Dalton Narváez, alcalde de Durán en dos periodos (2009-2014 y 2019-2023), pidió una audiencia para que se revise la medida cautelar de prisión preventiva ya que teme por su vida y tiene problemas de salud, indica en los pedidos realizados ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, según consta en los documentos del proceso por peculado (malversación de fondos públicos) que enfrenta.
“Dentro del Centro de Privación Regional Zona 8 se encuentran recluidas varias de las personas que participaron y ordenaron el secuestro de mi señora madre, Mariana Mendieta, así como del atentado del cual fui víctima en el parqueadero del Club del Colegio de Abogados del Guayas (vía a Salitre), donde incluso falleció uno de mis guardaespaldas”, se lee en un pedido enviado al presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Francisco Morales, en enero pasado.
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Narváez fue detenido en territorio colombiano y traído al país la noche del 8 de enero último para que enfrente un juicio por peculado.
La Corte Provincial de Justicia del Guayas acogió el 17 de abril del 2024 el pedido de prisión preventiva para Narváez realizado por la Fiscalía, pero ya no se encontraba en Ecuador.
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La audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva se realizó el 14 de febrero pasado.
La resolución se iba a emitir este 18 de febrero, pero Morales suspendió la audiencia por la falta de un defensor público que acoja la defensa de Narváez.
El abogado defensor de Narváez pide que se determinen las medidas cautelares de prohibición de salir del país y de presentarse de manera periódica ante un juzgado.
Cuando fue detenido en Colombia se dijo que “la coordinación entre la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior del Ecuador y las autoridades migratorias de Colombia, así como el apoyo del Grupo contra el Crimen Organizado-GCO y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional del Ecuador permitieron el retorno del procesado al país”.
Pablo Ramos, comandante subrogante de la Zona 8, afirmó que fue un trabajo coordinado por el Gobierno de Colombia en conjunto con el Ministerio del Interior, Policía de Ecuador y Fiscalía.
La investigación por peculado empezó en 2021, luego de que la Contraloría emitió un examen especial de las fases precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de contratos de consultoría relacionados con el mejoramiento y optimización del sistema de conducción de agua potable del Chobo al cantón Durán, y al contrato para la ampliación de cobertura del servicio en varios sectores, entre los periodos comprendidos entre 2013 y febrero de 2019.
Una primera audiencia para revisar la prisión preventiva debía realizarse el 16 de enero último, pero el procesado no se presentó por estar indispuesto de salud.
En este pedido, la defensa de Narváez solicitó incluso que “el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), de manera urgente, emita un informe pormenorizado en el cual se informe cuál es el centro de privación de libertad más idóneo con el fin de precautelar la vida” de Narváez.
Luego de que no acudió a la audiencia, la autoridad judicial le solicitó que presente las justificaciones de su inasistencia y si se mantiene en la solicitud.
Efectivamente, los representantes jurídicos de Narváez enviaron un documento posterior en el que se mantiene el pedido de revisar la prisión preventiva y presentaron los justificativos de inasistencia, como un certificado médico, exámenes y las denuncias que había presentado por supuestas amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto por parte del grupo de delincuencia organizada (GDO) Chone Killers.
En la denuncia se indica que el ahora procesado enfrentó estas amenazas en su segundo periodo como alcalde, del 2019 al 2023, exactamente desde finales de 2020 cuando los Chone Killers tomaron “el control de las actividades delincuenciales en Durán”, dice un informe policial que Narváez presenta en el juicio como sustento.
Desde el 2020 este GDO “habría vacunado a varios contratistas y exigido se les legalice invasiones prediales, exigencias a las cuales (Narváez) se había negado, recibiendo amenazas de muerte y de atentados en contra de su familia”, señala el documento.
Además, se narra el secuestro de la madre de Narváez, también exalcaldesa de Durán, ocurrido el 5 de octubre de 2023. Su liberación se dio tres días después con la intervención policial sin el pago del millón de dólares que habían pedido los captores, según el parte policial.
Posteriormente, se señala en el informe, hubo disparos en contra de la casa de Mariana Mendieta, y el 28 de octubre de 2023 se dio el atentado en contra de Narváez, en el parqueadero del Club del Colegio de Abogados del Guayas, en el que resultó asesinado a tiros el chofer del exalcalde.
En la documentación del pedido se adjunta una certificación médica del Ministerio de Salud Pública en el que se indica que Narváez tiene antecedentes patológicos de hipertensión arterial, su diagnóstico es cardiopatía isquémica, una enfermedad del corazón que es común en Ecuador. Además, que se atiende en el hospital de especialidades Abel Gilbert, en el sur de Guayaquil, desde 2022.
La Fiscalía General del Estado señala a Narváez como el supuesto responsable de un perjuicio al Estado por más de 37 millones de dólares.
El delito de peculado es sancionado con una pena de hasta 13 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal. (I)