El Ministerio de Energía y Minas informó que un proceso de consulta previa libre e informada del proyecto minero Loma Larga, en la provincia del Azuay, fue interrumpido, la mañana del sábado 11 de enero, por “actores políticos con intereses contrarios”. Según la cartera de Estado, con este proceso se daba cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Provincial del Azuay. El encuentro era coordinado por instituciones del Estado y bajo la asistencia técnica permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevó a cabo talleres y mesas de diálogo e implementó centros de información dentro del proceso de consulta.
Esta asamblea tenía previsto realizarse en la comunidad Escaleras, parroquias Tarqui y Victoria del Portete, en el cantón Cuenca. Según el ministerio, “atentaron frente al espíritu de diálogo constructivo y transparente que caracteriza este mecanismo, en el que participaban funcionarios públicos y pobladores que asistieron voluntariamente”.
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Esta sentencia, así como otras medidas de reparación dispuestas por la Corte deben ser cumplidas para que el proyecto Loma Larga (antes Quimsacocha), que está a cargo de la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM), pueda continuar con sus actividades que fueron paralizadas por el fallo del Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que dispuso, el 28 de agosto del 2023, que se debía realizar una consulta previa, libre e informada en esa comunidad por el proyecto minero Loma Larga. Esto, tras aceptar parcialmente una acción de protección que fue presentada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, la Junta Administradora de Agua Potable de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, la comunidad Escaleras y el directorio de Aguas de la Sociedad de Riego de San Gerardo, en contra del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
En la decisión el tribunal concluyó que la cartera de Estado “no observó el contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución”, además que “vulneró los derechos constitucionales previstos en los artículos 411 y 412″, por lo que se “debe realizar la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de la emisión de la licencia ambiental para la siguiente fase del proyecto”.
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El artículo 398 refiere: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta”.
Además, que “si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”.
Además, el tribunal ordenó como medidas de reparación que el ministerio debe presentar dos informes: uno completo del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha y otro que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua.
En tanto, el Ministerio de Energía y Minas condenó lo sucedido a lo que calificó como “actos de violencia” y aseguró que reafirma su intención de cumplir con las obligaciones judiciales y garantizar los derechos constitucionales de las comunidades a ser consultadas.
“Gobierno y minera no respetan expresión mayoritaria de la consulta popular de Girón y Cuenca”
Mientras, en un video que circula en redes sociales, en el que se observa al exprefecto del Azuay Yaku Pérez y actual candidato a asambleísta nacional, los grupos contrarios a esta consulta previa aseguraron que quienes se hicieron presentes para cuestionar la legitimidad del evento fueron habitantes de la comunidad Victoria del Portete, quienes recalcaron que la asamblea debía realizarse en San Pedro de Escaleras. Los habitantes indicaron que el evento se iba a realizar en un lugar distinto y con un grupo selecto, lo que generó sospechas sobre la transparencia de esta asamblea.
En su cuenta de X, antes Twitter, Pérez indicó que “el Gobierno de Ecuador y la minera canadiense DPM no respetan la expresión mayoritaria de la consulta popular de Girón y Cuenca, y con más de un centenar de policías y militares simula una consulta previa fraudulenta a treinta personas asalariadas a la minera y ajenas a la comunidad, sin respetar la soberanía popular”.
El exprefecto del Azuay exigió al presidente de la República, Daniel Noboa, y a la ministra de Energía y Minas, y del Ambiente, Inés Manzano, cumplir el artículo 106 de la Constitución, y la salida inmediata de los militares de las comunidades de Victoria de Portete y Tarqui. (I)