El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de amparo ante la Sala Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia.
Acompañado de sus principales funcionarios, Maduro llegó a la sala electoral para interponer el recurso ante el máximo juzgado del país, donde fue recibido por los tres jueces Edgar Gavidia Rodríguez, Caryslia Beatriz Rodríguez y Tania D’Amelio.
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En el documento presentado, Maduro dijo que pide aclarar “todo lo que haya que aclarar” sobre los comicios del domingo, cuyo resultado oficial ratificó su victoria pese a denuncias de fraude por parte de la oposición. De acuerdo al Consejo Electoral, Maduro fue reelecto el 28 de julio con un 51,2% de los votos.
Que la sala “se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado, utilizando el proceso electoral, y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso”, dijo Maduro a la salida del TSJ, sin que todavía se conozca el texto introducido, respaldado por la Procuraduría.
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Las manifestaciones mediante cacerolazos continúan en las calles venezolanas desde el lunes con ciudadanos que respaldan al principal opositor Edmundo González.
Los países miembros de la OEA realizarán esta tarde una reunión para tratar los resultados de las elecciones del pasado domingo.
Misión ONU denuncia “reactivación de la maquinaria represiva”
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este miércoles su preocupación por la violencia y abusos de derechos humanos en ese país tras las protestas por los resultados electorales del domingo, subrayando que es una muestra de la “reactivación de la maquinaria represiva” emprendida por el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos”, señaló en un comunicado la jurista argentina Patricia Tappatá, miembro de la misión tripartita.
La misión presidida por la portuguesa Marta Valiñas dijo haber recibido denuncias de violencia desplegada en los últimos días por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como “colectivos”) con al menos seis muertes, así como decenas de heridos.
También recordaron, citando informaciones del fiscal general, que al menos murió en el contexto de las protestas un miembro de la fuerzas armadas y hubo 46 heridos entre militares y policías.
La misión denunció que las informaciones apuntan al uso de armas de fuego contra personas que participaron en las manifestaciones, y recordaron que las operaciones de control del orden público “tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y orientarse a la protección de la vida humana”.
Las protestas en 17 de los 23 estados del país y en el distrito capital se saldaron con la detención de 749 personas, según el Ministerio Público, algunas de ellas privadas aún de libertad o enfrentando cargos graves como delitos de terrorismo, recordaron los tres espertos.
La misión en este sentido expresó su preocupación por el paradero del coordinador del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano, y de dos personas más que le acompañaban, tras ser detenidos por individuos encapuchados armados en la mañana del 30 de julio.
Información preliminar obtenida por la misión indica que sus captores serían miembros del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano, indicaron los expertos. (I)