloría.
El segundo proceso de fiscalización se inició en abril de 2024, cuando nuevamente regresaron los apagones. La legisladora Sofía Espín planteó que la mesa de Fiscalización investigue las acciones ejecutadas y programadas por el Ministerio de Energía para atender la crisis energética.
Tras el proceso de investigación, el informe fue entregado al presidente de la legislatura, Henry Kronfle, el 17 de julio pasado, que empieza señalando que no se puede entender la crisis eléctrica de 2024 sin antes haber entendido la crisis eléctrica de 2023 y recoge gran parte del primer informe aprobado en enero.
El informe afirma que la crisis eléctrica de abril de 2024 se desencadenó por una combinación de factores climáticos, estructurales y de gestión; que la principal causa fue una sequía prolongada que afectó los niveles de agua en los embalses de las principales hidroeléctricas del país, como Mazar y Paute, que son cruciales para la generación de electricidad en Ecuador. La situación se agravó cuando Colombia, que normalmente exporta electricidad a Ecuador, suspendió su suministro debido a sus propios problemas de sequía.
También señala que los cortes de energía comenzaron sin previo aviso el 14 de abril de 2024 y se implementaron de manera no programada en varias provincias del país. En promedio, los apagones duraron alrededor de seis horas diarias, aunque en algunas zonas llegaron a durar hasta ocho horas. El Gobierno decretó un estado de excepción por 60 días para enfrentar la crisis y movilizó a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para proteger las instalaciones críticas.
El Gobierno de Daniel Noboa tomó varias medidas para mitigar la crisis, incluyendo la suspensión de la jornada laboral los días 18 y 19 de abril de 2024 y la declaración de emergencia en el sector eléctrico. Además, se realizaron esfuerzos para adquirir energía adicional, tanto a nivel nacional como internacional, y se implementaron mantenimientos emergentes en las termoeléctricas.
La crisis tuvo un impacto económico significativo. Se estima que los apagones de alrededor de seis horas diarias generaban pérdidas de al menos $ 80 millones al día.
Para enfrentar la crisis, el Gobierno finalmente negoció la compra de energía eléctrica a Colombia, lo que permitió reducir el déficit energético y disminuir la duración de los cortes de luz. Sin embargo, la crisis no se resolvió completamente y se continúan analizando soluciones integrales para enfrentar la peor sequía en los últimos 60 años.
Como conclusiones, la comisión reconoce y aplaude la inversión que el sector privado está realizando en el sector energético del país. Sin embargo, señala que eso no quita el papel fundamental que tiene el Estado en la generación, transmisión y distribución de energía.
Se debe invertir en la construcción de un sistema interconectado a nivel regional con Perú y Colombia que permita mejorar la eficiencia energética y construir mecanismos legales de cooperación internacional para un mercado energético que garantice precios justos para todos los integrantes. (I)