Plan para transformar las cárceles apenas se ha cumplido en el 4 %

El proyecto urgente que prometía ‘transformar’ las 53 cárceles del país -y cuyo plazo original vencía en diciembre próximo- apenas se ha cumplido en el 4%. Así lo detallan los informes, a mayo pasado, que recogen los avances de este plan, iniciado en junio del 2019 por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (PPL) y Adolescentes Infractores, SNAI. De una inversión estimada en $ 38,3 millones, y tras cuatro recortes de presupuesto, solo $ 1,5 millones se han devengado para cumplir con el ambicioso objetivo de lograr una “reinserción efectiva en la sociedad de las personas en conflicto con la ley” . Para ello, señala el SNAI en su proyecto, se definieron dos frentes: repotenciar y dar mantenimiento a las cárceles, y fortalecer su tecnología y equipamiento. Sin embargo, hasta mayo, los avances solo incluían la construcción de dos pabellones femeninos en Napo y en Carchi y un muro perimetral en la cárcel de Imbabura, además de la compra de 1.500 chompas para los guías y radios portátiles digitales de comunicación . Muerte en cárceles de Ecuador: hacinamiento y rivalidad de bandas conviven en las prisiones En agenda, postergados para los siguientes meses o con intención de contratación, constan el mantenimiento de cámaras de videovigilancia, la compra de pertrechos (esposas, toletes chalecos, cascos, escudos), gas pimienta, linternas, guantes, o un sistema de videoconferencia que evitaría al mes el traslado de 897 internos a las audiencias judiciales. Cada traslado representa un costo individual de $ 100,26 y al mes $ 89.993. Así, se reducirían los riesgos de fugas, intercepciones para liberar a detenidos o amotinamientos por falta de personal.E ste proyecto, según el SNAI, se esperaba impacte en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, más de 38.000, de acuerdo a los registros actualizados a mayo de este 2021. Hace 30 años, la cifra se ubicaba en 6.978 internos. El crecimiento del 450 % significó también un hacinamiento de casi el 30 %. “Lo más emergente es aliviar el hacinamiento, pero eso no se resuelve haciendo crecer las cárceles”, afirma Daniela Oña, experta en derechos humanos y en personas privadas de libertad, y resalta la prioridad de mejorar las condiciones internas. “Hay centros donde no hay agua, alcantarillado, recolección de basura..., la situación precaria que viven los PPL tiene una repercusión inmediata con violencia”, añade.Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), coincide en atender el hacinamiento y sus consecuencias, la violencia carcelaria: “los enfrentamientos de organizaciones mafiosas y muy violentas que controlan las cárceles del Ecuador”. Cárceles de Ecuador: ¿por qué falla la seguridad? El plan de ‘transformación’ de los recintos penitenciarios contempla el arreglo de su infraestructura, la que en un diagnóstico del SNAI “se encuentra en muy mal estado”. A excepción de la cárcel regional de Guayaquil y la de Latacunga, “los servicios básicos como agua potable, luz, alcantarillado, así como las baterías sanitarias, hidráulicas, instalaciones eléctricas y de comunicaciones son insuficientes y presentan pésimas condiciones”, señala el SNAI. Y esto ocurre porque la mayoría de cárceles no fueron construidas con este fin, sino que antes fueron escuelas, centros comerciales, hospitales.A las deficiencias se suma la falta de equipamiento tecnológico para seguridad, para audiencias o para talleres de capacitación de los internos. La corrupción, que “se funda en una relación personalista sostenida entre funcionarios e internos”, agrava la crisis.A las cárceles las llaman “licuadora de impunidad”. “Come muertos, por la gente que asume la autoría de crímenes a cambio de dinero o favores, porque al final ya tienen una pena máxima”, analiza Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).En los exteriores de los centros de reclusión, los familiares de los reclusos confirman las carencias más graves, la falta de medicinas y la inseguridad. “Mi cuñado tiene diabetes. Ya hemos pasado a traerle la insulina, pero ahora no nos quieren dejar pasar, tenemos aquí la medicina, se nos puede dañar o si no la recibe se puede enfermar”, cuenta Rubén, mientras que Christian denuncia que a su primo lo están extorsionando. Las visitas regulares están suspendidas. Y mientras los familiares no pueden entrar, un extranjero intentó, con una escalera, trepar un muro, cerca del pabellón 9 de la llamada “peni vieja”, cargando sacos con 2,36 kilos de cocaína, pistolas, ropa, 218 latas de atún, whisky, tarjetas de recarga para televisión pagada, una antena de televisión privada y hasta una consola de videojuegos. 75 muertos tras enfrentamientos en cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga “Aquí suspenden las visitas cuando hay problemas de violencia, un mes, dos meses”, dice Marino, un vendedor de agua que ha vivido de cerca el terror de los amotinamientos, fugas y masacres en el penal.Un recuento de la Defensoría del Pueblo señala que en 2020, entre marzo y agosto, hubo 14 actos de violencia. La cifra hoy supera la veintena e incluye la peor masacre carcelaria ocurrida en el país, en febrero, con la muerte de 79 internos. (I)“El proyecto fracasó por la falta de presupuesto.., no se entregaron esos $ 38 millones”, explica Edmundo Moncayo, director del SNAI, sobre el plan de transformación de los centros de rehabilitación que fue anunciado en la administración anterior, en 2019.El proyecto de su antecesor ha sido reemplazado por un nuevo plan estructural, asegura Moncayo, basado en cuatro aspectos: formación y capacitación del personal; avances en tecnología; análisis jurídico en que se desarrolla esta institución, el cuerpo de seguridad penitenciaria y los internos; y análisis de la infraestructura de las cárceles.En dos años y con al menos un presupuesto de $ 200 millones, Moncayo espera avanzar en la reducción del déficit de agentes penitenciarios , fortalecer la seguridad de la infraestructura y mejorar los programas para la rehabilitación de los internos.A fines de este año, asegura, se prevé incorporar 500 agentes a las cárceles; 185 ya se unieron en abril pasado y actualmente están en proceso de selección de 305 más. También, añade, se mejorarán unos 20 centros de privación de libertad; y crearán un centro de formación y capacitación para los agentes y funcionarios penitenciarios.