“Hay jóvenes de 15, 16 y 17 años reclutados por las bandas para ser sicarios, como son inimputables a los meses ya salen en libertad”, dice comandante de la Zona 8, Víctor Zárate

El pago de las denominadas vacunas que cobran las organizaciones delictivas a dueños de locales comerciales a cambio de que no atenten contra sus vidas se da incluso en los alrededores de las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) y de las de Policía Comunitaria (UPC), en los distritos que registran el mayor número de muertes violentas de la Zona 8, que cubre Guayaquil, Durán y Samborondón.Las UVC son edificaciones que cuentan con oficinas de la Fiscalía, Judicatura y Policía, mientras que las UPC son instalaciones donde la Policía presta servicios a una comunidad delimitada. En 96 áreas de Guayaquil, Durán y Samborondón hacen falta las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), pero su presencia no frena los tiroteos, explosiones y muertes Hay una sensación de miedo y desconfianza entre los habitantes de distritos como Nueva Prosperina, Pascuales, Florida, Esteros y Sur.Víctor Zárate, comandante de la Zona 8, afirma en entrevista con EL UNIVERSO que se aplica un cambio de modelo en los sitios más conflictivos por lo que la instalación de nuevas UPC en los subcircuitos que no las tienen, está en espera.El problema, acota, es que el trabajo de la Policía queda frustrado ya que los detenidos involucrados en delitos quedan en libertad, como alias la Morsa, a quien se lo responsabiliza de los tiroteos en contra del UPC de Socio Vivienda II, en el noroeste de Guayaquil.La policía lo acusaba en su momento de secuestrar a taxistas y de actos de extorsión, pero fue detenido en flagrancia por tenencia ilegal de armas y salió en libertad tras un mes de estar encarcelado. Nadie lo denunció y no pudo se procesado. Al salir buscan para ganar el espacio que perdieron en el territorio.Otra realidad es la de los menores de edad sicarios que son inimputables (exentos de responsabilidad penal) por lo que también salen en libertad, explica Zárate. El distrito Nueva Prosperina registra 255 % más de muertes violentas este año con respecto al 2021 y es el que tiene el mayor déficit de UPC en la Zona 8, que cubre Guayaquil, Durán y Samborondón. ¿Qué hacen para cubrir toda el área? No tenemos infraestructura física. Ante la falta de infraestructura están las UPC que denominamos flotantes, vehículos cumpliendo la función de patrullaje en el circuito y subcircuito que les corresponde. En ese sentido nos hemos organizado como Policía Nacional para atender la mayor cantidad de servicios de acuerdo a la demanda que tenemos en el territorio. ¿Hay un plan gubernamental para suplir esta falencia? El ofrecimiento es seis UVC (Unidades de Vigilancia Comunitaria) y 100 UPC a nivel nacional, pero las amenazas son diversas. Hoy por hoy se está reorientando el modelo de gestión y quizás ya se tenga que reorientar a otro tipo de infraestructura dentro de la Policía Nacional, que ya no obedezca a la práctica anterior, a los anteriores modelos de gestión divididos en distritos, circuitos y subcircuitos. Se está analizando en la DGO para ver cómo podemos impactar hoy ante las nuevas amenazas, en ese sentido se está trabajando todavía, por eso se ha mantenido en stand by el tema de las UPC. ¿Cuál es el resultado tras tres estado de excepción y la renovación del actual? Hay que entender que el estado de excepción por sí solo en la inmediatez del caso lo que nos ayuda es a contener la violencia, no es que definitivamente la va a desaparecer. En este sentido en lo que va del estado de excepción hemos articulado todos los esfuerzos, incluso con el apoyo de los militares, a la fecha tenemos la reducción de cinco muertes violentas en la última semana. Claro está de 35 a 30 no nos puede dejar tranquilos. Hay un trabajo sostenido que tenemos que mantenerlo, no únicamente en la excepción. Tenemos una reducción de cerca de 90 delitos dentro de los siete días que vamos del estado de excepción. Podemos hablar de 170 detenidos, 28 armas de fuego, 20 vehículos recuperados, 10 desarticulaciones de organizaciones delictivas, 209 kilos de droga, todo esto está sumado a los tres ejes: preventivo, investigación e inteligencia, sumado al apoyo que da las Fuerzas Armadas. La presencia de una UPC tampoco es garantía. El fiscal Édgar Escobar fue baleado en el centro de Guayaquil a cuadras de uno, en mayo pasado explotó un carro al pie de una UVC en el distrito Florida y las bandas disparan contra el de Socio Vivienda II en