Luego de cuatro intentos fallidos para reunir el quorum reglamentario, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 19 de octubre, aprobó el calendario de comparecencias dentro del pedido de juicio político que se procesa en contra de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Esta solicitud de juicio político la presentaron cuatro asambleístas de la bancada de Pachakutik: Ricardo Vanegas, Segundo Chimbo, Ángel Maita y Mireya Pazmiño. Las acusaciones tienen relación con supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de designación del cargo de superintendente de Ordenamiento Territorial.
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También están acusados de arrogación de funciones por incluir en el orden de la sesión n.º 3 del CPCCS una moción respecto al debate de una reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Otro de los puntos que se destacan en las acusaciones se refiere a un supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura.
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Lo consejeros del CPCCS que serán sometidos a juicio político son Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos.
Comparecencias
Las comparecencias de funcionarios y testigos en este juicio político se iniciarán el 21 de octubre con la presencia del exsecretario del CPCCS Carlos Humberto Chiriboga. A la misma cita fueron convocados Ginella Jácome, Fausto Lupera y Guido Egas Tello, este último coordinador de las veedurías ciudadanas.
Igualmente, está llamado Jairo Lalaleo Valencia, defensor de técnico en el proceso de denuncia por concusión interpuesto en contra de los consejeros.
En el listado también constan el ministro del Trabajo, Patricio Donoso; el exministro Andrés Isch; el superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines; así como la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Habrá también un espacio para recibir a los interpelantes el próximo 25 de octubre, y al siguiente día se escuchará a los asambleístas que solicitaron el juicio. Posteriormente a ello, se elaborará un informe donde se recomiende o no el juicio político o archivar la solicitud.
Sin ‘quorum’
La Comisión de Fiscalización permaneció sin quorum por una semana; en ese lapso, el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, convocó a sesión en cuatro ocasiones. Recién este 19 de octubre logró instalarse con siete legisladores presentes, aunque luego se incorporó la oficialista Ana Belén Cordero.
A cuatro convocatorias no asistieron los delegados del oficialismo: Ana Belén Cordero y Marco Troya. Tampoco se presentaron los asambleístas del correísmo: Roberto Cuero, Comps Córdova y María Gabriela Molina; estos dos últimos en la sesión de este miércoles enviaron a sus suplentes. El delegado del PSC, Pablo Muentes, recién acudió la mañana de este 19 de octubre.
El legislador Villavicencio afirmó que la coincidencia entre dos legisladores del Gobierno y tres del correísmo de no asistir a las convocatorias a sesión plenaria constituye un boicot; pero “que los legisladores delegados del Gobierno no tienen la valentía de quitarse las máscaras y presentar una moción y destituirlo como presidente de la mesa”. El legislador nacional recordó que para su destitución como presidente de la Comisión de Fiscalización se necesita un informe motivado que luego debe conocer y resolver el pleno de la Asamblea Nacional.
Para Villavicencio, la ausencia y coincidencia de los dos asambleístas del Gobierno y tres del correísmo, representados en UNES, responde al hecho de que no quieren conocer uno de los mayores escándalos de corrupción ocurrido en el gobierno de Rafael Correa: la entrega de los campos petroleros Sushufindi, Auca y Reventador a la multinacional Schlumberger, que habría dejado perjuicios que sobrepasarían los $ 8.000 millones al Estado ecuatoriano en una década. Si no hay quorum, anunció que presentará el resultado de su investigación a la Fiscalía General del Estado para que sigan las investigaciones.
Añadió que la ausencia de los legisladores constituye parte de una estrategia del correísmo de asistir a las sesiones de la Comisión de Fiscalización únicamente cuando se trate de juicios políticos.
Roberto Cuero, representante de UNES, aclaró que no supone ninguna estrategia el no dar quorum en la Comisión de Fiscalización, sino que más bien obedece a que existe “un hartazgo por parte de los miembros de la Comisión con respecto a varios manejos del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio”.
El legislador del Guayas aseguró que Villavicencio está en una campaña anticipada a la Presidencia de la República y, por lo tanto, usa el espacio de la Comisión para su campaña. Por ello, dijo que su bloque analizó que, dados los tiempos que corren en el juicio político al CPCCS, obligadamente tenían que asistir, pero únicamente cuando se traten temas de juicios políticos; pero en los otros temas evaluarán en función de la necesidad y la importancia.
Aclaró que nadie empujó a Villavicencio a anunciar su renuncia como presidente de la mesa, para que luego salga a decir que ya no renunciará, lo cual afecta a la imagen de la Comisión. Que tampoco los delegados de UNES ante esa mesa presentarán una moción para destituir a Villavicencio, porque “nadie quiere destituirlo”. (I)