La Procuraduría General del Estado, mediante oficio de 28 de enero de 2022 dirigido al ingeniero Ítalo Cedeño, gerente general de EP Petroecuador, instó a ejercer, de manera inmediata, la acción de repetición respecto del pago que realizó el Estado ecuatoriano en favor de la empresa Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company C. República del Ecuador (OXY).
De lo que se conoce, esta acción debería darse en contra de las autoridades que realizaron en 2006 la declaratoria de caducidad del contrato de participación, que mantenía la empresa Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company C. República del Ecuador (OXY) para la exploración y explotación del bloque 15 en la región amazónica.
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La Procuraduría al ser consultada sobre cuáles son los nombres de estas personas dijo que la entidad que debe entregar esta información es EP Petroecuador.
De acuerdo con la Procuraduría, mediante oficio n.º 15506 del 6 de septiembre de 2021 (hace casi cinco meses), solicitó a EP Petroecuador que remita la información relacionada con el pago por concepto de reparación a favor de la compañía Occidental Petroleum Corporation, dispuesta en el laudo arbitral. Dicha información no se ha recibido hasta la fecha.
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La PGE mencionó en dicho oficio que “en caso de que esa entidad del Estado no ejecute la acción de repetición, en ejercicio de las competencias previstas en la Constitución de la República y la Ley, le corresponderá al procurador general del Estado incoarla (iniciar un proceso) en contra de quienes incumplieron con esa obligación”.
En 2006, OXY inició un arbitraje de inversiones en contra del Ecuador con fundamento en la declaratoria de caducidad del contrato de participación que mantenía para la exploración y explotación del bloque 15 en la región amazónica. El Comité del Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi) en el año 2015 dictó su laudo por $ 1.061 millones en favor de la petrolera. El 7 de enero de 2016, en la presidencia de Rafael Correa, la República del Ecuador y OXY suscribieron un acuerdo de pago que incluyó nueve cuotas que fueron canceladas entre febrero y junio de 2016.
De acuerdo con información de la época, fue el ministro de Energía Iván Rodríguez quien aprobó la caducidad, luego de haber recibido un pedido en este sentido por parte del entonces presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli. En ese tiempo también había tenido visibilidad el entonces candidato a la presidencia Rafael Correa, que adquirió protagonismo al encabezar como candidato presidencial el pedido de que se produjera la caducidad. Ya como presidente decidió no nombrar al árbitro por parte de Ecuador, que debía participar en el tribunal del Ciadi.
En su comunicado a Petroecuador, la Procuraduría solicitó informar sobre el estado de ese proceso y, en adelante, comunicar periódicamente los avances de ese trámite. Además, informó que “en caso de que esa entidad del Estado no ejecute la acción de repetición, en ejercicio de las competencias previstas en la Constitución de la República y la Ley, le corresponderá al procurador general del Estado iniciarla en contra de quienes incumplieron con esa obligación”.
Sobre el tema, Petroecuador dijo que su departamento jurídico aún está en análisis del pronunciamiento de la Procuraduría. (I)