Pólizas que aseguran bienes de Petroecuador por $ 10.533 millones ya fueron firmadas

Las pólizas de seguros de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima ya fueron firmadas entre Petroecuador y la aseguradora La Unión. Esto, tras un polémico proceso de adjudicación, atravesado por reclamos dentro del propio concurso, denuncias de irregularidades e incluso una guerra de acciones de protección. Con la firma quedan cubiertos los activos de la mayor empresa del país, que según el concurso tiene activos asegurables por $ 10.533,1 millones.

De estos, el área de exploración y producción, es decir, el tema de campos, sería el mayor activo de la empresa, pues su valor asegurable es de $ 3.912 millones. Le siguen las tres refinerías (Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad), cuyo valor asegurable es $ 2.398 millones. En tercer lugar están las estaciones de bombeo, almacenamiento y terminales, cuyo valor es de $ 1.622,7 millones.

Dentro de los bienes por asegurar están también los activos flotantes ($ 908,1 millones), oleoductos y poliductos ($ 822,9 millones) y las existencias en bodegas ($ 202,9 millones).

El proceso de adjudicación, que tenía un precio referencial de $ 99,1 millones, no estuvo libre de reclamos. Y de acuerdo a la documentación incluida en el proceso de Compras Públicas, la empresa La Unión fue la única oferente, con un valor de contrato por $ 98,6 millones. Sin embargo, Hispana de Seguros, que era la empresa que había ganado el anterior contrato, había reclamado que no se habían cumplido los plazos de convocatoria y que, según explicaba, no se había procedido a una valoración técnica. No existía explicación de por qué los activos eran antes de $ 5.000 millones y ahora habían subido a $ 10.000 millones y, por consiguiente, también el valor de las pólizas (de $ 54 millones a $ 99 millones).

El problema trascendió hasta la justicia ordinaria, en la cual el polémico juez Jhon Rodríguez, de Yaguachi, ordenó detener el concurso con base en un supuesto pedido de la ciudadana Noris Gómez. Sin embargo, ahora se conoce que la ciudadana Gómez ha interpuesto una demanda por falsificación indicando que ella no ha realizado dicho pedido. Por otro lado, el juez Edulterio Aguilar, de Balsas, en cambio, emitió una acción de protección para que se continúe con el proceso. Este fue rechazado por el juez de Yaguachi.

Sobre el tema de si el proceso de seguros ya está en firme, Luis Calero, analista petrolero, explica que “nada está seguro ni nada está blindado”, y comenta que existen dos elementos que abonan a esta inseguridad: tanto la actuación poco ética de las aseguradoras como la utilización de la justicia, que está a disposición de cualquier tipo de actos indebidos. Para Calero, lo único que cabe de momento es reorganizar y rediseñar los sistemas de contratación pública del país.

Adicionalmente, dijo que es necesario examinar qué ha estado pasando con los aseguramientos en las empresas públicas, cómo han funcionado los reaseguros y si estos cubren efectivamente los siniestros. En este sentido dijo que todo depende, por ejemplo, del deducible: si este es demasiado alto, quedan muchos bienes o riesgos sin cobertura.

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el problema de seguros de Petroecuador, a más del problema legal y jurídico, así como de los cuestionamientos, es que la empresa no tiene balances auditados. Esto representa un punto grave para cualquier empresa que quiera realizar el aseguramiento, pues no se sabe cuánto valen los activos de manera técnica. Esto perjudica a la empresa, pues si los activos están sobrevalorados debe pagar más por la prima, pero si están por debajo y tienen siniestros recibirán menos de lo que requiere para una compensación. Recuerda que la necesidad de tener una valoración adecuada constaba en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y consideró que probablemente no se lo va a cumplir en este gobierno.

¿Pero qué eventos de riesgo cubre y cuáles no cubre este tipo de pólizas?

De acuerdo con la documentación de los contratos de seguros, el objetivo principal de estos es mantener debidamente asegurados los activos de la empresa, que permita la reposición y/o reemplazo de bienes que se afecten en caso de un siniestro, así como terceros que pudieren ser afectados.

Y dentro de ello, la póliza Todo Riesgo Petrolero (TRP) incluye las coberturas de incendio y líneas aliadas, rotura de maquinaria, sabotaje y terrorismo, conforme a la descripción de coberturas y límites asegurados especificados en estos pliegos.

En cambio, en la póliza de Responsabilidad Civil (RC) Marítima y no Marítima la cobertura se da “conforme a la descripción de coberturas y límites asegurados, especificados en el pliego”.

Pero, además, la póliza excluye varios riesgos. No cubrirá pérdidas o daños por:

• Materiales nucleares.
• Emisión de radiaciones ionizantes.
• Daños o pérdidas por desgaste paulatino o por deterioro natural.
• Ensayos o experimentos que no sean acordes con la actividad hidrocarburífera.
• Operar la maquinaria bajo condiciones anormales.
• Guerra civil o internacional.
• Fermentación o vicio propio.
• Contaminación ambiental.
• Dolo de representantes legales del asegurado.
• Actos deshonestos.
• Hundimientos, desplazamientos, agrietamientos.
• Lucro cesante.

Para daños a oleoductos, se ha puesto un sublímite de $ 20 millones; para otros riesgos de la naturaleza: $ 20 millones. En oleoductos, poliductos también $ 20 millones. Para sabotaje y terrorismo también hay una cobertura de $ 20 millones. Estos ítems resultan interesantes si se considera que en años anteriores no había cobertura para los problemas ocurridos, por ejemplo, por la erosión regresiva. De lo que se lee, en el tema de sabotaje y terrorismo, podría también estar cubierto el tema de tomas o cierres obligados de pozos, que ya ocurrió por parte de organizaciones indígenas violentas.