Fue un 58,98 % de los ecuatorianos el que decidió, mediante una consulta popular, frenar la explotación petrolera en el Yasuní. Tras el resultado de la consulta, la Corte Constitucional (CC) ordenó a las autoridades desmantelar la planta petrolera del parque Yasuní en un plazo de un año.
El Gobierno, que en ese entonces era el de Guillermo Lasso, dijo que diseñar el plan de salida del parque tomaría tres meses. Después, el expresidente Lasso señaló que había que ver la manera legal, política “de darle la vuelta a este punto de adversidad”.
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Meses después se posesionó el nuevo Gobierno, ahora de Daniel Noboa, a quien colectivos como Yasunidos y la comunidad waorani le han pedido que se cumpla con el mandato popular de 2023.
Y fue a finales de mayo de este año que Noboa creó un comité para que, con otras instituciones, haga el plan de acción y el cronograma del desmonte petrolero en el bloque 43-ITT, puesto que el decreto presidencial 257 decía que dicho comité estaría conformado por cuatro ministros y el gerente de Petroecuador.
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Luego de trece meses del dictamen de la CC por la consulta popular, el tema sigue latente y las comunidades y grupos exigen el cierre de las operaciones.
El Gobierno planteó cinco fases dentro del Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono (CDA) del bloque 43-ITT, las cuales se completarían en agosto de 2034, es decir, diez años después.
Así consta en el informe que fue presentado en agosto pasado a la Corte Constitucional. El documento entregado a la CC tiene 304 páginas y se denomina Informe sobre los impactos, puntos de atención y acciones ejecutadas respecto al cumplimiento de la consulta popular para el cierre anticipado de operaciones y abandono del bloque 43 ITT, elaborado por el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT.
Según el informe, el cierre anticipado del bloque 43-ITT representará una pérdida de ingresos estimada de entre $ 2.198 millones y $ 3.581 millones. En tanto, el costo de cierre y abandono se calcula en $ 1.345 millones.
El informe se incluyó en un pedido que hizo el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional para que inicie la fase de seguimiento del dictamen que dio paso a la consulta popular.
No hay voluntad
Pedro Bermeo, portavoz de Yasunidos, asegura que el presidente no tiene “voluntad política” y es una “ofensa a la democracia”.
“Ha habido un incumplimiento del Gobierno y de lo que ordenó la Corte. Vemos que el presidente se burla de la voluntad popular y continúa con esa explotación presentando un plan de cierre que tarda años, violando flagrantemente las medidas que esa consulta tiene. Siguen sacando petróleo del bloque”, dice Bermeo.
Y añade: “No tiene voluntad política de hacer lo que ordenó el mandante, y esto es grave porque es una ofensa a la democracia; lo que está en juego es la democracia”, opina el colectivo, que ha pedido a la CC que convoque a una audiencia de seguimiento al caso.
“Demostraremos el incumplimiento del dictamen. Si la CC acoge nuestro pedido y se demuestra que hay un incumplimiento, la Corte debería destituir a todos los funcionarios que han incumplido con ese dictamen”, setencia Bermeo.
Gobierno creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT
En agosto pasado, la comunidad waorani entregó una solicitud al Ministerio de Energía para que se respeten los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en el Yasuní.
“Nosotros estamos trabajando con los expertos petroleros para nosotros poder enseñar al Gobierno nacional que sí se puede retirar y cerrar el campo petrolero”, afirmó en ese entonces Juan Bay, presidente de Nacionalidad Waorani.
Para el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, Miguel Molina, las demoras en el cierre van desde el aspecto técnico del dictamen de la CC.
“Las demoras en el proceso de cierre de operaciones del bloque 43-ITT tienen que ver con la perspectiva poco técnica del dictamen de la Corte Constitucional, que dio un año de plazo para este cierre sin considerar criterios técnicos sobre el tiempo adecuado para lograrlo y, sobre todo, los altos recursos económicos que al Estado le implican el desmantelamiento de esos campos de extracción petroler”, dice Molina.
Además, menciona que es una afectación al presupuesto general del Estado. “Es un golpe descomunal a una economía en crisis como la ecuatoriana, cuyos estragos se sienten en la vida diaria: la falta de medicinas en los hospitales públicos, la incapacidad de cumplir obligaciones con la seguridad social o la desnutrición infantil. Además, la selva no conoce fronteras: ese mismo petróleo se seguirá extrayendo desde el lado peruano”, indica.
En tanto, Diego Peña, docente Investigativo de la Facultad Ingenierías, Arquitectura y Ciencias de la Naturaleza de la Universidad Ecotec, señala que el cierre de operaciones implica cumplir con una serie de normativas ambientales, de remediación y de hidrocarburos que requieren procesos formales y auditorías. “Estos procedimientos, por su propia naturaleza, suelen ser largos y burocráticos, aún más si no existe una intención política de acelerarlos”, señala.
Fases y cronograma de plan de cierre
Las cinco fases del Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono del ITT son las siguientes:
- Disposición gubernamental.
- Actualización plan de abandono / ambiental - aprobación del Ministerio del Ambiente.
- Estudios e ingeniería, plan de abandono / aprobación del Ministerio de Energía y Minas.
- Ejecución del abandono.
- Entrega de áreas (incluye el fin abandono del bloque 43 ITT).
Del presupuesto estimado en $ 1.345 millones para las actividades técnicas del abandono del campo ITT, el 4 % se destinará a estudios y el 96 % será para la ejecución de las tareas (comprende cierre de pozos, desmontaje de facilidades, revegetación, entre otros).
EL UNIVERSO realizará el foro ambiental “Sostenibilidad, una apuesta inteligente” este miércoles, 9 de octubre, en el aula magna de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en Samborondón. (I)
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