En lo que va de este 2022, en Ecuador se ha reportado más de un centenar de eventos explosivos. De esos, 72, es decir, más del 49 %, se han reportado en Guayaquil, según datos de la Policía.

La situación es compleja, pues se trata de una escenario nunca antes visto en la ciudad. En este semestre, una de esas explosiones, ocurrida en Cristo del Consuelo, dejó un saldo de 5 muertos y 18 heridos.

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¿De dónde salen esos explosivos que se están usando para delinquir en el país? A diferencia del ingreso de armas por la frontera norte, las autoridades presumen que la ruta de los explosivos llega del sur, se interna en el país y pasa hasta la zona norte para entrar a Colombia.

En Perú hay una fábrica que incluye cápsulas ordinarias, que en este año han sido inmovilizadas en el país.

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Estos elementos son usados para atentados o explosiones, según aseguran los técnicos militares. Además, han sido inmovilizadas barras de pentolita, que van para los grupos armados de Colombia, minería ilegal, canteras de piedra y demás.

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Indígenas de Otavalo (Imbabura) han sido detenidos en Imbabura y Colombia. Los investigadores colombianos afirman que de la relación que tienen con el comercio de artesanías y lana nace su vinculación.

Ellos tienen conocimiento de ese tipo de comercialización; ocultan mecha lenta, cordón detonante, pentolita y cápsulas entre sus mercancías. En Pasto, la Policía señala que más de 30 ciudadanos de Otavalo han sido judicializados en Colombia.

Estarían proliferando además los envíos a través de la modalidad de encomiendas. El pasado 1 de abril fue capturado un envío que iba desde Ibarra hasta la parroquia fronteriza de Chical, en el noroccidente carchense; en una caja fueron descubiertas municiones en el interior de cocos y tacos de dinamita en mangueras para construcción.

Iban en un bus de servicio público que fue detenido en la E-10, en Estación Carchi, vía que va hacia San Lorenzo o Chical, por efectivos del Batallón Mayor Galo Molina. Ellos dijeron estar sorprendidos por la forma como fueron metidos los proyectiles de calibre 5,56 en la fruta (coco), la cual no tenía agua ni perforaciones.

En camionetas se han detectado detonadores y mecha lenta, que es usada en la minería ilegal. Cortesía Foto: Ricardo Cabezas

Esta operación detectó además en el interior de los conductos 75 tacos de Explogel de fabricación peruana, 45 municiones de calibre 5,56 de fusil, 47 cápsulas detonantes y 200 metros de mecha lenta.

Diego Hernández, comandante de la Brigada 31 Andes, dijo en aquella ocasión que hay la presunción de que el material de guerra iba a los grupos al margen de la ley que operan en Colombia, frente a Chical (Carchi).

Las rutas que estarían siendo utilizadas para este tipo de delitos son Ibarra -Salinas-El Carmen-Y de Gualchán-Chical o Y de Gualchán-Lita-San Lorenzo, donde se han mejorado las técnicas de control, tácticas y procedimientos.

En el km 11 fueron aprehendidas granadas de guerra; también, explosivos para la minería en la vía Ibarra-Salinas-Getsemaní, que tenían como destino El Cielito, en Mira (Carchi), y Buenos Aires, en Imbabura.

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El 11 de junio de 2022 fue aprehendido el ecuatoriano César Rafael T. P., oriundo de Otavalo, en San Juan de Lozada, en La Macarena Meta, en uno de sus locales comerciales de artesanías ecuatorianas.

Es acusado por la Fiscalía de Colombia de ser uno de los mayores proveedores de armas, explosivos, municiones y uniformes para las disidencias de las FARC, en el oriente de ese país.

Con la fachada de comerciante llevaba a los campamentos los pertrechos que necesitaban, señalan las investigaciones. Las indagaciones y evidencias dan cuenta de que tenía almacenes en La Macarena, en el Meta, San Vicente del Caguán en Caqueta y otras ciudades.

Violencia a otro nivel: casi el 50 % de los atentados con artefactos explosivos se han reportado en Guayaquil en lo que va del 2022

Mantenía, de acuerdo con la Fiscalía colombiana, un alto movimiento de mercaderías, que supuestamente le permitía ocultar fusiles y munición. El ecuatoriano se habría ganado la confianza de los máximos cabecillas de los grupos criminales en Meta y Caqueta.

Además, hay la presunción de quienes lo investigan de que suministraba información sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar la planeación de acciones terroristas. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. (I)