Con 77 años de existencia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE) elegirá a fines de agosto a una nueva directiva para la sede nacional, así como para los 24 núcleos provinciales, en medio de un convulsionado proceso electoral que ha recibido demandas de acciones de protección y exigencias del Ministerio de Cultura y Patrimonio para que haya transparencia y se permita una participación democrática.
Lo que está pasando con las elecciones de la CCE es similar a la pugna política por la Alcaldía de Quito, pero en el sector cultural.
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¿Qué se elige?
De acuerdo con el calendario oficial, los candidatos a presidente de la sede nacional y directores de los núcleos tienen hasta el 18 de agosto para hacer campaña.
El 20 y 21 serán las votaciones de los directores de los núcleos, en cada provincia; mientras que el 30 de agosto se elegirá al presidente de la sede nacional, en la vieja casona de Benjamín Carrión, situada en la avenida Seis de Diciembre, en el norte de Quito.
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Hay seis candidatos que van tras la presidencia de la sede para el período 2021-2025: Hugo Egüez Brazzero, Fernando Cerón, Santiago Buitrón, Eduardo Puente, Orlando Sotomayor Ocaña y Camilo Restrepo.
Camilo Restrepo es el actual presidente, elegido para el período 2017-2021, quien hace 15 días solicitó vacaciones para dedicarse a la campaña para su reelección. Él ya fue presidente de la CCE hace 29 años, entre 1992 y 1996, y apuesta por su tercer período.
Los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC) eligen a los directores de los núcleos. Mientras tanto, los directores votan para escoger al presidente de la sede nacional. En la historia de la CCE ninguna mujer ha ocupado la presidencia.
Cuestionamientos
El proceso electoral en curso ha recibido duras críticas e incluso acusaciones de irregularidades, por las condiciones establecidas en el reglamento aprobado el 6 de febrero de este año, por la Junta Plenaria de la CCE, que está constituida por los 24 directores provinciales. Restrepo, además de candidato, también era el presidente de la Junta, por eso el reglamento lleva su firma.
Una de las disposiciones determinó que para votar las personas inscritas en el RUAC -que son alrededor de 20.000 en todo el país, según el Ministerio de Cultura- debían manifestar por escrito su voluntad de participar en la asamblea provincial de elecciones, en sus respectivos núcleos.
El trámite debía realizarse de manera presencial hasta marzo, entregando una carta física en las oficinas de los núcleos, de lo contrario no se podía ejercer el voto.
Javier Cevallos Perugachi, miembro de la Fundación Quito Eterno, que desarrolla proyectos culturales y artísticos, explica que el requisito limitó y desmotivó la participación de los miembros del RUAC, vulnerando sus derechos. En ese momento, recuerda, no había la posibilidad de enviar la carta por correo electrónico y la atención en las oficinas era deficiente y muchos gestores y artistas no podían trasladarse a grandes distancias.
Por esta condición, en Guayas se planteó una demanda de acción de protección en contra del reglamento. En marzo, el reglamento se suspendió al igual que el proceso. Después, el requisito de presentar la carta se mantuvo, pero en mayo la Junta permitió que el trámite pueda realizarse de manera física o virtual y se reprogramó el calendario de elecciones. Así, las votaciones que debieron realizarse en mayo se pasaron a agosto.
El problema con la carta, sostiene Cevallos, es que no debería existir ni física ni virtualmente, ya que restringe el libre acceso de los miembros del RUAC a las votaciones. Según él, esta medida es percibida como un intento por “virar la cancha” a favor de candidaturas que quieren mantener las riendas de la CCE.
Frente a cuestionamientos como los de Cevallos, y en respuesta a la acción de protección, en marzo pasado, Camilo Restrepo, en calidad de presidente de la sede nacional, emitió un memorando en el que señalaba: “las fuerzas oscuras que operan contra la Casa de Carrión y de la cultura nacional no podrán contra la verdad, honestidad y transparencia de nuestro accionar, como tampoco lastimarán el prestigio institucional que se ha convertido en nuestra reserva espiritual de la Patria...”.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio se sumó a los reclamos de los artistas y gestores, y a finales de junio expresó su desacuerdo sobre la exigencia de la carta, porque, argumentó, “atenta contra la Ley Orgánica de Cultura”.
Por la insatisfacción frente al proceso, y presionada por las exigencias de colectivos de artistas y gestores, la ministra María Elena Machuca convocó a una sesión extraordinaria con la Junta Plenaria, la cual se realizó el 1 de julio pasado. Machuca propuso allí abrir los padrones electorales y permitir la libre participación de los votantes; sin embargo, su planteamiento no fue acogido por la mayoría de directores de los núcleos, que son quienes conforman la Junta.
Al final de esa reunión, Machucha lamentó que “10 votos (en contra) se oponen al derecho de votar de 20.000 personas (inscritas en el RUAC)”.
Hubo polémica, además, cuando en junio varios gestores y artistas reclamaron que en el núcleo de Pichincha la distribución de las juntas receptoras del voto era incompatible con sus direcciones domiciliarias.
Por ejemplo, una persona que vive en el sector de Calderón, al extremo norte de Quito, debía trasladarse al sur de la ciudad para votar en Chimbacalle. En otros casos, el lugar de votación se fijó en Cayambe, cuando el votante reside en el centro histórico, denunciaron gestores culturales que pidieron mantener la reserva de su identidad.
Luis García, director del núcleo de Pichincha, responsabilizó en su momento al Ministerio de Cultura por los registros proporcionados del RUAC.
La Cartera de Estado respondió el 20 de julio, rechazando las acusaciones y solicitó al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social intervenir en el proceso, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes.