“Hemos avanzado en la creación del modelo de atención integral restaurativo, en el reglamento del sistema penitenciario, en la política pública”, dice y apunta que están en busca de obtener el presupuesto para ejecutar el plan: “las cosas se hacen con recursos y en este momento no los tenemos, porque estamos con un presupuesto prorrogado del año anterior. Hoy, con el nuevo Gobierno, se está solicitando y buscando la manera de como solventar esta situación”. (I)El sistema de rehabilitación social en el país no está mal, “está agonizando”, advierte Alexandra Mantilla, perita en perfilación criminal acreditada por el Consejo de la Judicatura. Y en esa agonía, refiere la especialista, “se están yendo muchas vidas”. ¿Hay una rehabilitación social para las PPL en las cárceles? La respuesta definitivamente es no, no existe rehabilitación. Las cárceles de nuestro país no tienen la estructura, soporte técnico, tecnológico y mucho menos una organización estratégica, por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. ¿En qué ha fallado? En absolutamente todo. Aunque puede sonar un poco grosero, es la única manera que se entienda esta analogía: todos o casi todos los países tienen zoológicos, que no están hechos a la suerte, donde los animales están estratégicamente organizados, acorde a su capacidad, raza, peligrosidad, y tienen atención médica, rehabilitadores... Ahora bien, ¿por qué no se aplica esta misma estrategia para una cárcel?, obviamente estamos hablando de seres humanos que por A, B o C circunstancia han delinquido y están confinados bajo un sistema que lo que hace es poner en alto riesgo a todas las personas de las cárceles. ¿Usted ha visto a un cordero comiendo o pasar agradablemente en la jaula de un león?, no. Entonces, si en los animales tomamos precauciones, cómo es que cuando hablamos de la rehabilitación no pensamos a quién estamos metiendo en una cárcel. ¿Por eso hay violencia? La pelea dentro de las cárceles es por el tema de los liderazgos, no es secreto para el Ecuador que a raíz de la muerte de alias Rasquiña los altos mandos delincuenciales están en franco proceso de establecimiento, es decir, el más duro, el más fuerte será nombrado el nuevo Rasquiña, por así decirlo, de ahí las matanzas. Esto, combinado al hecho de que empiecen a aparecer nombres como Nueva Generación, que no es otra cosa que el nombre de un cartel mexicano, quizá uno de los más sanguinarios en México, deberíamos entender que el movimiento de estas personas es inminente y prioritario. ¿Cómo dar garantías a los PPL para que no se repitan masacres como la de febrero? Con políticas estatales criminológicas que nos hagan entender realmente el manejo de los PPL, tienen que ser analizados, especialmente los más violentos, y saber a qué entorno pertenecen. Y si ya sabemos que hay estas bandas y tenemos ubicadas a las personas de estas bandas, ¿por qué no se hace un análisis de sus finanzas?. Revisar sus cuentas La única manera de eliminar pandillas, carteles, es atacando sus finanzas. ¿Cuánto cree que costó el sujeto que se dejó agarrar porque quería meter, no uno ni dos, sino siete sacos de encargos?, estamos hablando de miles de dólares. ¿De dónde sale ese dinero?, ¿cómo surge?, ¿por qué no se analiza quiénes son los testaferros de los PPL? Ese origen financiero, que en alguna parte está, hay que atacar, y ahí la unidad de antilavados, la unidad financiera necesita mucho trabajo, porque yo puedo seguir habla y habla aquí, pero mientras no debilite financieramente a esa organización, seguirá siendo fuerte. (I)La privación de la libertad no debe ser la única opción para sancionar a un infractor, coinciden especialistas en seguridad y derechos humanos y sugieren realizar reformas penales que incluyan, por ejemplo, otras medidas, como el trabajo social y comunitario en caso de delitos que no son graves, como la piratería de música, refiere la experta en derechos humanos, Daniela Oña.“Hay delitos en los que no cabe la medida de prisión”, insiste Oña. Con ella coincide Daniel Pontón, doctor en Ciencias Sociales, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien cree también que “hay que buscar penas alternativas, algún tipo de mecanismo, mitigar el uso de prisión preventiva en su nivel de justicia” para delitos menores, como una estrategia de descongestionar las cárceles. ¿Es posible lograr la rehabilitación social de los presidiarios o se trata de una utopía? Billy Navarrete, director del CIDH, apunta que “la privación de libertad es a la larga una puerta falsa para responder a los problemas, o al menos no debería ser la única respuesta que les demos a los problemas sociales, como el consumo de drogas. Es un problema que no es policiaco, sino de salud pública”.Navarrete también recomienda reforzar la vigilancia por cámaras, pero con un monitoreo independiente, similar al sistema del ECU911 y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. “Por más aparatos de vigilancia que tengan (los centros de rehabilitación) simplemente se apaga el monitor y no se ve nada”, critica el activista, y añade que por eso se tiene que pensar en un registro realizado por un ente independiente: “Mientras más ojos vean lo que ocurre en las cárceles, más difícil será que ocurran hechos de corrupción y de violencia”. (I)

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