Seis minas ilegales fueron clausuradas en la parroquia de Píntag, situada al nororiente de Quito. Estas minas, que operaban cerca de la reserva ecológica Antisana, carecían de los permisos municipales necesarios.

Estas clausuras se dieron como parte de una operación conjunta entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes Metropolitano y la Policía Nacional.

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La acción tuvo lugar el lunes 1 de julio, siguiendo un dictamen judicial emitido en respuesta a una demanda de un colectivo ambientalista. Este grupo denunció que las actividades mineras estaban contaminando el agua utilizada por las parroquias de Píntag, Alangasí, La Merced y Guangopolo, debido a la descarga de desechos, gasolina y otros materiales nocivos.

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Durante la clausura se descubrió maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras y volquetas, empleadas para extraer material pétreo, un insumo fundamental en la construcción.

Daniela Jerves García, directora de Instrucción de la AMC, mencionó que en semanas anteriores ya se habían colocado sellos de clausura en una de las minas, pero estos fueron retirados de manera ilegal, obligando a su reposición.

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Según el artículo 1947 del Código Municipal, las actividades económicas que se realicen sin permisos municipales, clasificadas en la categoría II (como la minería), pueden ser sancionadas con multas que varían entre $ 2.300 y $ 3.680, correspondientes a 5 y 8 salarios básicos.

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Además, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de uno a tres años de prisión para quienes rompan o retiren los sellos impuestos por la autoridad competente.

La minería ilegal representa una grave amenaza para el medio ambiente, causando deforestación, pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitats naturales y contaminación de agua y aire.

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Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia y control sobre las actividades mineras en la región, con el fin de preservar el equilibrio ecológico y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Existe otro sector de minería que sí cuenta con los permisos correspondientes, sobre este tipo de actividades, las autoridades reconocieron que cumplen con la normativa impuesta y con la responsabilidad ambiental. (I)