Fallo judicial
El evento más reciente de esta cadena de polémicas es el fallo de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Azogues, del 12 de agosto, que acogió una acción de protección planteada por Diego Saquisilí, en representación del gremio de artistas y gestores culturales de la provincia de Cañar.
En el recurso, Saquisilí solicitó dejar sin efecto el requisito de la carta, “al haber privado y restringido injusta y arbitrariamente los derechos de participación política de los artistas y gestores culturales”.
El juez Paúl César Bonete resolvió que no se puede exigir a los afiliados al RUAC la carta de intención de voto, como lo establece el reglamento de la Junta Plenaria. En ese sentido, el 14 de agosto la ministra de Cultura dispuso que se convoque a la Junta, para acatar el dictamen.
El Ministerio de Cultura recordó que el 18 de junio remitió el listado completo de los miembros del RUAC a la sede nacional, así como a los 24 núcleos provinciales y advirtió de la ilegalidad de exigir requisitos que atentan contra el derecho de elegir, como manda la Constitución.
Debido a esto, el Ministerio informó que solicitará la reformulación del cronograma de elecciones, “a fin de integrar al padrón electoral a los miembros del RUAC y garantizar un proceso electoral democrático”.
La noche del 14 de agosto, el presidente subrogante de la CCE, Ramiro Almeida, informó en un comunicado que el calendario electoral “se está ejecutando de acuerdo con lo establecido”. Además, Almeida indicó que, en cumplimiento del dictamen, se solicitó a la ministra de Cultura enviar el listado actualizado de los artistas y gestores culturales afiliados al RUAC “para que ejerciten su derecho al voto” en las elecciones de directores de los núcleos provinciales, que están previstas para el 20 y 21 de agosto.
Veeduría ciudadana encontró nombres de personas fallecidas en el padrón electoral
Los inconvenientes surgidos durante el proceso derivaron en la conformación de una veeduría ciudadana, que está integrada por Jessica Basantes, David García, Ignacio Chóez, Marco Osorio, Ronald Pesantes y Amable Illescas. Ellos tienen la responsabilidad de observar el desarrollo de las elecciones, recopilar información, recibir denuncias y emitir informes al Consejo de Participación Ciudadana.
La cantante Jessica Basantes es la coordinadora de la veeduría. Ella cuenta que se entregó un informe preliminar al Consejo, en el cual se recogen quejas de personas que pese a estar afiliadas al RUAC no han sido consideradas en el padrón electoral.
Otra inconsistencia, dice Basantes, es que se ha detectado que en el padrón electoral constan personas fallecidas, como el periodista francés Bernard Fougères, quien murió el 5 de mayo de 2018. O la escultora guayaquileña Yela Loffredo, fallecida el 16 de mayo de 2020.
“Necesitamos conocer cuáles fueron los criterios que se utilizaron para la conformación, o depuración, del padrón. (Nuestra labor) es documentarnos adecuadamente y llevar al Consejo, que es el órgano que resolverá lo que se deba hacer. Nosotros no estamos en la facultad de detener el proceso, porque no es nuestra competencia, ni tampoco podemos emitir criterios o juicios de valor frente a lo que está pasando en la Casa de la Cultura”, describe Basantes.
Ministra de Cultura afirma que el presupuesto de la cartera para este año es de $ 18 millones
Artistas y gestores piden renovación
La situación con las actuales elecciones es un espejo que proyecta los problemas que arrastra la CCE; además, denota una gestión deficiente del sector cultural, dice Javier Cevallos, de la Fundación Quito Eterno.
“(El reglamento, la conformación de los padrones electores, entre otros aspectos) todo está diseñado para mantener intacto el concepto obsoleto de la Casa de la Cultura. Hay esa idea de que la Casa es una cosa cerrada, como un club privado. Se sigue pensando como una institución y no como un facilitador de los procesos culturales (…) Se crea más burocracia, pero nunca se termina de conectar con la gente que está en el territorio”, relata Cevallos.
El dramaturgo y docente Andros Quintanilla, candidato a dirigir el núcleo de Pichincha, sostiene que la dinámica con la que se ha manejado la CCE tradicionalmente “es bastante clientelar”.
“Soy becario retornado. Nunca te explicas cómo, después de que el Estado invirtió en ti, siempre siguen siendo las mismas personas las que se repiten en esos cargos (de mando en la CCE). Nunca hay la posibilidad de construirnos desde nuevas caras, desde nuevas personas y subjetividades. Es una forma de concebir la CCE como una hacienda a la que tienen acceso ciertas personas”, comenta Quintanilla, enfatizando en que la problemática debería ser una preocupación de la ciudadanía porque la Casa y sus núcleos se manejan con fondos públicos.
En la misma línea, el candidato a la presidencia de la sede nacional Eduardo Puente también cuestiona el proceso electoral y anota que otro de los “grandes males” de la CCE es que la gestión cultural y artística “se ha concentrado mucho en Quito”, mientras que los núcleos no han sido atendidos con la misma importancia. “Fortalecer a los núcleos es una forma de ver diferente a la cultura que se hace en los distintos cantones y provincias”.
Por todo lo expuesto, los tres coinciden en que hay limitaciones, falta de acceso a espacios y una carencia de políticas públicas que promuevan las múltiples formas de hacer y percibir al arte y las culturas en el país.
EL UNIVERSO buscó la versión de Camilo Restrepo, pero hasta el cierre de esta edición no contestó al pedido. Luego le envió un cuestionario de preguntas por correo electrónico, pero tampoco respondió. Por otro lado, Luis García, director de Pichincha, ofreció dar una entrevista en estos días, ya que actualmente se encuentra haciendo campaña para reelegirse en el cargo. (I)