La Fiscalía ha obtenido 739 sentencias condenatorias por los diez delitos más denunciados a nivel nacional en este año, hasta noviembre. La mayoría de ellas se dictaminaron por robo (313) y por tráfico de sustancias ilícitas (248). Detrás de estas infracciones les siguen, con una diferencia marcada, casos de extorsión (28), lesiones por accidentes de tránsito (21), asesinato (16), daños materiales (16), hurto (14), estafa (5) e intimidación (5). Solo los casos de violencia psicológica contra la mujer y miembros de la familia no han alcanzado este fallo.
Este resultado se desprende de un proceso judicial que, en muchos casos, puede durar varios años, dependiendo del delito, si fue flagrancia o no, si hay testigos, si existe la colaboración del afectado. De las 208.273 investigaciones previas registradas en este año se iniciaron 2.372 instrucciones fiscales.
Esta marcada diferencia se da porque la mayoría de los usuarios denuncian para el trámite del seguro o para sacar los documentos que les fueron robados, considera el jurista Julio César Cueva. No lo reportan con la intención de seguir un proceso, porque -sostiene- el proceso requiere tener un abogado, ir a las versiones y colaborar.
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Cueva cuestiona que hay casos en los que no se llega a una sentencia por la falta de colaboración del afectado: “El fiscal lo procesa porque tiene flagrancia, el parte policial, todo, lo lleva al juicio, pero si el principal testigo, que es la víctima, dice ‘no, tengo miedo, no tengo tiempo, esto es peligroso’, y no va al juicio, le tienen que ratificar la inocencia. Ahí no tienes sentencia condenatoria habiendo podido tenerla”.
Agrega que “eso explica por qué la gente dice: ‘la justicia corrupta, tiene 20 detenciones y seguía libre’, pero revise, pues, cada expediente a ver si las 20 detenciones son porque compraron al juez o al fiscal o porque no colaboró la víctima... Muchas veces es responsabilidad de la gente que tenga 20 detenciones y ninguna condena”.
Darwin Padilla, director de Estadística de Fiscalía, explica que -además de las condenas- hay otros tipos de resoluciones durante las causas judiciales. “Si no tengo los elementos suficientes para acusar a una persona lo que hago es generar un dictamen absolutorio, no acuso a la persona”. En ese estado procesal hubo 876 casos en este año, una cifra mayor a las sentencias condenatorias (739).
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Los casos de sobreseimientos fueron, incluso, mayores (970). En otras causas se llegó a la conciliación (609), a dictámenes mixtos (243) y hasta a la extinción del ejercicio de la acción penal (536) cuando el procesado ha fallecido.
“El déficit de fiscales es muy fuerte’
El déficit de fiscales y jueces es otro de los factores que habrían influido en que no se registren más sentencias a nivel nacional. “Tenemos 830 (fiscales) aproximadamente, pero existe una medición internacional que dice que deberíamos tener 8 fiscales por cada 100.000 habitantes, lo cual nos daría más de 1.400 fiscales que deberíamos tener a nivel nacional”, refiere Darwin Padilla, jefe de Estadística de la Fiscalía.
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El funcionario detalla que la tasa es de 4,8 a nivel nacional y de 3,7 en Guayas: “El déficit es muy fuerte... la falta de elementos, de personal nos ha complicado muchísimo a la institución... Si yo dejara de receptar denuncias, necesitaría dos años y unos meses más para poder sanear o bajar la carga activa que existe. Es una problemática, una bola de nieve, que mientras no se tomen acciones en ello la problemática va a seguir creciendo".
La falta de servidores se da, principalmente, por la falta de recursos económicos para la contratación del personal, sostiene Padilla y agrega: “Nosotros como Fiscalía hemos realizado las solicitudes al Consejo de la Judicatura, son ellos quienes deben realizar el concurso para la elección, pero de igual forma, la respuesta que hemos tenido por parte de ellos es que no hay asignación presupuestaria para realizar este tipo de contrataciones”.
Para Padilla, la declaratoria de emergencia judicial, que quedó insubsistente tras un fallo de la Corte Constitucional en septiembre de este año, era una posible solución a esta problemática. “La solución no es únicamente contratar más fiscales, también complementar con el tema de jueces, porque si yo investigo mejor y no tengo una capacidad operativa del Consejo de la Judicatura, voy a seguir teniendo inconvenientes”.
A causa de esta plantilla considerada insuficiente, los agentes fiscales reportan sobrecarga de trabajo, con horarios extendidos en horas de la noche, fines de semana y hasta feriados. Por ejemplo, el fiscal César Peña se encontraba en una audiencia virtual a las 20:30 del miércoles pasado, a esa hora esperaba la deliberación de los jueces en un caso de secuestro extorsivo.
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Peña estima que al día, en promedio, tiene de ocho a quince convocatorias de audiencias. Otros inconvenientes adicionales que enfrentan a diario y que contribuyen a una acumulación de trabajo, comenta, son las intermitencias de las conexiones de internet en los centros carcelarios para desarrollar las audiencias virtuales con los procesados.
“Muchas audiencias no se pueden instalar, hay que esperar horas”, apunta y detalla que, en otros casos, “cuando se va a instalar la audiencia, el procesado presenta quebranto de salud y es trasladado a un hospital, y hay que monitorear si en el hospital está en condiciones de intervenir en la audiencia en conjunto con su abogado”.
Ante estas situaciones, el fiscal Peña considera que se requiere “más tecnología, salas de computación, para que los detenidos puedan conectarse y cumplir con los tiempos de seis meses y un año, para que no caduque la prisión preventiva”. (I)