Nueva Prosperina. ¿El cambio de modelo es porque no se puede tener un resultado distinto haciendo lo mismo? Esto obedece a la reorientación y como reacción a muchas actividades policiales, especialmente en Socio Vivienda II, la UPC fue baleado como reacción a la efectividad del personal policial. Estamos hablando de una reorientación, quizás en algunos territorios, por la violencia que se vive, ya no se puede hablar de una policía de proximidad, se debe aplicar otro modelo de gestión diferente al que se ejecuta en el distrito Nueve de Octubre, en la parte céntrica. Acá son situaciones complejas que enfrenta la Policía. En ese sentido estamos articulando todos los esfuerzos, las diferentes unidades y no hablar únicamente de una unidad básica, un patrullero normal, sino con mayor cantidad de personal para poder ingresar a estos sitios deprimidos y críticos en los índices de violencia y delincuencia. ¿A qué policías se asigna a las UPC? Hay que entender que ellos son policías preventivos, dentro de la UPC tenemos al policía comunitario, quien hace el acercamiento con la comunidad, las asambleas, el portafolio de servicios que activa y paralelamente tenemos el servicio de motocicletas y al vehículo patrullero. Sin embargo, en algunos sitios, especialmente en Socio Vivienda II en este estado de excepción, están nuestras unidades especiales, GIR, GOE y GEMA, que trabajan con las unidades de inteligencia primero en la recuperación del espacio físico que ha concentrado múltiples delitos, desde grafitis que las organizaciones delictivas han pintado, como los Tiguerones, los Lobos, entonces hemos recuperado el espacio como tal y quitar las rejas, que en algunos sitios sí son por seguridad, pero otras son para evitar que la Policía ingrese. Ante estas acciones se redujo el número de muertes violentas en Socio Vivienda II. También se está cambiando y debe cambiarse el modelo de gestión en el Guasmo (en el sur de Guayaquil). Aquí el policía preventivo como tal no puede ingresar solo, ingresa con personal del UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden) y de las unidades tácticas. Hay casos de ciudadanos que no han tenido una respuesta efectiva de una UPC tras un robo. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de estos? Hay que entender que en la UPC está un policía comunitario, que a la vez está de guardia, recepta las denuncias respectivas y moviliza las unidades de policía más cercanas. No es que los policías están sin hacer nada parqueados esperando la atención ciudadana. Atienden diferentes auxilios, en esa medida es cómo le direccionan y accionan al patrullero que está en servicio para que atienda a las emergencias, especialmente en flagrancia que es cuando se puede actuar (trabajo policial que se hace dentro de las 24 horas después del cometimiento de un delito). ¿A estos policías comunitarios los rotan o permanecen asignados los mismos? Como son policías comunitarios ellos pasan bastante tiempo asignados a las UPC respectivas. El objeto es no movilizarnos porque tienen que tener la continuidad y la afinidad con la ciudadanía, ellos están en relación directa, sin embargo, cumplen sus turnos rotativos de sus horas de servicio, pero están de manera permanente dentro de las UPC. ¿Se puede actuar con ellos tras un robo sin tener aún la denuncia ante la Fiscalía? La idea es actuar en la inmediatez que el caso lo amerita, estamos hablando en flagrancia, podemos articularnos de manera inmediata, realizar una búsqueda, un rastreo con la persona perjudicada. Si se trata de un robo, en caso de no encontrar o resolver dentro de las 24 horas, habría que acercarse a poner la denuncia en la Fiscalía para que se delegue una unidad de investigación. ¿La Policía hace seguimiento de los detenidos que salen en libertad tras ser presentados en ruedas de prensa, ya que en Socio Vivienda II se responsabiliza a alias Morsa, a quien se lo acusa de secuestro, de los tiroteos tras estar un mes encarcelado? La labor de la Policía no termina únicamente con la detención, se lleva a la audiencia de flagrancia en la que se determina la prisión o las medidas cautelares, como el juez lo determine. En caso de medidas cautelares estaremos en constante vigilancia porque se encuentran aún en libertad. Si han sido detenidos tenemos un plan poscarcelario que manejamos con las unidades de inteligencia, que nos articula el momento que alguna persona va a salir para saber de qué territorio es, porque no es una sola persona, imagínese estamos hablando de Guayaquil. Son cientos de personas