Pensó que era su amiga quien le escribía por WhatsApp y le transfirió $ 3.000: Estafas en Ecuador superan las 10.000, según registros de Fiscalía

Son amigas de años y es imposible que exista desconfianza entre ellas. Siempre han estado prestas a ayudarse. Es la amistad entre Liliana y Karina.

Liliana vive en Ecuador y Karina hace un par de años se mudó a Estados Unidos. Eran las 12:30 aproximadamente cuando Liliana recibe supuestamente un mensaje de Karina, primero la saluda y después le dice que estaba pasando por una emergencia y necesitaba de su ayuda.

Ella supuestamente había llegado a Ecuador y requería de $ 3.000 para retirar sus maletas, que estaban retenidas. La estafadora envió hasta fotos de Karina, las cuales estaban en su perfil de Facebook. Entonces, Liliana, sin dudarlo, realizó la transferencia.

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Después conversó con su amiga contándole cómo estaba y ella le dijo que nunca le pidió dinero. Se compartieron capturas de esa conversación anterior y notaron que Liliana fue estafada.

“Hay personas que están haciendo estafas por teléfono, ocupando las fotos que uno tiene de perfil en las redes sociales. A mi amiga le han escrito bajo mi nombre pidiéndole ayuda. Lamentablemente porque me quiere cayó en esa trampa, ella no buscó otra manera para contactarse conmigo. Creyó en los mensajes que le enviaron. Hay que tener mucho cuidado, primero tienes que hablar con la persona”, aconseja Karina.

En Ecuador se han registrado 10.678 noticias de delitos (NDD) y víctimas sobre estafas entre enero y mayo de 2024, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE). En 2023 fueron 24.313.

Hubo 882 estafas generales, 121 fueron por el uso de tarjeta de crédito, débito, sea clonada, duplicada o robada; 29 para alterar o clonar dispositivos originales de un cajero automático y 26 para inducir a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto o artificio engañoso.

Además, hubo cuatro situaciones cuando la estafa es cometida a través de una institución del sistema financiero nacional y de la economía popular y solidaria y siete casos sobre la entrega de certificación falsa de las operaciones o inversiones que realiza la persona jurídica.

Quito es la ciudad con más NDD. Registra 3.262 en 2024, después aparece Guayaquil con 1.747, por debajo está Cuenca con 539, seguida de Riobamba con 327, Santo Domingo con 260, Ibarra con 242, Loja con 234, Ambato con 220 y Machala con 216.

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De los más de 10.000 NDD en 2024, hay 1.027 en investigación previa, 14 en instrucción fiscal, 8 con dictamen acusatorio como en Guayaquil, Quito, Cañar, Gualaquiza y Morona. Además, tres de sobreseimiento en Mejía, Otavalo y Quito; dos con llamamiento a juicio en Biblián y Loja; y una sentencia condenatoria en Cuenca.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de la estafa como la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Y será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Sin embargo, el mismo artículo explica que la pena máxima se aplicará en las siguientes circunstancias:

1. Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario.
2. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares.
3. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la persona jurídica.
4. Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
5. Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.
6. A través de una compañía de origen ficticio induzca a error a otra persona con el fin de realizar un acto que perjudique su patrimonio o el de un tercero.

Además, la persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a 50 salarios básicos unificados, es decir, $ 23.000, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. El COIP estipula más sanciones.

El abogado Jaime Celi señala que los delitos de estafa con penas de privación de libertad superiores a cinco años no son susceptibles de procedimientos especiales como la conciliación o la suspensión condicional de la pena.

“Este delito es bastante frecuente y entre las más comunes se encuentran las conocidas pirámides, donde las personas entregan dinero a cambio de una devolución con altas sumas de interés. Sin embargo, también es cierto que muchas personas estafadas optan por no denunciar, es decir, no acuden a las autoridades correspondientes”, indica el abogado.

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Celi agrega que otro aspecto son las redes sociales, ya sea como le ocurrió a Liliana que se hicieron pasar por su amiga, o mediante la venta de productos, “los cuales nunca llegan después de que la persona ha depositado su dinero”. La estafa a través de las redes sociales dificulta la identificación de los responsables, lo que dificulta la investigación y sanción de los culpables, generando impunidad en este delito, remarca Celi.

Santiago Ruiz, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), menciona que la estafa en el país es alarmante, la cual no se reduce solo con endurecer las penas.

“En implementar un enfoque integral que combine la prevención y la sanción efectiva. Es fundamental concienciar a la población desde edades tempranas sobre los riesgos y consecuencias de la estafa. La mejor manera de lograrlo es a través de la educación, las escuelas y colegios podrían desempeñar un papel crucial incorporando en sus planes de estudio capacitaciones sobre estos y otros temas relacionados con la erradicación de estos delitos”, afirma y añade que hay que capacitar a las instituciones públicas y privadas para identificar y denunciar estos casos.

Ruiz cree que quienes se dedican a ese delito provienen de la pobreza, falta de oportunidad laboral, de una educación deficiente en valores y la influencia de entornos delictivos. “Sin embargo, no debemos generalizar ni estigmatizar, ya que cada caso es único y requiere un análisis profundo”, asegura. (I)

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