Las denuncias de presuntas irregularidades dentro de la Universidad Agraria del Ecuador, ubicada en el sur de Guayaquil, causaron que el Consejo Universitario de la institución se mantenga en sesión permanente.

Este lunes, 14 de abril, docentes y personal administrativo alertaron de anomalías en la universidad. Por ejemplo, citaron que personas ajenas a la institución “han ingresado y han dictado disposiciones con carácter coercitivo” a docentes, servidores y trabajadores en general.

Entre ellas se encontraría el caso de un asesor de la actual rectora que no constaría como empleado público. También que se han firmado contratos sin sustento.

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Ese día, personal de concentró en el edificio de rectorado y solicitó la renuncia de la actual rectora.

Este miércoles, 16 de abril, el Consejo Universitario de la Universidad Agraria del Ecuador pidió al Gobierno la intervención inmediata a través del Consejo de Educación Superior (CES).

También que se ejecuten acciones por parte del Ministerio del Trabajo para finalizar con la paralización unilateral en la que se encuentra actualmente la institución.

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Según docentes, esta pugna que se registra en la universidad afecta también al desarrollo de las actividades. Por ejemplo, el inicio de clases se prevé que se aplace al 28 de abril y sea en modalidad virtual.

Inicialmente, las clases constaban en el cronograma para el próximo 21 de abril.

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Kléber Calle, representante de los docentes en el consejo, dijo que es necesaria la intervención para actuar conforme a la ley. “Esta es una institución educativa de paz, la ley nos faculta al Consejo Universitario a autoconvocarnos ceñidos al reglamento codificado, ya que gozamos de autonomía con base en la ley y la constitución”, señaló.

El decano Álex Ibarra manifestó que el pedido de renuncia de la rectora también radica en la falta de atención a la infraestructura de la universidad, que mantiene obras paralizadas, al igual que el mal estado de ciertos espacios en las diferentes facultades.

En varios puntos de la institución se observan cintas de peligro por trabajos inconclusos, también humedad en paredes.

El vicerrector Javier del Cioppo detalló que todas estas acciones que se están solicitando al Gobierno se dan luego que se ha detectado a personas ajenas a la universidad “arrogándose funciones que evidentemente son de las autoridades académicas, decanos de las facultades”.

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Esto, aproximadamente, desde diciembre de 2024. “Estas medidas (el Consejo Universitario) se toman para precautelar el bien de los estudiantes, el bien de los trabajadores, el bien de los empleados y el bien de los docentes. Se ha dicho mucho de que anteriormente quisieron hacer un ingreso y están contratando una guardia armada para la institución. Nos hemos declarado como un centro de paz y fuera de armas”, indicó.

Del Cioppo reiteró que la intervención es la vía en la que podrían generar consensos para el bienestar estudiantil.

El Consejo Universitario de la institución se mantiene en sesión permanente durante esta semana.

Glenn Franco, estudiante de la carrera de Agronomía y representante de los más de 5.000 alumnos en las diferentes facultades, recalcó que se requieren acciones urgentes para brindar tranquilidad a la comunidad. (I)