que salen para poder alertar en territorio, que estén activados en caso de que se presente ahí algún incidente con la persona que ha salido, que quiere recuperar espacio, que quizás ya está ocupado por otra persona. En este sentido trabajamos de manera articulada. Al implicado alias Morsa lo acusaron en su momento de secuestrar taxistas y de extorsión, pero salió en libertad tras solo ser procesado por el delito de tenencia ilegal de armas. ¿Qué ocurrió? Básicamente allí necesitamos el apoyo de la ciudadanía, que es fundamental. Al menos que se haya abierto una investigación previa, donde se alimenten todos los indicios necesarios para acusarle por este tema de secuestro o extorsiones, fue detenido esta vez en flagrancia por la tenencia ilegal de armas de fuego. Pedimos a la ciudadanía si era reconocido plenamente por qué es presentado a través de los medios de comunicación. A que presenten la denuncia que efectivamente participó en estos secuestros, nos dan los insumos, a la policía, fiscales y jueces para que quede la prisión preventiva firme y no pueda salir. ¿Pero entonces nadie denunció? Efectivamente no ocurrió, quedó únicamente con el tema del arma de fuego y obviamente de ahí derivan los insumos, la Fiscalía baraja las pruebas y el juez determina lo que corresponde, si son las medidas sustitutivas o alternativas a la pena. El problema es que hay un miedo que inmoviliza ante situaciones como mensajes amenazantes de supuestos miembros de bandas que llegan a los locales comerciales y ahora incluso a los hogares a cobrar las denominadas vacunas. Hay muchas aristas, lastimosamente de las 1.036 muertes violentas que hay en Guayaquil (durante lo que va del año) la mayor parte son por violencia criminal, muchas ligadas al micro y narcotráfico. Lo más complejo que analizamos como policías es que están participando menores de edad como sicarios, hacen las muertes bajo encargo. Tenemos jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad que han sido detenidos y no hay nadie quién se preocupe por ellos. Tenemos muchos problemas, si bien es cierto a raíz de la pandemia, muchos menores por no tener acceso a sistemas digitales, una tablet o un teléfono, se aislaron de los colegios. No hay un seguimiento respectivo que se les haya hecho. Muchos abandonados han sido captados por estas organizaciones delictivas, empiezan por micro o narco expendedores y finalmente terminan como sicarios. Como la ley también les brinda hasta cierta medida, son inimputables y a los meses ya se encuentran otra vez en libertad y siguen cometiendo los mismos hechos violentos. Nos preocupa porque es un futuro que estamos perdiendo como sociedad, muchos jóvenes, no solo aquí en Guayaquil, en varias partes de la región Costa hay estos problemas. ¿Qué tan veraces son estos panfletos amenazantes que vendrían de supuestas bandas? Si bien es cierto, algunos son efectivos y han sido tratados con la Unase. Tenemos un organismo, una entidad ciento por ciento efectiva, la Unidad Antisecuestro y Extorsión, estamos generando una campaña porque jugamos con el miedo de la ciudadanía. Muchos se toman los nombres de estos grupos de delincuencia organizada para llegar a la siquis de las personas y con ese miedo les obligan a pagar, ni siquiera denuncian. Estamos abriendo un canal directo a través de una investigación previa para que todas las personas aporten con los insumos necesarios dentro de esta investigación y proceder a detener a estas organizaciones. De hecho ya algunos han sido detenidos por la Unase, pero la colaboración es fundamental. ¿Pero entonces qué debe hacer el dueño de local comercial o el jefe de familia que recibe estos mensajes? Primero comunicarse de manera directa con la Policía Nacional al 1800-DELITOS y de ahí le derivan con la Unase. Hay que indicar a la ciudadanía que no comparta información personal en las redes sociales, lastimosamente el tema del confinamiento por la pandemia nos ha obligado a compartir muchos de nuestros datos a través de las redes sociales, ahí está nuestra vida, pasión y muerte, nos entregamos en bandeja de plata, por eso es fundamental una línea comunicativa. Estamos generando una campaña con las personas y los locales han sido víctimas de esto. ¿Cuál es el perfil de estos menores sicarios? Para cometer un hecho delictivo hay que tener un estimulante. Los estudios de la Policía es que se hacen bajo la influencia del alcohol o de sustancias estupefacientes, no solo los menores sino también los mayores. Allí hay un trabajo grande por hacer, no es solo el tema