El retorno forzado de migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos se ha intensificado en los últimos días, dejando en evidencia la falta de estrategias para su reinserción en el país, según especialistas.
Durante los últimos días más de 200 ecuatorianos han sido deportados en tres vuelos por la administración de Donald Trump y se estima que hay más de 30.000 en condición irregular que estarían a la espera de ser repatriados.
Según Hipatia Campos, presidenta de la Federación Nacional de Migrantes Retornados del Ecuador, el Gobierno ecuatoriano no ha diseñado políticas claras para atender la creciente ola de deportaciones.
Estas son las ayudas que ofrece el Gobierno de Ecuador a migrantes deportados desde Estados Unidos
“No tienen ni idea de lo que está pasando o no les interesa”, enfatizó Campos, quien cuestionó que en días recientes arribaron al país ecuatorianos en condición de deportados, esposados y tratados “como delincuentes”.
La situación podría agravarse con el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. “Donald Trump ya aplicó estas medidas antes, se espera una deportación masiva de ecuatorianos. Se habla de 31.000 casos registrados oficialmente como solicitantes de asilo, pero el número real de ecuatorianos en Norteamérica supera los dos millones”, advirtió Campos.
El panorama para los migrantes retornados es desolador. Ecuador enfrenta no solo una crisis económica con alto desempleo y subempleo, sino también un incremento en la inseguridad y la extorsión.
“El emprendimiento se ha vuelto insostenible por la delincuencia y los ‘vacunadores’. Entonces, ¿a qué regresan nuestros compatriotas? A engrosar las filas del desempleo y de la pobreza”, afirmó la dirigente.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado un programa de retorno voluntario, Campos cuestionó su efectividad y la falta de financiamiento para iniciativas de apoyo a los retornados. “No hay un fondo destinado a quienes han aportado con $ 5.300 millones en remesas anualmente, superando incluso los ingresos por renta petrolera”, dijo.
Históricamente, los migrantes deportados han recibido un mínimo apoyo al llegar. Campos recordó que en el pasado algunos asambleístas entregaban apenas $ 20 y folletos con información de cooperativas de crédito. “Hoy dicen que dan $ 50, pero ¿qué se puede hacer con esa cantidad? Apenas alcanza para un pasaje”, sostuvo.
El impacto de estas deportaciones no solo afecta a los retornados, sino también a las familias que dependían de sus remesas. Provincias como Azuay, Guayas y Pichincha, principales receptoras de envíos de dinero desde EE. UU., ya sienten la disminución del flujo económico, lo que agrava la crisis local.
Desde la academia, Jéssica Ordóñez, economista y docente de la UTPL, explicó que la actual crisis económica de Ecuador hace que el retorno forzado sea aún más problemático que en procesos anteriores, como el de 2008.
“En ese año hubo un plan de retorno en medio de una economía en auge, lo que permitió que algunos migrantes emprendieran. Hoy la situación es completamente distinta: la economía está estancada, la violencia ha aumentado y los migrantes retornan sin ninguna red de apoyo”, señaló.
Ordóñez también mencionó un informe presentado en 2005 para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sostiene que la posibilidad de reinserción económica de los migrantes depende en gran medida de la actividad que desempeñaron en el extranjero y antes de emigrar.
“Los que realizaron un retorno voluntario tienen una probabilidad de emprender del 22 % y de ser empleados del 15 %. Si trabajaron en agricultura y hotelería en el país donde residían, tienen una mayor probabilidad de emprender aquí. Pero si antes de emigrar trabajaban en administración pública o eran asalariados, su probabilidad de emprender es menor y posiblemente tiendan a ser más asalariados en Ecuador”, explicó.
Ante este escenario, consideró fundamental que el Estado implemente planes de capacitación y reinserción para estos ciudadanos.
A pesar de la existencia de la Ley de Movilidad Humana, que establece derechos y obligaciones para los retornados, su aplicación es limitada. Según Campos, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tienen la responsabilidad de fomentar emprendimientos para migrantes retornados, pero hasta el momento no han implementado ninguna política efectiva.
“Hemos enviado oficios a la Presidencia, a Cancillería y al Ministerio del Trabajo, pero no hemos recibido respuesta”, afirmó Campos, quien considera que el abandono institucional podría derivar en un incremento de la delincuencia debido a la falta de oportunidades.
En un contexto donde el desempleo y la inseguridad afectan a toda la población, la situación de los migrantes deportados se torna aún más crítica. Sin un plan de reinserción laboral y social, Ecuador se enfrenta a una crisis silenciosa, según los expertos, que podría tener graves repercusiones en el futuro. (I)