El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la tarde del 9 de agosto de 2023, tras salir de un mitin político en Quito, sigue sin la determinación de responsables intelectuales. Dentro de las investigaciones el teléfono de la víctima se convirtió en un elemento de debate e indagación y esta semana volvió a la palestra tras la supuesta filtración de chats. ¿Dónde está y qué pasó con el celular del también exasambleísta y periodista?

La historia de la ruta del dispositivo comienza justamente minutos antes del crimen.

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Villavicencio al ingresar al mitin entrega su teléfono celular al capitán de policía Cristian Cevallos que lo custodiaba, este a su vez se lo da al sargento Luis Cañizares, quien manejaba el vehículo en el que se trasladaban, dice Verónica Sarauz, viuda del político: “Él es muy importante porque es el que ejecuta al sicario que mata a mi esposo”, dice.

“Lo que le cuento está en el proceso del caso de asesinato de mi esposo Fernando”, agrega.

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Sarauz se encontraba en Estados Unidos cuando ocurrió el asesinato y lo que relata es en función de lo que las hijas de Villavicencio, fruto de un primer matrimonio, le contaron.

Tras el ataque, Villavicencio fue trasladado a la clínica de la Mujer, donde fallece. Es allí donde César Gonzaga, chofer privado y amigo personal del periodista asesinado, quita el teléfono a la policía.

“Al día siguiente que llega Amanda (Villavicencio) que no vive tampoco en Quito, César (quien ahora es candidato a asambleísta) se lo entrega a ella”, afirma Sarauz: “Yo llego el 10 de agosto en la tarde, ese día Amanda estuvo todo el día con el teléfono y entiendo que días después se lo entrega a Cristian Zurita (también periodista y colega de Villavicencio)”.

Amanda Villavicencio confirmó a EL UNIVERSO esta ruta del celular de su padre: “César Gonzaga me entregó un teléfono, nunca pude constatar que sea el de mi padre. Yo se lo entregué a Martha Roldós y a Cristian Zurita (ambos periodistas de investigación y colegas de Villavicencio). Luego no sé qué pasó con ese equipo, todo lo demás me he enterado por redes sociales, igual que todos”.

Hasta el cierre de esta nota periodística no fue posible contactar a Martha Roldós.

Sobre la versión de que Amanda lanzó el celular al río Tomebamba, según había informado Galo Valencia, tío de Villavicencio, tras los primeros días de luto, ella responde: “Hay que preguntarle a la persona que dijo eso, no fui yo”.

La hija del excandidato rechaza las publicaciones de La Posta de lo que sería el supuesto contenido del celular: “Al revelar sus conversaciones privadas, suponiendo que sean ciertas, ustedes están publicando una prueba reservada en la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de mi padre”, señala Amanda.

E indica que entregó el celular a Zurita porque consideró que en ese momento fue la mejor opción.

Entre el 12 y 16 de agosto de 2023, días después de la sepultura de Fernando Villavicencio, Sarauz cuenta que Zurita contrata a un hacker para sacar copias del teléfono.

“Vulnerando y cometiendo un delito a la privacidad de su amigo. El único responsable de que exista todo este enredo ahora se llama Cristian Zurita, porque él vulneró el teléfono y sacó dos copias, de lo que me dijo a mí”, dice Sarauz, quien busca una curul en la próxima Asamblea.

Una copia fue entregada al FBI (Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos), que intervino para esclarecer las causas del crimen y la otra sigue guardada: “Solo Zurita sabe dónde está la otra copia”, asegura Sarauz.

Zurita confirma que entregó una copia al FBI y afirma que “no existen más copias que esa”.

¿Cómo consiguió la copia del celular? “Es reservado”, responde Zurita a EL UNIVERSO.

¿Por qué se la entregó al FBI? “Ya respondí esa pregunta, usted puede inferir”, añadió.

“Debo solicitar una investigación fiscal para que se determine si es que se trata de una filtración y quiénes son los posibles responsables”, agrega el periodista. “Hay que determinar lo que pudo suceder en la cadena de custodia”, señala Zurita.

Procede, asevera, “la solicitud de una nueva investigación para determinar si esa filtración (publicada por La Posta y algunas cuentas de redes sociales) es o no cierta, eso es lo que corresponde por proceso, descubrir si esa información es cierta o no y determinar si lo publicado coincide con lo que la Fiscalía posee y si es que acaso ya ha realizado algún tipo de peritaje sobre la información publicada”.

El FBI entrega efectivamente en diciembre pasado una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del courier DHL, que es el que usa la diplomacia estadounidense para garantizar la cadena de custodia de lo que envía.

Esta última versión fue corroborada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado difundido el 5 de noviembre pasado en su cuenta de X: “el dispositivo móvil se encuentra en cadena de custodia del FBI (en Estados Unidos)”.

Y que “la información que circula es falsa y no podría estar en posesión de quienes intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral”, indica el comunicado.

Así la entidad se anticipa a la publicación de la información que supuestamente estaba en el celular del periodista de investigación asesinado.

Priscila Schettini, candidata para la Asamblea por el correísmo, y Angélica Porras, candidata a la Corte Constitucional por la Asamblea Nacional apoyada por la bancada correísta, presentaron, en un video publicado el 6 de noviembre pasado, un link que contiene más de nueve mil supuestos chats que según ellas mantuvo Villavicencio en su celular.

“Zurita debe explicarle al país y a nosotros quién le autorizó a él para hackear el teléfono de su amigo, él tenía que destruirlo porque todo el contenido del teléfono personal de mi esposo solo le compete saber al dueño del teléfono”, insiste Sarauz.

Investigación sobre el asesinato de Villavicencio sigue abierta

Hay cinco personas sentenciadas por estar involucradas en el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Dos fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión a principios de julio pasado y tres cómplices recibieron penas de 12 años de prisión.

Sin embargo, los familiares del asesinado esperan que se determine a los autores intelectuales del crimen. (I)

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