de que la seguridad aterrice en la Policía Nacional. Hay un contexto coyuntural, tenemos una tabla (con el objeto de diferenciar al consumidor del traficante) de drogas que ha provocado la proliferación del microtráfico y el consumo y nadie se preocupa por ello. Está el tema de la justicia, que es demasiado garantista. Ahora muchos de los delitos son castigados con medidas sustitutivas o alternativas a la pena, con esto los acusados salen en libertad y siguen continuando un círculo vicioso de delitos. Por eso muchos de los trabajos de la Policía se ven frustrados, todos los esfuerzos para llevarle a órdenes de las autoridades competentes con las evidencias que nosotros como policías consideramos que son suficientes, armas de fuego, drogas, sin embargo, son puestos en libertad. A la fecha hay 450 policías que están cuidando arrestos domiciliarios. De acuerdo con la norma, un arresto domiciliario se lo dicta a una persona con discapacidad, adulto mayor pasado de los 65 años, embarazadas, pero acá nosotros tenemos policías cuidando a personas que han asesinado, que están en este círculo vicioso del tráfico de drogas porque lastimosamente la corrupción y la impunidad se encuentran ahí y estamos utilizando a la policía para este tipo de custodias. ¿Son 450 asignados para custodias personales solo en la Zona 8? Solo en la Zona 8, esos 450 policías bien podrían estar trabajando en las calles al servicio de la ciudadanía. ¿Cuántos quedan para el control en la Zona 8? Si somos 8.440 policías de los que 450 están en la labor de custodia, quedan más o menos 8.400. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación de jóvenes que son reclutados tan fácilmente o el narcotráfico que ha permeado en los barrios? Somos policías técnicos, operativos, las políticas públicas fomentan y aumentan la seguridad. Hay que entender que la unidad básica de una sociedad es la familia, tenemos que apuntar todos los ojos a fortalecerla. Tenemos hogares disfuncionales en los que los menores de edad han quedado con los abuelos o se han criado entre hermanos y esto ha ido afectando un control. También tenemos el aspecto legal fundamental, que nos ayude y garantice como policías a cumplir nuestro trabajo. Tenemos una Ley de Uso Legítimo de la Fuerza de la que estamos adecuando un reglamento que nos permita y garantice actuar. Tenemos una ley de inteligencia, que ayuda a anticiparnos, la que todavía está en la Asamblea y no ha despegado. Para levantar información de una persona en el tema de los teléfonos celulares, un rastreo, necesitamos la autorización judicial, sin esa autorización no podemos hacer absolutamente nada. Si lo hacemos de manera clandestina podemos ser sancionados, entonces entender que todo es una coyuntura de una seguridad integral, que pasa por políticas públicas del Estado que aterricen en los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) y de todos los estamentos que hacen seguridad ciudadana. No es cuestión únicamente de decir, yo le di a la policía patrulleros o lo di aquello, necesitamos los insumos porque la policía como tal ataca los efectos, las consecuencias. Las causas no están en nuestro territorio, las causas de la descomposición social, cuando falla salud, educación, inclusión económica y social. Entonces todo aterriza en el campo del policía, ya cuando es demasiado tarde, pero este otro campo de la causalidad debe ser atendido. El miedo ciudadano también se alimenta cuando hay policías en servicio activo involucrados en hechos delictivos, lo que genera desconfianza. ¿Qué hace falta implementar para mejorar la depuración de las filas policiales? La Policía Nacional es una de las instituciones que más se ha depurado y lo ha hecho de manera pública, sin embargo, entendemos que nos falta todavía. Los policías somos parte o producto de una sociedad, hay policías buenos y malos, igual que hay ciudadanos buenos y malos. Necesitamos depurarnos, en este sentido, le aseguro que los policías buenos somos más. De hecho, hemos puesto tras las rejas a las personas (policías activos) que se han equivocado, aquí directamente, en el tema del Malecón (dos uniformados activos participaron de un intento de robo a un local en el centro de Guayaquil el 12 de septiembre pasado), fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes. En este sentido seguimos trabajando y le aseguro que nos seguiremos depurando, mientras más transparentes seamos es una garantía de que vamos a tener legitimidad ante los ciudadanos. (I)

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