El Gobierno de Daniel Noboa ha reconocido que en algunas provincias del país el nivel de las hostilidades ha escalado y esto está causando en la población alarma y temor de poder realizar sus actividades.
Parte de ese diagnóstico se recoge en informes que se consideran en el decreto ejecutivo que ha sido emitido este jueves, 3 de octubre, para declarar un nuevo estado de excepción en seis provincias y un toque de queda en 20 localidades de Ecuador.
Publicidad
Declaran estado de excepción en seis provincias y toque de queda en 20 localidades de Ecuador
Los informes institucionales que han sustentado este decreto reconocen una escalada de niveles de violencia en diferentes actos reprochables, como reclutar a menores de edad dentro de estas organizaciones, la existencia de víctimas de niños, niñas y adolescentes, el hallazgo de cuerpos o partes mutiladas en sectores de ciertas ciudades, la incautación de distinto tipo de armamento, el asesinato de funcionarios públicos o atentados con aparatos explosivos en lugares de mayor afluencia de personas, como supermercados.
Un informe de la Policía Nacional del Ecuador resalta que, entre el 8 de enero y el 15 de septiembre de 2024, se ha registrado la detención de un número preocupante de menores de entre 12 y 17 años, lo que evidencia la creciente participación de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas.
Publicidad
El 63 % de estas detenciones se concentran en las provincias de Guayas (27 %), Pichincha (14 %), El Oro (8 %), Los Ríos (7 %) y Manabí (7 %), regiones clave para la actividad de grupos de delincuencia organizada.
¿Qué derechos se restringen en las provincias con estado de excepción?
“Estos grupos criminales están reclutando a jóvenes para realizar una variedad de actos ilícitos, destacándose el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, la tenencia y porte de armas, y el robo a personas. Las cifras son alarmantes. De las detenciones a menores, 281 corresponden a tráfico de drogas, 233 a posesión de armas y 230 a robo, lo que revela una tendencia clara en el uso de menores para tareas altamente peligrosas y con graves consecuencias legales”, se sostiene.
Los homicidios también inquietan. “Los eventos múltiples de homicidios son particularmente preocupantes”, se expone en el decreto. Desde enero de 2024 se han documentado 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de hasta diez víctimas en un solo ataque.
“Esto no solo evidencia la brutalidad de los actos, sino también una estrategia operativa que busca causar un impacto psicológico en la sociedad y en las fuerzas del orden. Las cifras indican que los grupos criminales están actuando con un nivel de organización y letalidad alarmante y muestran una tendencia a maximizar el número de víctimas en cada evento violento”, se refiere en los informes policiales incluidos para justificar el decreto.
Además se registran 109 víctimas colaterales o indirectas durante el mismo periodo.
Un informe de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, que muestra datos sobre el número de notas que recogieron los medios sobre actos violentos, describe que en medios internacionales se detallan diez noticias que se centran en el asesinato de la directora del Centro de Privación de Libertad Guayas n.º 1 y un ataque armado registrado en Quito.
“Por tanto denota que la violencia suscitada en el país ha logrado conmocionar a escala internacional”, expone el decreto.
También dentro del decreto se contempla que los grupos armados organizados que intervienen en el conflicto armado interno han alcanzado una intensidad de violencia que perturba el orden público de forma crítica (alarma social).
Esto, según el Gobierno, “afecta el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas de la ciudadanía y por ende a sus derechos constitucionales, a pesar de que estas amenazas están contenidas y siendo enfrentadas con operaciones militares de ámbito interno con un enfoque interagencial, conforme al abrigo que permite la norma constitucional y legal para la intervención en estos contextos de las Fuerzas Armadas”.
Desde el Gobierno se reconoce que, si bien existe una contención por las acciones desplegadas, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos, los grupos delictivos han formado nuevas alianzas, muchos grupos delictivos mantienen sus capacidades y representan una amenaza y el cometimiento de ciertos delitos graves ha aumentado del conflicto armado interno en desarrollo. (I)