Con la aprobación de la Constitución de Montecristi en el 2008 se implementaron tres metodologías para la designación de las principales autoridades de control y jueces constitucionales del Estado, como son: por concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana; por ternas remitidas por la Presidencia de la República; y otra es la conformación de una Comisión Calificadora, que designa por concurso público a los nueve jueces de la Corte Constitucional.